LA REFORMA DEL SECTOR PÚBLICO (QUE YO HARÍA)

He tenido un sueño: El Presidente del Gobierno, D. Mariano Rajoy, me llamaba y me pedía que le hiciera una propuesta para reformar a fondo el sector público. Según él, aunque ahora hay que reducir drásticamente el gasto público, cuando salgamos de la crisis y volvamos a crecer, habrá que volver a contratar funcionarios porque en muchos sitios las plantillas están bajo mínimos y además envejecidas. Por tanto, si aprovechamos ahora para pensar bien qué sector público necesitamos, luego podremos crecer donde haga falta y conforme a ese nuevo modelo. Me dijo que estaba decidido a pactar ese modelo con el PSOE para asegurar que la reconversión del tinglado actual se hiciese aunque requiriese dos o más legislaturas, porque era consciente de que al constituir casi el 45% del PIB, el sector público condiciona por completo el crecimiento de toda la economía nacional. «¡Qué gran sentido de Estado», pensé yo, «¡lanzarse a un proyecto tan difícil, que llevará mucho tiempo y energía y que, además, no le beneficiará electoralmente! ¡Merece la pena que me lo tome en serio!».

Pues venga, empecemos por lo más sencillo y evidente (aunque en este tema casi nada lo es). El sector público es un conglomerado de actividades muy distintas entre sí; por eso lo primero es evitar caer en el error de verlo como un todo homogéneo. Entre escuelas, hospitales, juzgados, aeropuertos, protección civil, tráfico o Banco de España, por poner algunos ejemplos, hay muy poco en común. Por otra parte, el criterio que nos debe guiar en cada uno de estos casos es el de mejorar el servicio que se presta a sus respectivos usuarios, que suelen ser los ciudadanos. Por tanto, una reforma en serio del sector público tendría que empezar por identificar los cambios que necesitan cada uno de estos subsectores, en función de sus especificidades. No vale el «café con leche para todos» que ha caracterizado a los anteriores intentos de reforma. Además, cualquier cambio estructural en una organización debe estar supeditado a una visión estratégica de futuro. Así que, en cada uno de esos subsectores habría que definir previamente qué servicios deberían prestar en los próximos 10 años y de qué forma, teniendo en cuenta la evolución previsible de las demandas de sus usuarios, de la tecnología, de los recursos financieros disponibles, etc.

Este enfoque tendría que venir acompañado por otro, de carácter transversal pero supeditado al anterior, que tuviera como objetivo mejorar la eficiencia y productividad de las estructuras existentes. Este segundo enfoque tendría varios ejes de actuación, pero aquí me limitaré a señalar tres. El primero de ellos se centraría en la simplificación e informatización de los procesos y trámites. Para ello, habría que llevar a cabo una revisión de todos los existentes en cada organización, eliminando los que se pudiera y simplificando el resto. Tras ello debería abordarse la plena informatización de cada organización, para automatizar esos procesos, integrar las diversas bases de datos y permitir a los usuarios que realicen sus trámites por Internet. Sólo con esto, reduciríamos sustancialmente la burocracia que tanto molesta a los ciudadanos y que tanto lastra la gestión interna de cada organismo, sobre todo en la Administración.

El segundo eje de actuación se centraría en la gestión de recursos humanos de la Administración Pública. Por no extenderme me limitaré también a mencionar los cambios más importantes, que son los que afectan al sistema de ingreso, la evaluación del rendimiento, las retribuciones y el régimen disciplinario. Dejo aparte el sistema de selección de los directivos porque ya lo he comentado en otro artículo. En cuanto al primero de estos cambios, sustituiría el actual sistema de oposiciones memorísticas por otro que se centrase en valorar la experiencia profesional de cada candidato, tal como se hace en la mayoría de las empresas (incluidas las públicas), exceptuando aquellos casos donde realmente las oposiciones fuesen el sistema adecuado. El objetivo sería eliminar barreras para incorporar a profesionales con experiencia que no pueden dedicarse en exclusiva a estudiar dos o tres años los temarios de las oposiciones. Soy consciente, sin embargo, de que esta fórmula podría abrir más la puerta al amiguismo, y por eso habría que tratar de buscar un sistema que minimizase ese riesgo sin comprometer la eficacia del propio sistema como mecanismo para atraer y seleccionar a los mejores.

