El reciente fallecimiento de la juez progresista del Tribunal Supremo de los EE. UU., Ruth Bader Ginsburg, ha dado el pistoletazo de salida a las típicas luchas políticas para colocar en un puesto tan decisivo a una persona de la propia cuerda política.
La particularidad radica en que el Presidente Trump ha nominado a la juez conservadora Amy Coney Barrett estando ya en plena campaña electoral. Ahora tendría que recibir la confianza del Senado, con mayoría republicana. Y el debate sobre la procedencia de renovar en período electoral está servido.
Antes de la muerte de la juez Bader, los conservadores ya tenían mayoría de 5 a 4 jueces y, de conseguir el Presidente el nombramiento de la juez Coney, se consolidaría durante muchos años una mayoría conservadora, ya que el puesto de juez del Tribunal Supremo estadounidense es vitalicio.
A nadie se le escapa la importancia de tener el control del Tribunal Supremo, no solo porque fiscaliza los actos del propio Presidente y del Gobierno federal, sino porque actúa como Tribunal Constitucional y, por tanto, en él acaban las disputas jurídicas sobre las leyes federales. Y, dado que la Constitución americana es de las breves, en muchos casos es más importante lo que los tribunales dicen que dice que lo que la propia ley suprema dice.
Además, ese Tribunal resuelve los litigios sobre las elecciones. Y, teniendo en cuenta que estas elecciones presidenciales van a estar apretadas, probablemente su resultado acabe discutiéndose en el Tribunal Supremo, como ocurrió en las elecciones del año 2000, que se resolvieron a través de la sentencia Bush c. Gore, que confirmó la presidencia de Bush.
En fin, la refriega política por tratar de controlar al poder judicial es común en todos los países democráticos, ya que, lamentablemente, la independencia judicial es el último bastión que queda de la división de poderes. Así, la democracia se define como un sistema de pesos y contrapesos que distribuye el poder político, de manera que ninguno lo pueda ejercer de forma absoluta.
Sin embargo, de los cuatro poderes clásicos, es bastante evidente que el Legislativo controla poco y cada vez parece más un mal teatro en el que la oposición grita y cacarea, pero la implacable mayoría convalida lo que previamente ha decidido el Ejecutivo; y los medios de comunicación se encuentran en tal situación de precariedad económica que están inermes frente a los poderes subvencionadores y a los lobbies económicos.
Como se está viendo en los últimos tiempos, en el poder judicial acaban las grandes disputas políticas y parece que es el único que pone freno con independencia al cada vez más amplio poder del Ejecutivo.
En nuestro país, el poder judicial ha aguantado con bastante dignidad las presiones políticas y, de hecho, se ha podido tomar declaración al mismísimo Presidente del Gobierno y condenar penalmente al PP, se ha investigado y condenado a altos cargos del PSOE por el fraude de subvenciones en Andalucía o se ha podido investigar y juzgar a la cúpula de políticos independentistas catalanes.
No obstante, la política siempre ve a la justicia como un incómodo obstáculo para la realización de sus objetivos.
Por eso ya en 1985 con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), el entonces vicepresidente Alfonso Guerra alardeaba de haber matado a Montesquieu, al sacar adelante la modificación de la forma de designación de los miembros del gobierno de los jueces (el CGPJ).
La Constitución dice que el CGPJ está integrado por 20 miembros, 8 designados entre juristas de reconocido prestigio por el Congreso y el Senado por mayoría de 3/5 y 12 nombrados entre jueces y magistrados, pero sin que la Constitución diga expresamente por quien ni con qué mayoría. Desde el principio, se dio por hecho que esos 12 miembros de extracción judicial eran también designados por los propios jueces. Sin embargo, en un giro de tuerca y con la finalidad de embridar al poder judicial, se cambió la ley para que los 20 miembros del Consejo se designaran por el Congreso y el Senado por mayoría de 3/5.
En la discutida sentencia 108/1986, el Tribunal Constitucional validó la reforma por los pelos, pero hizo una afirmación que pocas veces se recuerda:
Ciertamente, se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la norma constitucional si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, atiendan sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyan los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos. La lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial.
