La justicia no sólo tiene una gran importancia como poder, sino también como servicio público. En una economía como la nuestra, post industrial y de servicios, es mucho más importante la velocidad con la que se tramita y resuelve un litigio que lo que podamos tardar en desplazarnos de Madrid a Sevilla.
Todos hemos tenido una experiencia judicial con la que hemos quedado defraudados. Más allá de que nos hayan dado o no la razón, en general, el gran mal que se puede reprochar a la justicia es que está absolutamente atascada. Este mal contamina todo lo demás: un juez que va a salto de mata difícilmente puede estudiar los asuntos con el detenimiento que merecen y el resultado normalmente será lento y malo. Desde la primera hasta la última instancia, en España podemos estar fácilmente 10 años con un juicio, con el coste emocional y económico que eso supone. Para que, además, finalmente no se obtenga una resolución que convenza.
Lo primero que tenemos que aprender es que los conflictos se pueden solucionar sin acudir a un juzgado. Y no me refiero a resolverlos a tortas, sino como solucionan sus problemas las gentes civilizadas: llegando a acuerdos. Los sucesivos ministros de justicia han puesto interés en la mediación como forma de que se evite el juicio y de que las gentes hablen, aunque sea delante de un tercero. Tengo la sensación de que no está funcionando. Mientras no seamos capaces de solucionar el problema de la judicialización de cualquier conflicto (los juzgados están abarrotados de asuntos que antes se resolvían en la esfera privada), tendremos un problema de falta de medios. Sin negar la necesidad de una mejor gestión de los recursos disponibles y de alguna reforma procesal.
En cuanto a los medios, una justicia bien gestionada podría estar perfectamente dotada y dar un buen servicio. Para eso, creo en la tasa judicial, que desde 2003 pagan las empresas de un cierto volumen por determinados trámites judiciales y que funciona como ingreso para financiar la justicia.
Las empresas se están gastando un dineral en arbitrajes privados, en los que en una especie de juicio simplificado actúan como “jueces” uno o varios abogados, que cobran grandes cantidades. ¿Por qué las empresas prefieren solucionar sus conflictos en caros arbitrajes? Sencillo, porque saben exactamente el tiempo que va a durar el litigio, transcurrido el cual tienen un laudo (así se llama a la decisión del árbitro), que no es recurrible salvo por causas muy excepcionales y que se ejecuta como una sentencia judicial.
Una justicia que funcionase bien podría ofrecer lo mismo con un menor coste. Una vez que el Tribunal Constitucional ha avalado la constitucionalidad de las tasas ¿por qué no se hace un estudio de las necesidades de financiación y se fijan tasas que permitan cubrirlas? Seguramente habrá que elevar las cuantías para empresas e incluir también a personas físicas con una tarifa progresiva en función de las rentas. Una tasa bien concebida tiene el efecto saludable de que permite visualizar que ningún servicio es gratis y que la justicia obtenga los medios necesarios para funcionar eficazmente.
La mejora en la gestión de los recursos disponibles requiere distinguir dos planos: el juez y la oficina judicial de la que aquél depende para poder hacer bien su trabajo. Las numerosas reformas de la oficina judicial que se han emprendido han fracasado y, en general, sigue siendo un verdadero lastre para el buen funcionamiento de un juzgado. Es necesaria una revisión completa de la oficina orientada a cosas tan evidentes como premiar al eficiente, facilitar la expulsión de quienes no hagan su trabajo y favorecer la movilidad. Nada desmotiva más a la gente seria que el que lo traten igual que al vago o al incompetente. Para evitarlo debe premiarse al buen funcionario, haciendo depender una buena parte del sueldo de su productividad. El juez, con apoyo del secretario judicial, deben evaluar a los funcionarios de la oficina y la evaluación repercutir en buena parte de su sueldo.
Además, si hacemos un planteamiento serio, resulta evidente que en el juzgado los únicos que ejercen autoridad son el juez y quizás el secretario judicial. Son los únicos para los que encuentro justificada la inamovilidad, como privilegio que garantiza su independencia frente al poder. Para el resto del personal del juzgado no hay ninguna razón para defenderla. En España se entiende que la inamovilidad es una compensación por los bajos sueldos. Quizás sea hora de revisarlo: mejores sueldos, funcionarios motivados, pero el que no haga su trabajo a la calle. Por supuesto no propongo un despido libre que permita al juez quitar a quien no le cae bien y colocar a sus afines, pero hay un término medio entre el despido libre y la inamovilidad absoluta. Por ejemplo, que tras evaluaciones negativas reiteradas, un colegio de varios jueces de la zona o el tribunal superior pueda decidir la suspensión del funcionario y eventualmente su cese.
