La independencia a plazos

Parece que en este siglo tan “civilizado”, en el que nos despedazamos anímicamente, pero sin enfrentamientos abiertos, las independencias de los nuevos Estados ya no se consiguen con sangrientas guerras o revoluciones, sino, poco a poco, en una especie de divorcio a plazos.

En España, las dos Comunidades gobernadas por partidos independentistas -Cataluña y País Vasco- han dado pasos gigantes hacia la independencia de facto en estos años de democracia.

Cataluña tiene prácticamente todas las competencias de un Estado independiente, salvo las muy relevantes del poder judicial, la recaudación de los principales tributos, la caja de la Seguridad Social y la defensa. El País Vasco tiene además la recaudación de los impuestos, dado que disfruta de un régimen fiscal especial (al igual que Navarra), y ahora reclama la competencia sobre prisiones y sobre la Seguridad Social, en lo que supondría la ruptura de la caja única, hasta ahora considerada intocable.

Además, en muchas materias, todas las Comunidades Autónomas deben respetar las normas que el Estado dicte al amparo del listado de las 32 competencias que el artículo 149.1 de la Constitución le reserva.

A pesar de la falta de claridad de la Constitución al distribuir las competencias, el Tribunal Constitucional (TC) lleva desde su creación, en 1981, haciendo un enorme esfuerzo por delimitar con cierta precisión los ámbitos de poder. Y lo cierto es que después de casi 40 años de jurisprudencia constitucional, las competencias van teniendo límites definidos.

Sin embargo, un mecanismo relativamente sencillo para ampliar el ámbito de competencias autonómico es dictar leyes y normas que invadan el espacio reservado al Estado. Esto lo han hecho todas las Comunidades (y a veces también el Estado), pero sobre todo lo han hecho las regiones gobernadas por partidos nacionalistas. No obstante, hasta hace poco, el conflicto se producía porque una de las partes había interpretado erróneamente el régimen de competencias y el TC corregía el error. Pero, desde 2015, Cataluña se ha echado al monte y dicta, una tras otra, leyes a sabiendas de su total inconstitucionalidad. Y así lo ha advertido expresamente el TC.

La forma más eficaz de luchar contra leyes y normas inconstitucionales es que sea el Gobierno de la Nación el que las impugne ante el Tribunal Constitucional. Es verdad que también están legitimados para recurrirlas ante ese Tribunal 50 diputados, 50 senadores, el Defensor del Pueblo u otras Comunidades Autónomas. También pueden acudir al TC contra una ley inconstitucional los jueces y tribunales que tengan que aplicarla, planteando la cuestión de inconstitucionalidad.

Pero sólo el Gobierno de la Nación tiene el nada desdeñable privilegio de poder pedir la suspensión de la eficacia de la norma autonómica supuestamente inconstitucional. Esta solicitud produce la automática suspensión de la norma, debiendo el TC pronunciarse en un plazo no superior a 5 meses sobre si la mantiene.

En el resto de los casos, la impugnación o el cuestionamiento de la norma autonómica ante el Tribunal Constitucional no suspende su eficacia y, por tanto, una norma claramente inconstitucional puede seguir aplicándose hasta que el Tribunal dicte sentencia.

Tomando en consideración los tiempos del Tribunal Constitucional, si la norma autonómica no se suspende, puede estar años vigente hasta que recaiga sentencia. Y, al ritmo que van los acontecimientos, en esos años pueden haber pasado bastantes cosas. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo todavía en 2020 sigue pendiente de resolución. Es verdad que últimamente el Tribunal Constitucional está resolviendo con más celeridad y así el recurso de inconstitucionalidad del Grupo Parlamentario Popular contra el Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler se ha resuelto en menos de un año.

En cualquier caso, el principal remedio para atajar las normas autonómicas inconstitucionales, es la impugnación por parte del Gobierno, ya que este tiene en cada Ministerio departamentos encargados de vigilar la regulación que puedan afectar a sus competencias, cuenta con la abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional especializada en estas impugnaciones y ostenta el mencionado privilegio de obtener la suspensión de la ejecución de la norma autonómica.

Pero como es evidente, con un Gobierno como el que tenemos ¿realmente creemos que va recurrir alguna norma procedente de Cataluña o el País Vasco, cuando depende de los diputados de esas regiones? Es verdad que siempre que ha habido un Gobierno en minoría ha ocurrido algo así: el primer gobierno de Aznar, que dependía de los nacionalistas catalanes, dejó pasar la inconstitucional ley de normalización lingüística. El gobierno en minoría de Zapatero desistió del recurso de inconstitucionalidad planteado contra el llamado código civil catalán, manifiestamente inconstitucional. Y ahí siguen. Esperando a que algún juez las cuestione ante el TC.

Sin embargo, siendo esto cierto, lo que hay en juego en estos momentos son los últimos plazos de la independencia y, o ponemos pie en pared o no tardará en llegar.

Aunque hasta ahora no ha ocurrido, imaginemos que el Gobierno deja de impugnar las normas y actuaciones de la Generalitat premeditadamente inconstitucionales y estas van subsistiendo sin pronunciamiento del TC… ¿Cuánto tardaríamos en ver la independencia de Cataluña?

Además, se puede estar preparando una preocupante reforma del poder judicial, en la que, sin cambio en la Constitución, todos los asuntos terminen en el Tribunal Superior de Justicia de la respectiva Comunidad, quedando el Tribunal Supremo cada vez más vacío de funciones.

Si a esto sumamos una posible reforma de la financiación autonómica que se negocie bilateralmente con Cataluña y en la que esta consiga un régimen parecido al del País Vasco, me da la sensación de que la independencia ya se habría conseguido de hecho.

Si al mismo tiempo tenemos un Presidente dispuesto a cambiar el Código Penal, a la carta de los condenados en firme… lo siento, pero apaga y vámonos.