La rebaja fiscal que acaba de aprobarse en Estados Unidos impactará en otros muchos países, reduciendo el margen de autonomía de sus gobiernos para aplicar sus propias políticas fiscalesEl pasado 20 de diciembre, Donald Trump lograba que la Cámara de Representantes y el Senado aprobaran la mayor rebaja de impuestos en Estados Unidos de los últimos 30 años. Una rebaja que prevé reducir los ingresos fiscales en 1,5 billones de dólares en 10 años.
Aunque habrá que esperar a que los expertos se estudien las casi 1000 páginas del texto aprobado para conocer las intenciones reales que se esconden en la letra pequeña, hay unanimidad en que su principal objetivo es reducir sustancialmente los impuestos que pagan las empresas. Algunas estimaciones afirman que esta rebaja ahorrará 1 billón de dólares a las empresas, por la disminución del impuesto de sociedades (del 35% al 21%) y por el paquete de medidas que se incluyen.
El objetivo declarado por la Casa Blanca es que las empresas dispongan de más dinero para invertir, de modo que así puedan contribuir más al crecimiento de la economía del país. Naturalmente, sobre este punto hay un debate muy intenso, con opiniones muy enfrentadas. A fin de cuentas, cualquier reforma fiscal (y mucho más una como esta) es el reflejo de una ideología política.
Habrá mucha gente fuera de Estados Unidos observando todo esto con curiosidad, pero dando por supuesto que las consecuencias, buenas o malas, que se deriven en los próximos años van a afectar solo a los ciudadanos de ese país.
Supongo que habrá mucha gente fuera de Estados Unidos observando todo esto con curiosidad, pero dando por supuesto que las consecuencias, buenas o malas, que se deriven en los próximos años van a afectar solo a los ciudadanos de ese país.
Lo cierto, sin embargo, es que nos van a afectar a todos. Es un ejemplo clarísimo de cómo la liberalización del comercio y la economía, a nivel mundial (la famosa globalización), conlleva que una decisión de este calibre pueda impactar fuertemente en la economía de otros muchos países. Y, lo que es peor, que pueda reducir el margen de autonomía de sus gobiernos para tomar las decisiones de política económica y social para las que fueron elegidos por sus ciudadanos.
Rebobinemos. Es obvio que la rebaja fiscal de Trump supone un fuerte impulso a la mejora de la competitividad de las empresas norteamericanas, al reducirles parte de sus costes y permitirles, por tanto, bajar más sus precios. Seguramente, las ayudas más importantes se encontrarán medio ocultas en ese largo texto y, contra lo que pueda parecer, no sea esa gran rebaja del impuesto de sociedades lo más beneficioso para ellas. Sobre todo, porque es probable que la legislación de Estados Unidos (como la de muchos otros países, incluido España) contemple deducciones fiscales a las empresas para un montón de casos, y que eso les esté permitiendo que su factura fiscal quede al final muy por debajo del porcentaje establecido para ese impuesto.
Siendo enormes las cifras de ahorro fiscal para las empresas declaradas oficialmente, quizás sea más importante la firme voluntad de apoyo a sus empresas que ello refleja. Es una demostración palmaria de que el eslogan electoral de Trump (“¡América first!”) va en serio.
En mi opinión, deberíamos situar bajo esta perspectiva algunas de las principales decisiones que ha tomado la Administración Trump en este año. Desde su retirada de la lucha contra el Cambio Climático, liberando a sus empresas de los peajes que ello implicaba, hasta la brusca salida de Estados Unidos del TTP (Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica), suscrito por 12 países que representan el 40% de la economía mundial, pasando por los cambios que está exigiendo al TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), firmado hace 25 años por otro presidente republicano (George W. Bush), y a la misma Organización Mundial del Comercio.
Esto sucede, sin embargo, cuando las grandes empresas americanas dominan las bolsas mundiales. De hecho, 53 de las 100 empresas con mayor valoración bursátil del mundo son de Estados Unidos . Es más, las 5 primeras son las tecnológicas Apple, Google, Microsoft, Amazon y Facebook. El valor conjunto de estas 5 compañías equivale al PIB del Reino Unido y es bastante más del doble del de España, pero todos sabemos que su influencia real en el mundo es muy superior a lo que sugieren esas cifras.