En cuanto al juez la cosa es más complicada. Creo que debe estar pagado de acuerdo con su responsabilidad, que es máxima. En este mundo, si queremos que las élites deseen ser jueces tienen estar bien pagados. ¿Tiene algún sentido que un notario o un registrador cobre seis veces más que un juez (o que un médico, un profesor o un científico)? Nuevamente, hay que buscar mecanismos para evitar que ser un buen o un mal juez resulte indiferente en la promoción y en el sueldo. Sin embargo, es difícil encontrar un modelo que mida la productividad de los jueces sin tener graves efectos secundarios. De los menos malos quizá sea el de valorar el número de resoluciones definitivamente confirmadas por el órgano superior. Es objetivo y tiene la virtud de aumentar la seguridad jurídica, fomentando que el juez siga el criterio uniforme fijado por el tribunal superior. Un Consejo General del Poder Judicial renovado en el sentido que propuse en otro post debe llevar a cabo una verdadera evaluación del trabajo de los jueces que, en los casos extremos, pueda acordar suspensiones y despidos cuando estén plenamente justificados.
El sistema de selección de jueces no es bueno. Alguien que memoriza y canta bien un gran número de temas no tiene porqué ser un buen juez. Es más puede ser muy malo. Para ser un buen juez hay que saber derecho, sí, pero también hay que saber razonar y tratar a la gente, es decir, hay que tener algo que solemos despreciar por parecernos inmedible: la sensibilidad. En los procedimientos selectivos suelen descartarse estos valores difícilmente cuantificables, ya que invitan al enchufismo. Sin embargo, no es descabellado pensar en escuelas de jueces donde se estudie mucho derecho pero no sólo eso. Donde se aprenda psicología o filosofía. Y claro, se pasen exámenes en los que la evaluación la hagan tribunales ajenos a las escuelas, de forma que realmente se seleccionen a los mejores para ejercer de jueces.
Para terminar, también son necesarias reformas procesales. En España hay una complejidad de procesos, con infinidad de procedimientos especiales y especialidades procesales, que vuelve loco a cualquier abogado. Como para que lo entienda un ciudadano de a pie. El Consejo debería hacer una verdadera auditoría de procedimientos (y si no está capacitado encargarlo a terceros) que desemboque en una simplificación de trámites. No son necesarios ni tantos procedimientos, ni tantos recursos, ni tantos trámites para garantizar la tutela judicial efectiva y la igualdad de armas en el proceso, que es al final por lo único que debe velar el proceso. Sólo exceptuaría al proceso penal que sí necesita de cauces especiales por la intensidad del poder que se está ejerciendo.
En fin, la justicia como servicio padece de muchos de los males de la administración en general, pero su tratamiento se dificulta porque en la justicia late la tensión entre su dimensión de poder independiente y la de servicio público. Cualquier reforma que se aborde tiene que buscar el equilibrio. Como el de la balanza imposible que sostiene la diosa Temis con la venda en los ojos y que representa a la justicia.
De acuerdo con el enfoque claro, agudo y multidisciplinar del autor para la reforma de la «Justicia», empezando por recordar lo más esencial que suele pasar inadvertido: Un servicio público.
Resulta abrumador el número de asuntos judicializados pues no todo conflicto planteado precisa de una solución jurídica. Me refiero, por ejemplo, en sede penal, a denuncias por impago de créditos que no son delito y se remite a la vía civil; a situaciones familiares con problemas de convivencia porque alguno padece problemas psiquiátricos o algún tipo de adicción, o inadaptados. Denuncian y se archiva; mientras tanto, detenciones, declaraciones y un empleo inútil de medios (funcionarios de policía, del Juzgado, forenses, traslados al Fiscal, etc) y de tiempo, en definitiva, que no se dedica a otros cometidos propiamente jurídicos, y que precisan de una actuación más diligente.
Cierto es que se está potenciando otros medios alternativos de solución de conflictos en asuntos mercantiles y/o civiles, como la mediación y el arbitraje. Este último resulta más demandado por las empresas con interes económicos de elevada cuantía o trascendencia por esa rapidez en su solución, sobre todo multinacionales, sí, pero también porque quizá a alguna de las partes no le convenga que se conozca públicamente la resolución en lo que le pueda resultar desfavorable, como se publican las sentencias, si puede tener efectos en otros asuntos similares con terceros. Pero también hay que señalar que es un coste mucho más elevado y que los árbitros no son cualquiera, pertenecen a otra «élite» a la que no es fácil acceder, ni tampoco garantiza la imparcialidad, como bien saben las compañías de seguros tras haberse impugnado algún laudo de notable trascendencia por haber sido el árbitro letrado defensor o asesor jurídico de alguna de las partes. No es lo habitual pero también sucede, conste.