El Tribunal dijo que esta interpretación, por la que los partidos se repartían a los miembros del CGPJ, era inconstitucional, pero, como había otras interpretaciones de la ley que eran conformes a la Constitución, no declaró la inconstitucionalidad de la reforma. Pues bien, como es evidente, precisamente la interpretación que el Tribunal consideró inconstitucional es la que se ha consagrado en la práctica. Y los partidos entran en un cambalache indecoroso para colar a sus candidatos en el gobierno de los jueces, sin que nadie se plante ante el debilitamiento del régimen constitucional que supone que se haya consagrado una práctica vulneradora de la Constitución. Pero esto va poco a poco agrietando los pilares del edificio. Así nos va.
En fin, en estos tiempos en que todos andamos distraídos con la pandemia, se está planteando abordar una nueva reforma del poder judicial que supondría una dura estocada a su independencia. Y es que, ante el impresentable bloqueo de la renovación de los miembros del poder judicial, se pretende, nada menos, que cambiar la ley orgánica para que los 12 miembros de extracción judicial puedan ser designados por mayoría absoluta (no por 3/5) del Congreso y del Senado.
Esta reforma sería claramente inconstitucional, dado que no tiene sentido que 8 vocales se designen por mayoría de 3/5, por expresa exigencia constitucional, y los otros 12 por mayoría absoluta.
Pero lo más importante es que, en estos tiempos de zozobra, estemos especialmente atentos a aquellos intentos de restringir derechos y libertades. Y no podemos olvidar que el último dique de contención para proteger esos derechos frente a abusos y arbitrariedades del poder político son los jueces. Y si estos quedan sometidos al poder político… apaga y vámonos.
Impecable.
Voy a distribuir el enlace a 100 de mis contactos personales. Uno a uno.
No se me ocurre otra cosa que ayudar a difundirlo.
Gracias, Isaac
Hay oficios a los que las personas deberían acceder y oficiar por convencimiento, vocación y deseo de ayudar a la sociedad, un juez (que no un político), debería estar entre esas personas.
Y digo que no un político, pues ya sabemos que la inmensísima mayoría de ellos, solo han venido a medrar, vegetar y a incumplir las promesas y las obligaciones por las que fueron elegidos.
Me pregunto, como puede un juez someterse a los políticos por mucho que estos le presionen.
O la judicatura, la fiscalía y la abogacía del estado, se plantan, alzan la voz y se comportan como lo que son y actúan como deberían en un estado de derecho contra este ejecutivo traidor, globalista e imparten justicia, o, se podría decir que la justicia en España, esta destinada a sucumbir arrodillada ante este gobierno (y los anteriores), que solo busca el beneficio partidista para mantener en el poder a la mentira y traición personificada en Sánchez-Iglesias.
Ese dique de contención representado por la Justicia, se está resquebajando, hace aguas y por sus grietas va saliendo lo poco que va quedando de imparcialidad, valentía y honestidad.
La justicia y la injusticia, la verdad y la mentira, el bien y el mal … Pues eso, apaga y vámonos …
No estoy muy segura de que el Poder Judicial de nuestra democracia, el que debe garantizar la independencia de nuestros jueces y evitar el absolutismo gubernamental, haya hecho aguas en este momento, o la cosa venga de más lejos de lo que “sospechamos.”
Nuestra democracia dentro de Europa y en general de Occidente, esta forma, al menos, consensuada de sufragio universal, separación de poderes y estado de bienestar, entiendo, no deja de ser endeble y tardía en la historia reciente de nuestro país.
Parece mentira, pero estos cuarenta años de funcionamiento social asimilable a una democracia aunque fuese más bisoña, no han logrado sembrar el interés por el desarrollo y la libertad de pensamiento que un período de relativa bonanza como ese, podía haber propiciado.
Sin embargo, y tengo la sensación de que es lo que ocurre a nivel del ciudadano medio, vivimos en una democracia “endeble”, entre otras muchas causas, posiblemente, debido a la incapacidad que estamos demostrando para deshacernos del lastre psicológico de cuarenta años anteriores de dictadura….curioso el numerito, que no deja de ser bíblico…., perdón por el inciso.
Y entiendo que el “lastre” no es exactamente ideológico, no era precisamente una ideología la que sustentaba la dictadura franquista, o no exclusivamente, la que contribuyó a ese peso, sino más bien, la huella psicológica que se adueñó de la gente…..esa foto en “blanco y negro” que quizás sea representativa de un ánimo generalizado, y no solamente de la tecnología fotográfica de la época.
