A través de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, se ha introducido en España la regulación de la eutanasia.
La Ley define la eutanasia como “el acto deliberado de dar fin a la vida de una persona, producido por voluntad expresa de la propia persona y con el objeto de evitar un sufrimiento”. Además, la Ley concibe la eutanasia como un “derecho de toda persona… a solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir”, siempre que se cumplan los requisitos de dos solicitudes voluntarias: sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante; y prestar un consentimiento informado.
Cumpliendo estos requisitos, el derecho a la propia muerte se incluye en la “cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud y será de financiación pública”. La “prestación de ayuda para morir” se realiza bien mediante la “administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional sanitario competente” o mediante el suministro al paciente por parte del profesional sanitario de una sustancia que este se pueda auto administrar para causar su propia muerte.
Es interesante tener en cuenta, en el análisis de la nueva Ley, el Informe del Comité de Bioética de España sobre el final de la vida y la atención en el proceso de morir.
Lo primero que hace el informe es tratar de aclarar las palabras, ya que estas definen realidades. El Comité rechaza la utilización de la expresión eutanasia pasiva y prefiere hablar de adecuación del esfuerzo y obstinación terapéutica. La adecuación del esfuerzo terapéutico consiste en retirar, ajustar o no instaurar un tratamiento cuando el pronóstico así lo aconseje en función de la situación clínica del paciente. Esta se considera una buena praxis médica y no es de ningún modo punible. La obstinación terapéutica consiste en la aplicación de medidas no indicadas, desproporcionadas o extraordinarias con la intención de evitar la muerte. Esta obstinación es una mala práctica y una falta deontológica. Por su parte, la sedación paliativa es la disminución deliberada de la consciencia de la persona enferma mediante la administración de fármacos indicados con el objetivo de evitar un sufrimiento insostenible. No es equivalente a la eutanasia porque la sedación se orienta a aliviar el sufrimiento hasta que se produzca la muerte, mientras la eutanasia tiene por finalidad directa provocar la muerte.
La nueva Ley supone un giro absolutamente radical en la concepción que hasta ahora se tenía sobre la vida y la muerte. El reconocimiento de un derecho a decidir sobre la propia muerte implica una valoración moral positiva: el derecho subjetivo está para ejercerse y su ejercicio enriquece al titular en cuanto mejora su situación. Además, desde el reconocimiento por todas las Constituciones y textos internacionales del derecho a la vida como primer derecho, soporte de todos los demás, se ha impuesto a los Estados la obligación activa de proteger la vida de sus ciudadanos y la obligación pasiva de abstenerse de causar la muerte. Así resulta de la jurisprudencia de todos los Tribunales de derechos humanos del mundo. Atribuir al Estado, a través del sistema sanitario público, la obligación de organizar y financiar la muerte de sus ciudadanos, cuando se cumplan los requisitos legales, supone una mutación de la función del Estado en relación con el derecho a la vida.
Por eso, la primera crítica que debe hacerse a la Ley es que se haya tramitado de manera casi clandestina, sin un debate lo suficientemente profundo y sin recabar los informes necesarios para que los parlamentarios y la sociedad hubieran contado con los elementos de juicio imprescindibles para formarse opinión sobre cuestiones tan delicadas. Tampoco parece que el contexto de la mayor pandemia de los últimos 100 años y hallándose la sociedad en un prolongado estado de alarma (situación de excepcionalidad constitucional) sea ni mucho menos idóneo para abordar una reforma de este calado.
Y, desde luego, antes de haber instaurado la eutanasia como un derecho subjetivo de nueva generación, probablemente debería haberse escuchado no sólo al Comité de Bioética sino también a las asociaciones médicas y singularmente a las de cuidados paliativos. Me ha parecido interesante el documento “12 razones por las que decir no a la eutanasia y sí a los cuidados paliativos” firmada por más de 175 asociaciones en Francia. Alguna de las cuestiones que plantean son, por ejemplo, que “muy pocos pacientes nos dicen que quieren morir y aún menos lo repiten cuando se ven debidamente aliviados y acompañados… Querer morir significa casi siempre no querer vivir en unas condiciones tan difíciles. Y pedir la muerte porque se sufre ¿es una elección realmente libre?”. “El final de la vida es vida. Nadie puede saber lo que le deparará en sus últimos días”. Hablan estos sanitarios de los “momentos esenciales” que viven algunas personas en sus últimos tiempos de vida. Añaden que, al igual que el error judicial en la pena de muerte hace temblar con razón al sistema, el error médico en el diagnóstico es irreversible en la eutanasia.
Sobre nada de esto se ha debatido y la eutanasia se ha implantado como derecho. Pero es que el Comité de Bioética hace referencia a la “pendiente deslizante fáctica” que puede suponer el reconocimiento del derecho a recibir la muerte y de la obligación del sistema sanitario a procurarla.