Si las grandes empresas norteamericanas van a tener mayor capacidad para competir, por sus menores costes fiscales, sus competidoras de Europa presionarán a sus gobiernos para que éstos, a su vez, les reduzcan sus costes fiscales para recuperar el terreno perdido en materia de competitividad
¿Cómo afectará esto al conjunto de los países y, en particular, a Europa? Es difícil saberlo, pero en una primera aproximación cabe suponer que, si las grandes empresas norteamericanas van a tener mayor capacidad para competir, por sus menores costes fiscales, sus competidoras de Europa presionarán a sus gobiernos para que éstos, a su vez, les reduzcan sus costes fiscales para recuperar el terreno perdido en materia de competitividad. Se entiende así que los ministros de Finanzas de las principales economías de la UE (Alemania, Francia, Italia, España e, incluso, el Reino Unido) hayan enviado una carta al secretario del Tesoro y a los líderes demócratas y republicanos de Estados Unidos, quejándose de varios aspectos de esa reforma fiscal, porque implican un “subsidio ilegal” a las exportaciones.
Es cierto que la eficacia con la que compiten las empresas depende también de otros factores, como los costes de la energía, financieros, laborales, cambio de moneda, legislación, innovación, márketing, etc. Pero, aun así, los costes fiscales (incluyendo los sociales, asociados al empleo) son una partida importante. Por eso las empresas europeas presionarán en este sentido. Y si los gobiernos se muestran sensibles a esta petición, dado que la competitividad de sus empresas en los mercados internacionales forma parte del apoyo a la exportación que tanto les importa, lo harán por medios relativamente discretos, dada su impopularidad, aprobando deducciones fiscales o ayudas de cualquier otro tipo.
En el caso de España, las exportaciones están yendo muy bien. Entre 2012 y 2016 han crecido de media un 4,4% (frente al 3% que lo ha hecho el comercio mundial) y aportan el 33,2% del PIB (más que Italia, Francia o el Reino Unido). Sin embargo, están demasiado concentradas en Europa, hacia donde se dirige el 72,3% del total. Sólo 5 países (Francia, Alemania, Italia, Portugal y Reino Unido) reciben la mitad de las ventas españolas. Probablemente, a ello ha contribuido la reducción salarial que hemos sufrido gran parte de los españoles, los bajos costes de financiación, la mejora de la economía europea y los bajos costes de la energía, entre otros factores.
Sin embargo, es difícil que la mayoría de estos factores puedan seguir contribuyendo a la competitividad de las empresas nacionales. No es probable (¡ni deseable!) que los salarios bajen más, ni que los costes financieros o los de la energía se puedan mantener en niveles tan bajos. Por tanto, quedan pocas teclas que tocar y una de ellas, desde luego, es la fiscalidad.
2017 ha sido el año en el que se preveía la mayor recaudación tributaria de la historia. En total, 200.963 millones de euros. Algo más de lo que se recaudó en 2007. Sin embargo, como es habitual, los ciudadanos soportamos el grueso de esta recaudación. Concretamente, el IRPF (78.027 M€) y el IVA (67.463 M€), representan el 72,3% del total de lo que ingresa Hacienda. Mientras que el Impuesto de Sociedades aporta, con sus 24.399 M€, el 12,1%. Llama la atención, no obstante, que este impuesto es el único en el que España está casi homologada con el resto de la UE.
Llegados a este punto, cualquiera que sea el partido que gobierne España se enfrentará a una difícil decisión, si quiere aumentar el gasto social en partidas tales como pensiones, sanidad, educación o guarderías infantiles: o exprime más a las empresas o lo hace a los ciudadanos. Nos guste o no, si grava más a las empresas, es probable que su capacidad exportadora se resienta. Pero si se decanta por aumentar la recaudación por IRPF e IVA, el consumo (que es la principal partida del PIB) también se podría resentir. Mientras el número de empleados siga creciendo, la solución puede venir sin que sea necesario aumentar los impuestos, ya que los nuevos trabajadores aportarán nuevos ingresos fiscales con sus nóminas y su consumo. No obstante, si esa mayor recaudación se considerase insuficiente para los gastos sociales e inversiones que se quisieran atender (las pensiones y la sanidad, por ejemplo, van a seguir subiendo), el gobierno se tendría que enfrentar a este difícil dilema. Dilema que, en parte (solo en parte), estaría agudizado por la rebaja fiscal de Trump.