Una sociedad que se aisló del mundo, donde se propició el desligamiento político de las gentes, pero donde también ejercieron políticas de desarrollo y crecimiento económico…. y es así…., condiciones que pudieron sembrar la idea, pienso, de que podía no ser necesaria la reflexión sobre la forma política en la que se desarrollaban sus vidas, algo transmitido también o asimilado sobre la propia generación que buscó el cambio…y luego…¿buscó la misma capacidad de acumulación poder que habían dicho no permitir que se volviese a dar? pienso en los protagonistas políticos efectivos de ese cambio.
El periodo de bonanza económica que se propició en los años sesenta, (sería interesante conocer a fondo desde dónde), unido a ese aislamiento internacional, que aunque más laxo, no compensaba los años de «confinamiento» en ese aspecto, pudo, pienso, propiciar esa actitud cuasi crónica de la población española, de desinterés por la forma social de gobierno en la que desarrollaban sus vidas.
A lo mejor esa actitud, a nivel general de la ciudadanía, pudo ser uno de los muchísimos elementos que propició el pago del precio por la denominada “transición”….de dictadura a “democracia”: un altísimo fraccionamiento administrativo y territorial donde la “locura autonómica” de diecisiete administraciones distintas se fue consolidando con el tiempo, dando lugar a la posibilidad de feudos partidistas e ideológicos, que tomarían finalmente el poder.
La Constitución de 1978, es…larga.., en contraposición con otras como la que cita Isaac, la estadounidense.
Una Norma Constituyente que se pierde más tarde en artículos ambiguos dejando muchas rendijas interpretativas abiertas….no parece muy sólida.
Hablo desde la ignorancia sobre jurisprudencia, desde luego, pero se entiende que la Constitución de un país es algo que, si ese país es democrático, debía ser conocido al dedillo por sus ciudadanos.
Y la redacción de la nuestra…lo hace difícil, entiendo yo.
Es posible que nos encontremos, por ello, a pesar de que haya pasado prácticamente el tiempo de una generación desde la “transición”, ante una democracia muy «inestable» que proyecta sus debilidades constitucionales en unos ciudadanos “sorprendidos”, que han perdido el hábito de la reacción ante normativas arbitrarias u “ocurrencias institucionales” varias, cambiantes de un día a otro, algo que demuestra la falta de preparación y rumbo de sus dirigentes.
La velocidad con la que se suceden estos comportamientos arbitrarios por parte de esa clase política dirigente, y la resignación de la ciudadanía ante ellos, es algo que no deja de sorprender a nuestros vecinos europeos, inmersos en la misma crisis sanitaria.
Es como si los ciudadanos españoles tuviéramos que realizar un esfuerzo importante, y hasta contra reloj, para tratar de entender algo que ha eludido permanentemente, el sistema político en el que vive, su arquitectura….
Esto nos está retrasando mantener la cabeza fría y crítica lo cual se hace imprescindible para poder sobrevivir al bombardeo mediático y de confusión al que nos están sometiendo.
Ultimamente escucho, con bastante frecuencia, el comentario de “nos están tomando el pelo”, a personas con la mascarilla ajustada y dos interrogantes por ojos sobre ojeras crónicas.
Oswald Spengler, ya vaticinó a pps. del siglo pasado la degradación de Occidente hacia el año 2000, imponiéndose un «cesarismo» de los ejecutivos
antidemocrático y extraconstitucional, que es lo que estamos viviendo. Por lo demás un buen artículo de Isaac con unos buenos comentarios. Un saludo.
Para muestra de la situación: mañana viernes a las 8,30 de la mañana hay convocado consejo de ministros extraordinario para declarar el estado de alarma en la Comunidad de Madrid, en respuesta a la resolución del TSJM contra las medidas impuestas por el ejecutivo. Al mismo tiempo los fiscales han pedido a su «jefa» que se abstenga de intervenir en los asuntos de la Fiscalía y se dejen los temas a decisión de la Junta de Fiscales, mientras el vicepresidente 2º al que se ha pedido se investigue por el TS, está convencido de que no se hará nada…… Los sindicatos de Policía y G.C. dicen que están hartos de se los manipule políticamente al servicio de unos u otros partidos y denuncian las puertas giratorias en las cúpulas…. etc.etc.
Mientras tanto… ¿donde está el Jefe del Estado que no arbitra el funcionamiento regular de las instituciones del Estado y consiente que se le ningunee por el gobierno? ¿Donde el principal partido de la oposición?
Un saludo.