Se suelen dar dos justificaciones del derecho a la propia muerte, la dignidad humana y la libertad de decisión. Si la justificación del derecho a morir lo colocamos en la dignidad, corremos el riesgo de ir ampliando los supuestos de la eutanasia en función de la concepción que tengamos de vida «indigna». Incluso habría que ampliar la eutanasia a quien ya es incapaz de consentir (y no ha hecho declaración alguna sobre su propia muerte), pero vive “indignamente” a juicio del Estado o de sus allegados. Por otro lado, si el fundamento del derecho a la eutanasia lo colocamos en la autonomía de la voluntad, cabría preguntarse por qué no se reconoce también a personas que no estén en situación terminal o crónica, pero consideren que su vida “se puede dar por concluida” y no quieren seguir viviéndola (este es el debate que se está produciendo en Países Bajos).
En fin, que una persona desee poner fin a su vida es un fracaso del sistema. Hubiera sido más proporcionado concebir la muerte piadosa como un supuesto absolutamente excepcional y al tiempo profundizar en las causas por las que se desea adelantar la muerte, poniendo los medios para paliarlas.
El tema que nos propone el autor es muy poliédrico y nace de una contradicción: la protección de la vida y la seguridad de los ciudadanos (que como muy apunta Isaac se considera un deber del estado moderno) y la autorización que se concede el mismo estado para intervenir (legislar) en la muerte.
Nada de esto debía asombrarnos en su sistema político capaz de defender una cosa y la contraria (según el día y los intereses electorales).
Es evidente que el gobierno está aprovechando la situación de pandemia, para colar su propia agenda doctrinaria y ello sin que la máxima autoridad del Estado haga uso de su función constitucional de «arbitrar el funcionamiento regular de las instituciones».
Estamos ante el desarme jurídico, intelectual y político de unas sociedades que, según el presidente del Partido Comunista Chino en Davos»ya no serán iguales en el futuro».
El derecho a la salud, implica de entrada al juramento «hipocrático» (que no sé si se sigue haciendo) por parte de la profesión sanitaria, donde una de las cuestiones esenciales es la «humanidad» del tratamiento a los pacientes (hoy sustituida por ordenadores que expiden papeles de redacción críptica que eximen a los profesionales de responsabilidad directa) donde la supuesta tecnología ha sustituido al conocimiento y la experiencia. Nadie que haya pronunciado tal juramento puede prestarse a un suicidio «asistido».
También el ensañamiento terapéutico o abuso de las prácticas clínicas sobre los enfermos (justificadas para el aprendizaje hospitalario) están en contra de dicho juramento, ya que «cosifican» al paciente por su utilidad terapéutica, pero parecen ser una práctica común en el mundo hospitalario-universitario. No hablemos de los «errores» de diagnóstico (yo he sufrido dos que suponían mi muerte instantánea: uno hace más de treinta años, el otro hace unos meses) de los que tan poco se conoce y menos aún se hace constar.
En estos momentos estamos padeciendo una amenaza general con el SARS CoV-2 que, lejos de intentar investigar a fondo en cuanto a su origen y expansión, se ha convertido en diagnóstico para toda la población mundial a la que se acusa de «sospechosa» de aviesas intenciones hacia los demás, al definirnos como una especie de bombas de relojería con capacidad destructiva total. Eso sí, seguimos sin saber en qué dictámenes y en qué expertos se basan las medidas y coacciones a nuestra libertad. Con la misma alegría, de un día para otro, se deroga el estado de alarma general, dejando no obstante las sanciones de sus medidas como el uso permanente de mascarillas.
Una cosa es el derecho a una muerte digna sin padecimientos o ensañamiento clínico y otra dar a unos funcionarios públicos la posibilidad de actuar «de oficio» ante cualquier caso que se presente. Esto ya está suponiendo en otros ámbitos -como el administrativo o el judicial- la presunción del mayor valor del dictamen «oficial» sobre cualquier otro de carácter particular.
Cuando las opiniones son de expertos «en la sombra» frente a profesionales conocidos que asumen su responsabilidad sin la protección «oficial», me quedo con estas últimas.
Un saludo.
Me resulta extraordinariamente llamativo que gasten ustedes tantas energías mentales en la ley de eutanasia, detrás de la cual hay comités de bioética de los hospitales, enfermedad terminal y sufrimiento incoercible, autonomía de los pacientes etc, y no hagan reflexión alguna sobre la brutal «eutanasia» de miles de ancianos que quedaron recluidos en residencias (morideros) durante esta pandemia por decisiones políticas, sin ningún comité, sin ética alguna y sin autonomía (más bien en contra de su voluntad y la de sus familias). Se llama sesgo, pero en este caso es criminal. Lo siento, creo que este foro ha perdido el norte.