¿A dónde quiero ir a parar? Pues que en este mundo globalizado, en el que todos los países (que pueden) quieren vender al resto más de lo que les compran, las decisiones de los gobiernos para obtener más ingresos, y así poder gastar más, se ven afectadas de lleno por otras decisiones que se toman más allá de sus fronteras. Y, en particular, esta decisión del presidente de Estados Unidos mete más presión a la olla macroeconómica del gobierno español (como a la de muchos otros países).
Cuesta entender que los gobiernos y los partidos apenas reflejen esta realidad en sus declaraciones y, por el contrario, se manifiesten una y otra vez como si sus márgenes de maniobra casi no tuvieran límites
Esto, en realidad, no es más que un ejemplo de las considerables restricciones a nuestra soberanía nacional (y, por tanto, a nuestra democracia) que conlleva estar inmersos en un mundo tan interdependiente en lo económico. Por eso, cuesta entender que los gobiernos y los partidos apenas reflejen esta realidad en sus declaraciones y, por el contrario, se manifiesten una y otra vez como si sus márgenes de maniobra casi no tuvieran límites. Y también cuesta entender que los ciudadanos estemos resignados a tragarnos las simplezas que nos cuentan, sin demandar que se nos trate como a adultos.
¿Por qué ese interés en disimular la cada vez mayor inconsistencia del mito de la soberanía nacional? ¿No es, acaso, una forma más de seguir apostando porque nuestra democracia no salga nunca de la etapa infantil en la que se encuentra?
El sistema político-económico de la UE Continental es probablemente insostenible.
Es cierto lo que dice el autor que estas cosas afectan a más gente que a los ciudadanos USA. El argumento es parecido al que usa Susana Díez para que Madrid suba los impuestos de modo que Andalucía pueda seguir su tran, tran populista y clientelar. Naturalmente que la virtud ajena pone aún más en evidencia nuestros defectos.
De hecho, mucho antes de Trump, –décadas antes–, ya había una significativa diferencia entre el coste fiscal total de un ciudadano español, por ejemplo, y su homólogo de la economía de USA y de Japón –los dos principales competidores de la UE en el bloque occidental. Aproximadamente un 25% menos.
No conozco en detalle la reforma de Trump pero, habida cuenta del trato que la prensa del «establishment» le dedica, debe estar haciendo daño en el corazón del sistema político y económico de la Socialdemocracia obligatoria que impera en la UE con una o dos excepciones muy menores.
Europa, desde la postguerra, adopta Constituciones que exigen un duro y siempre creciente coste fiscal –(ya es el 58% para el contribuyente medio español por Todos los Impuestos Explícitos como demuestra la calculadora fiscal de civismo.org ).
A su vez nuestro sistema político se basa, por decirlo cruda pero exactamente, en comprar el voto de partes de la sociedad pasando ese coste a toda la sociedad y, en último análisis, a los costes de nuestros productos y servicios que se encarecen continuamente y solo sobreviven en nichos de excelencia como la industria mecánica alemana y de algunas regiones de Italia o la industria de los productos de lujo para el consumidor global.
La conjunción de ambas dinámicas es mortal de necesidad porque nunca es políticamente posible gastar menos. Con el agravante de que hoy es muy dudoso que un trabajador mileurista sea más racional que uno inactivo subvencionado con renta mínima garantizada, ayuda de alquiler y de costes energéticos, etc. Hagan la cuenta y verán que gana de largo en racionalidad económica el segundo.
En esta situación la lógica del sistema social no solo es perversa sino insostenible.
Es poco dudoso que este modelo de Constitución –conocido como Telocrático o Predefinido ideológicamente– conduce en plazo breve –unos 40 años o 10 ciclos electorales– al empobrecimiento de la gran mayoría de la población. Pero como partimos de los niveles de vida altos de los años dorados –terminados en los 70– ha sido posible disimularlo a base de propaganda y manipulación de métricas.
Ahora, tras haber mantenido la pretensión de riqueza gracias a la «impresión» de dinero a manivela del BCE –como también ha hecho la FED– tenemos un inaudito e impagable nivel de deuda que en cuanto suban un poco los tipos de interés va a crujirnos aún más por no hablar de lo que espera a nuestros hijos y nietos.