La mediación se está potenciado actualmente por la reciente Ley puesto que hasta ahora resultaba parca en su regulación específica (laboral, familiar). Sin embargo, nos costará confiar en un tercero que no sea siquiera abogado, puesto que podrá ser mediador cualquier persona natural que tenga título universitario o profesional superior, siempre que realice unos cursos que le cualifiquen a tal fin. Y el abogado, recelará muchísimo de ofrecer esa posibilidad a sus clientes vislumbrando tal medio como una pérdida de competencia profesional -y de ingresos- ya que, si sale bien, el cliente puede prescindir de él para ahorrarse un dinero, y hemos de reconocer, que el abogado, en la mayoría de los casos, desgraciadamente, antepone su propio interés al de su cliente, máxime en estos tiempos tan difíciles económicamente.
Por otro lado, y como autocrítica de la profesión, gran parte de la litigiosidad proviene del abogado/a que, en aras de asegurarse el cobro de unos honorarios devengados judicialmente, plantea las demandas sin intentar la solución extraprocesal negociada, o lo hace en términos tan imposibles para la otra parte que no queda otro remedio. Por otro lado, ha de cambiar la mentalidad del justiciable de que negociar una solución es tan válido y eficáz como una demanda judicial necesaria, pero no valorándola como «es preferible un al acuerdo que un buen pleito».
Completamente de acuerdo en la nota de «inamovilidad» de muchos funcionarios, que llevan el concepto «plaza en propiedad» hasta las últimas consecuencias, y el que no es trabajador ni responsable, contamina el resto del Juzgado. Considero totalmente loable esta propuesta, y espero y deseo que empiecen a ser conscientes los propios inspectores tanto del Ministerio, o Comunidad Autónoma como del propio Consejo General del Poder Judicial.
El actual presidente del Consejo General de la Abogacía, antes de serlo, expuso públicamente que a los jueces (y extiendo yo a la Fiscalía, Secretarios judiciales, Forenses) se les tendría que aplicar unas pruebas de aptitud psicológica puesto que muchos, aunque hayan superado unas pruebas de memoria, carecen de base para gestionar intereses ajenos, fundamentalmente, de personas; o bien, se les sube tanto la autoridad a la cabeza que las motivaciones de sus decisiones son más que discrecionales. Algunas -cada vez más- son causa de expediente disciplinario que, en más ocasiones de las conocidas, terminan en expulsión de la carrera.
Por contra, comparto el criterio de premiar la productividad real de los Jueces en términos de calidad así como la de los funcionarios, pues no poco retraso en la tramitación procesal se debe a errores subsanables, que dilatan aún más la consabida y esperada lentitud.
No pretendía haberme extendido tanto en el comentario…
Victoria Santander
Los artículos de Salama sobre la Justicia tienen, desde luego, interés. Es muy complejo hablar de Independencia cuando los Tres Poderes tienen como fin el buen funcionamiento de la Democracia. El significado final de esta División es el mecanismo para mantener el Sistema. Esto quiere decir una vigilancia. Ese es el Espíritu de la División de los Poderes.
Montesquieu señalaba la importancia de la División para evitar que el Ejecutivo incumpliera la Ley promulgada por el Legislativo y que el Judicial interviniera en los litigios entre estos y entre los ciudadanos entre sí, en cumplimento de las leyes.
Es cierto que el Sorteo fue implantado en la Democracia Griega para ser más extensivo el ocupar una responsabilidad gubernamental. El que sea un número u otro, Salama tendrá sus razones para definirlo. También es cierto que, tanto en la Democracia Griega como en la propuesta de Salama, se limita a ciertas personas el acceso al Sorteo. En la actualidad se habla, en el caso de la Justicia, que se haga entre «juristas de reconocido prestigio». Salama habla de los Magistrados del Tribunal Supremo.
Lo que para mi no es de recibo, y lamento que en mi se crea, siempre, un prejuicio sobre la ideología de Salama, que enuncie como gancho, en cierto sentido «populista», una frase atribuida a Alfonso Guerra por la prensa reconocida como de «Derecha». Alfonso Guerra, mismo, la ha desmentido siempre y recientemente. El que sea cierta o no es una cuestión de credibilidad «politiquera». Por eso considero muy poco acertado abrir debates profundos con este tipo de comentarios.
Por lo demás «jugar» a demeritar la política, la organización de la «polis», como sustrato del debate del Poder Judicial es un grave error en la Democracia, en el valor de la División de los Poderes.
He leído el artículo de un tirón y los comentarios de otro, y he pensado: «¡Qué maravilla! Se mueven como peces en el agua en el laberinto de la justicia»
Pues, yo no.