Estimado Sr. Montes, no sé si está Ud. al corriente de que una buena parte del colectivo directamente relacionado en la aplicación de esta ley de eutanasia, de las pocas, poquísimas implementadas por un gobierno, al menos en Europa, no solo no ha sido consultado respecto a sus términos y tramitación, sino que tampoco han sido escuchadas todas las voces y alegaciones que desde estamentos de prestigio se han hecho sobre el tema, ni tampoco se ha dado lugar a ningún tipo de información, formación o debate…., que yo sepa.
Esta ley conseguirá que algo que estaba en marcha, funcionando y además recabando una importante experiencia, como son los Equipos de Cuidado Paliativos de los hospitales públicos, que realmente estaban ayudando a las personas en situaciones terminales, a ellos y a sus familias, personas que no pueden pagarse ese tipo de atención a nivel privado, directamente lleguen a desaparecer….
En una sanidad pública colapsada, agotada y con recursos precarios aún más adelgazados por la pandemia….¿piensa Ud. que se destinarán esfuerzos para seguir ahondando en la atención que se merece unas situaciones vitales que simplemente están abocadas a otra de la que se desconoce…todo?.
Los que más notaran la aberración de haber legislado esta Ley , serán los de siempre….los más desfavorecidos.
Una ley que permite no ya acelerar, sino directamente provocar la finalización de una vida en base a unos criterios que siempre se mantendrán en niveles de subjetividad, cuando no dependerán de estados de ánimos que, ya me contará Ud. cuáles pueden ser en una persona agotada por una enfermedad incurable….o a lo mejor crónica, pero no mortal a corto plazo, como hay muchas, a la que encima, en ve de ofrecerle esperanza, apoyo y la posibilidad de aliviar sus síntomas más temidos según vayan apareciendo, se le ofrece la “mentira” de que puede acabar con todo lo que supone una fase vital que previsiblemente va a decaer…y que así…dejará tanto el sufrimiento físico, que se puede tratar, como el más importante, el sufrimiento psicológico…, porque realmente eso no es cierto, nadie puede presentar como “evidencia” que eso vaya a ser así…
En las residencias de ancianos, si cumplen con la legalidad, el protocolo de Cuidados Paliativos está implantado y revisado continuamente…
En mi opinión, durante la pandemia, que de forma negligente se permitió entrara en nuestro país en forma cataclismo, desbordó inmediatamente las Urgencias de los Hospitales, las Unidades de Cuidados Intensivos y las Plantas, también a los médicos y al resto de personal sanitario sin equipos mínimos de protección.
Alguien llegaba con síntomas de malestar general y fiebre, a los diez minutos se desaturaba.
Antes que de que se dieran cuenta que no había respiradores suficientes, se tuvo que asumir que no había balas de oxígeno para atender a la gente que rápidamente entraba en insuficiencia respiratoria en los pasillos de la Urgencias.
En esas circunstancias en muchos estamentos clínicos se actuó como en una situación catastrófica, prácticamente de guerra, mientras que la gestión política era ….penosa, tratando de salvar…no sé, porque era insalvable todo lo que se hacía y lo que no se hacía también.
¿Cuántas visitas hubo a las residencias por parte del ejecutivo que las tenía como responsabilidad, por poner solo un ejemplo?….
La correspondencia que hace Ud. entre lo ocurrido en esos terribles meses en residencias y hospitales y la tramitación, en pleno horror, rápida y sin debate, sin consenso de una de las poquísimas leyes para regular la muerte de las personas que existen en el mundo por parte de un gobierno, puede que exista, pero no como la ve Ud., desde mi modesta opinión.
Más bien pareciera que lo que estaba ocurriendo procuró el escenario perfecto de oscurantismo, alevosía, aprovechamiento se una situación de miedo, vulnerabilidad, confinamiento…para sacar adelante esta ley, habiendo cosas tan necesarias que hacer y que no se hicieron…
Ahí sí que veo una relación…. ahondar en la desesperación y fragilidad de la persona acosada ante una situación angustiosa… para animarla a sucumbir….
Excelente columna Isaac
Completamente de acuerdo y muchas gracias por los links, y por resaltarnos los detalles mas siniestros de la misma.
Yo, vista mi tendencia conspiranoica, voy a añadir dos puntos mas:
1/ El ansia que tiene el Estado por ser arte y parte en la muerte de sus ciudadanos, bien mediante este tipo de Leyes, o bien mediante las de aborto. Ambas, además, con un trasfondo eugenésico en muchas de sus partes, que apesta.