La reducción de la fiscalidad empresarial es a su vez lógica. Como dice el Sr. Bautista va a aumentar la competitividad de las empresas USA. ¡Pues claro!
Pero es que además hay razones de sentido común, de eficacia y de justicia para ello. Me explico.
Todos los impuestos que se extraen de una empresa son en realidad pagados por sus clientes, sus trabajadores o sus accionistas. Simplemente estos se dan menos cuenta pero en realidad son los paganos.
Los gobiernos se vuelven demagógicos y nos dicen que, en vez de subir impuestos a las personas físicas, los van a subir a las empresas. Falso y destructivo de riqueza. Al final todo recae sobre personas físicas. De hecho un dividendo que en España paga al nivel de la persona física un 19% ya ha pagado antes más del 30% en Sociedades. Sumen y hagan la prueba. ¿Es justo, sensato, bueno?
Esto lo explicaba divinamente Milton Friedman https://www.youtube.com/watch?v=UDqVDw9qfH4
Sobre el tema de las Pensiones quiero recordar algo que fue noticia en 2007 (Funcas, Septiembre 2007, Profesor Alonso Messeguer) : Todos los gobiernos desde González hasta la última legislatura completa de Zapatero retiraron diner de los superávits anuales de contribuciones de los trabajadores para cubrir gastos corrientes no presupuestados.
Esta retirada de la «hucha de las pensiones» suma la friolera de 256,000 millones de Euros. De repente…………..silencio. Silencio. Los «expertos» son los que mejor saben olvidar mientras arrecia el bombardeo mediático sobre la inviabilidad del sistema.
La dimensión de nuestros problemas es grave y los partidos políticos –que los han creado– no van a resolverlos.
Mecanismos de difusión de información e ideas como este foro son una parte de la solución.
¿Cuánta gente se acuerda de que el Estado tiene con los trabajadores que han contribuido una deuda no contabilizada de 256,000 millones –menos los 60,000 de la reserva gastados desde la crisis a finales del 2018– ? Muy poquita.
Hemos de recordárselo y digerirlo. Porque hemos estado y estamos muy mal gobernados. Muy irresponsablemente.
¿Solución? Trabajar nosotros privadamente para crear el estado de opinión que saque toda esta basura a la luz. Este y otros foros son una forma de hacerlo. Otra es interpelar a los políticos sobre estas cuestiones en cada ocasión que las hay y muchas.
La inactividad o pensar que el sistema de partidos va a tomar la iniciativa para otra cosa que para usarnos a nosotros como semovientes de los que extraer el coste de sus errores es un fallo dramático.
Saludos y gracias por el artículo.
Estimado Manuel,
Muchas gracias por su interesante Post.
En cuanto a la reforma fiscal de Trump, resulta bastante claro que no se trata de fomentar la reinversión de ganancias para generar empleos, infraestructura, y demás. De haber sido así, no se habría hecho un reducción de los impuestos, sino que se hubiera hecho un esquema en el que posteriormente se devolviera a las empresas lo reinvertido de unas u otras maneras concretas.
Al simplemente haber hecho una reducción genérica del impuesto de sociedades, sin importar reinversiones, ni compromisos, ni nada, está claro que se trata simplemente de mantener artificialmente la tasa de ganancia de las empresas, transfiriéndolas del sector público al privado. No se trata de un aumento real en la ganancia, consecuencia de un incremento real en su productividad, ni en su eficiencia.
Las empresas están llegando al límite del capitalismo. La tasa de ganancia ya no puede aumentar de forma sustancial, por mucha robotización o cuarta revolución informática, los límites físicos del planeta y de recursos materiales, ya son ineludibles. Además, como hemos comentado en otras ocasiones, la sustitución de trabajadores por robots y sistemas automáticos, realmente trabaja a su vez como una causa de limitación de la ganancia, pues va reduciendo la base de trabajadores y por ende, de consumidores.
Lo que estamos viendo aquí, es una prórroga temporal y desesperada a lo inevitable. Lo inevitable es reconocer que el sistema monetario actual y el capitalismo, están en una etapa terminal, debido a sus propias reglas internas para funcionar en un mundo físico – finito.
Un saludo,
Andrés.