Si me tuviera que comparar con alguien frente a tamaña institución, sería con el protagonista de «El Proceso» de Kafka.
Comprendo la teoría y hasta casi toda la fraseología que aparece en los textos anteriores, y creo (que no afirmo porque para eso soy demasiado lega en el asunto) que algunas de las reformas apuntadas darían como resultado el esclarecer el panorama y convertir a la justicia en un servicio público real.
Pero, cuando me pregunto a mí misma, ¿qué siento ante jueces, magistrados, abogados, fiscales …, y demás personajes de esta trama? Mi respuesta es: miedo y desconfianza, porque no me creo lo de la presunta inocencia hasta que se demuestre lo contrario, sobretodo si no tienes mucho dinero, prestigio o relaciones.
¿De dónde procede este sentimiento instintivo, preventivo y primitivo de supervivencia?
Si la ceguera de la estatua de la justicia significa «haz bien sin mirar a quien», y el equilibrio de la balanza, se refiere a encontrar una solución salomónica, sabia y justa,…, podría dejarme convencer que alguien «como un juez» decidiese sobre mis asuntos personales o/y de otro tipo.
El problema es que no me lo creo, a nivel práctico.
Cuando me he sentado en un tribunal para declarar, no he podido evitar la sensación de que había caído en una trampa, de que el abogado defensor era solo un empleado a sueldo al que intentaba convencer con palabras cotidianas y muy sentidas de que mi causa valía la pena, y al que solo oía recitar leyes, casos precedentes, procedimientos y estrategias futuras.
La justicia es muy cara. Los costes en tiempo emocional, en incertidumbre, en miedo, en nerviosismo, en incomprensión son muy elevados.
¿Cómo hemos llegado a aceptar que «se haga justicia» signifique arruinarte mental, física y económicamente?
Quiero recuperar la confianza en que si necesito ayuda para luchar contra la injusticia, es posible tenerla, y tenerla, ya.
¿Sería ilusorio tener jueces especializados en litigios concretos? La especialización, ¿no sería una posibilidad de aligerar los atascos judiciales? ¿No estarían más próximos a los ciudadanos los jueces si actuaran de forma local, por barrios y un número concreto de habitantes?
Lo más probable es que existan muchos argumentos en contra, la mayoría eruditos y respetables.
Pero, no olvidemos una cosa, en principio, los jueces tienen sentido porque los ciudadanos tienen problemas que resolver, dentro de esta definición sencilla, no cabe el miedo, sino el respeto por su sabiduría, y esta sabiduría nace, en parte, del conocimiento profundo de la causa que enjuician, no solo a nivel objetivo (los hechos) sino también el subjetivo (factores filosóficos, éticos, sociales…, en definitiva, el escenario humano del conflicto).
Un juez me dijo una vez en los pasillos de una audiencia: «… desde el punto de vista humano, estoy de acuerdo con usted, pero los hechos son los que mandan y la ley los obedece.»
No sé qué pensarán ustedes, a mí me dió vergüenza, parecía que ser demasiado humano no estaba bien visto en esto de la justicia.
¿No se podría intentar recuperar esa parte «humana» y devolverle la importancia que merece?
De acuerdo a lo que dice Micaela y lo que dice en este articulo, La Justicia como Servicio, Salama. Hay ciertas coincidencias.
Tomemos como base que las Leyes se promulgan en el Parlamento de acuerdo a la Constitución. Quiere decir que el origen de las Leyes es politico. Esto hace inferir que el Servicio Publico de la Justicia tiene un acomodo en el Sistema Político. Esto implica que la «independencia» judicial es simplemente el ejercicio «objetivo» de la función.
Salama, bien dice, que hay una cantidad de tramites que se pueden agilizar para aplicar la justicia a tiempo y adecuadamente. Habla de la revisión del Derecho Procesal, o sea de esas formalidades que se deben cumplir para la aplicación de la justicia. Micaela del plano humano y hay esta el nudo gordiano. Tu puedes tener la razón humana pero la puedes perder técnicamente si no te ajustas al procedimiento.
Pero volviendo a la «independencia». Internamente en el Poder Judicial hay cierta independencia juridiccional . Pero la Independencia mayúscula que se esgrime en el debate político tiene un calado Constitucional. Mi pregunta es, de cual independencia podemos hablar en este Sistema Político?. Cuando hablamos de Independencia queremos decir Liberalismo?. Hay reside la «ponderación de Montesquieu, en esa interpretación?
Quiere decir que ser independiente es estar a favor de la protección a ultranza de la riqueza individual , de la educación privada, de la eliminación progresiva de los servicios sociales?. En fin de que España deje de ser un Estado Social y Democrático?. De cambiar la Constitución y modificar de tal manera el Poder Judicial?