2/ Que todo esto de la eutanasia tiene un transfondo económico detrás, también, muy siniestro. Que casualidad que gracias a la eutanasia el Estado se ahorre pensiones y tratamientos médicos/medicamentos.
Al final, por ejemplo, le diran a la persona que quiere vivir que es una egoista, porque con su pensión mas lo que cuesta su sanidad se podrían mantener 4 niños del tercer mundo, etc… aunque por supuesto esos niños del tercer mundo no importen nada.
Yo visto lo visto (y mas durante la pandemia) me creo cualquier cosa.
También otras columnas y los comentarios son excelentes.
Aunque me gustaría que mas comentaristas se lanzaran al ruedo.
Un cordial saludo
Resulta curioso leer por aquí a tanta gente quejándose del agobiante estado «papá» que coarta la libertad de la gente para hacer con su vida lo que quiera, y cuando por fin el estado aprueba una ley dando a la gente la libertad de decidir cómo y cuándo desean terminar su vida, se quejan también.
En fin, que habrán creído ustedes que hay que morirse como a ustedes les dé la gana. Pues no: yo quiero vivir como me dé la gana a mí y no a ustedes, y quiero morir como me dé la gana a mí y no a ustedes.Y ni ustedes ni nadie tienen el por qué meterse en mi vida ni decidir cómo la tengo que vivir y hasta cuándo.
Que ya está bien, unos y otros, de creerse los «papás» de todo el mundo.
Por su comentario, creo que algo ha quedado sin entender bien. Precisamente se trata de la libertad de las personas para vivir y morir como les venga en gana (lo mismo que usted reivindica). Otra cosa distinta es que el «estado» se dedique a regular desde el mundo de los afectos y sentimientos, hasta el momento en que una persona debe nacer o morir. Una cuestión que afecta más a la moral, creencias e intimidad personal de cada cual, que a las razones u objetivos de un gobierno (hay que insistir en que los gobiernos nos son «el estado» y recordar que el gobierno sólo es parte de los poderes que emanan de la soberanía nacional). Por cierto, parece que los «papás» naturales ya no lo son: son «progenitor A» y «progenitor B» (adivine quien es el A y quien el B). Por otra parte no es de extrañar todo lo que sucede. Cuando un gobierno ( no un estado) «papá» pretende regular hasta el «cambio climático» ya no es «papá», se cree Dios Todopoderoso. Y eso es lo grave. Un saludo.
Otra columna importante. No damos abasto ni para asimilar ni para comentar. Muchas gracias.
Esta Ley es otra Ley Trampa que la Izquierda del «Progreso en el Retroceso» y de los «Despistados» Asimilables (Ciudadanos) que la han colado con sus habituales trapacerías en apoyo de la Agenda Maltusiana de los EEUU (1974, Nixon y Memorandum 200 de National Security –secreto hasta el 91 y que sigue operativo). Todos corriendo en auxilio del Poder que les recompensa a mansalva.
No voy a profundizar ahora en la cuestión sino simplemente reforzar algo que ha dicho Loli y que es muy importante: El parón en Paliativos –como ha sucedido en Holanda– que dejan de ser necesarios.
Para ello les adjunto tres videos.
Los dos primeros videos son entrevistas a un médico que ha dedicado cerca de treinta años a cuidados paliativos en España. Una de ellas, muy buena en mi opinión, es de Jordi Évole.
El tercero es un resumen de una obra muy famosa pero casi imposible de encontrar porque no se reedita, –como de costumbre con estos temas: “Seducidos por la muerte” de otro médico, Herbert Hendin, con sus observaciones sobre la eutanasia y sus efectos en Holanda.
Estos efectos, básicamente, son dos:
1. Un alto descontrol sobre lo que en realidad sucede con los enfermos y
2. El abandono público de lo referente al desarrollo de lo paliativos que ya no son necesarios al optar por la eliminación del paciente.
Vemos de este modo que una práctica, promovida por la izquierda y por el resto de cómplices de la agenda 2030, resulta en que la medicina pública y sus pacientes se ven obligados a optar por la ayuda proactiva al suicidio –y a la muerte protocolizada como ya se vio en Madrid– mientras que las clases más pudientes disponen de excelentes cuidados paliativos en la medicina privada.
Es muy sorprendente que esta dualidad no se plantee políticamente por quienes no están de acuerdo con la legislación que se ha aprobado sin consultas ni apenas visibilidad durante la pandemia.
Los dos vídeos del especialista en paliativos
https://www.youtube.com/watch?v=2m6DtqalJaY
https://www.youtube.com/watch?v=xsyHUAPS4HM&t=410s
Sobre el libro «Seducidos por la Muerte» Herbert Hendin.
https://www.youtube.com/watch?v=En6iENwwpH0
Un fuerte abrazo