La evaluación del rendimiento, o del desempeño, de cada empleado es clave para discernir quién trabaja más y quién menos, y acabar con el mito de que los funcionarios «no dan golpe». Salvo excepciones, este tipo de evaluación brilla por su ausencia en la Administración, pese a que todos los Ministros del ramo prometen su implantación. Para lo primero que debería servir es para premiar a los que destacan en su trabajo, tanto por la vía de su promoción como en sus retribuciones, que deberían mejorar sustancialmente. No se puede pretender tener gente competente y motivada con sueldos bajos. Pero esa mejora salarial tiene que venir ligada al rendimiento y al cumplimiento de objetivos. Por último, habría que tomarse en serio el régimen disciplinario. Y en esto es clave la evaluación del rendimiento. Cuando se constata que un funcionario trabaja por debajo del mínimo aceptable debería ser sancionado y, llegado el caso, despedido. En la Administración no hay despidos ni prácticamente sanciones por escaso rendimiento, y eso no solo afecta a la productividad general sino que, además, contribuye a desmotivar a los que trabajan bien, que son la mayoría.

El tercer eje de actuación para mejorar la eficiencia lo centraría en el marco jurídico de cada organismo. No hay un criterio claro por el cual, dentro del sector público, unos organismos, como la Dirección General de Tráfico o la de Protección Civil, se encuadran dentro de la Administración, y otros, como RTVE, Aeropuertos o RENFE, son empresas públicas con diversas modalidades jurídicas. Pero la autonomía, y las posibilidades de llevar a cabo una gestión ágil y eficiente, son muy distintas en unos casos que en otros. Un ejemplo: el ingreso de un nuevo funcionario en la Administración es un proceso que tarda unos 15 meses, desde que se publica en el BOE la Oferta Pública de Empleo hasta que empieza a trabajar; en una empresa pública ese proceso se resuelve en un par de meses. Así pues, habría que clarificar qué papel deben tener, dentro del sector público, la Administración y las empresas. Esto, desde luego, tiene muchos matices. Por ejemplo, la Administración es mucho menos ágil que las empresas públicas porque, entre otras cosas, ofrece un montón de posibilidades a los ciudadanos para recurrir las decisiones que les afectan. ¿Hasta qué punto debe ofrecer tantas garantías la Administración a costa de sacrificar su agilidad? Habría que aclarar en qué actividades de la Administración se justifica eso.

En todo caso si, pese a los cambios que he propuesto hasta aquí, siguiera habiendo notables diferencias en la agilidad de gestión entre la Administración y las empresas públicas, propondría que todos los organismos de la Administración, que no tuviesen necesariamente que permanecer en ella, se convirtiesen en empresas. Quizás muchas de ellas tendrían que seguir financiándose de los Presupuestos del Estado pero su funcionamiento, aún con los oportunos controles, sería bastante más ágil y eficiente.

Hasta ahora sólo he hablado de lo que habría que hacer para que la Administración que tenemos fuera más eficiente. Pero desde luego lo más importante para reformar en profundidad el sector público tiene que ver con dos grandes cuestiones que he preferido dejar para el final. Ambas con mucha carga ideológica y emocional. Me refiero, por una parte, al papel de lo público frente a lo privado y, por otra, al debate territorial, comúnmente centrado en el Estado de las Autonomías.

El papel del sector público es un debate que difícilmente tendrá fin, pero no por ello debe ser aparcado. En síntesis, habría que empezar por definir qué cuestiones deberían ser competencia de los ciudadanos (y de la economía privada) y cuáles del sector público. La tradición socialdemócrata, inspiradora en gran medida del actual Estado de Bienestar, apostó por un amplio y potente sector público, entendiendo que esa era la mejor forma de proteger a la mayoría de los ciudadanos frente a los poderosos, las desigualdades, el infortunio, etc. Frente a esta visión, el pensamiento libertario ya advirtió a finales del siglo XIX y principios del XX de la amenaza que conllevaba, para la libertad individual, ponerse en manos de un Estado todopoderoso.

El devenir de los acontecimientos, con los avances en las tecnologías de la información y su capacidad de intromisión en la vida privada, las crecientes prerrogativas policiales justificadas para hacer frente a las amenazas terroristas y al crimen organizado, el sometimiento de los Estados a los intereses de las grandes multinacionales e inversores privados, la hiperregulación que se deriva de esa forma de entender la acción política como simple producción de legislación, por citar algunos ejemplos, sitúan al Estado más cerca de un inquietante «Gran Hermano» que de la benévola y paternal imagen que concibieron los pensadores socialdemócratas. Por ello, pese al positivo papel que en muchos ámbitos desempeña el Estado (y su brazo ejecutivo, el sector público), yo propondría una revisión de todos los ámbitos que ha ido ocupando para considerar su posible «devolución», o no, a la sociedad. Por citar solo un ejemplo: ¿está justificado que el Estado nos diga a los padres (y a los docentes) qué es lo que tienen que aprender nuestros hijos, a qué edad y de qué manera?

Para finalizar este rápido repaso de lo que debería ser la reforma del sector público, habría que abordar su configuración territorial. Ya sabemos que este aspecto está muy contaminado por el afán independista que late en el País Vasco y Cataluña. Pero, procurando separar las churras y las merinas, habría que analizar caso a caso, evaluando sus costes y beneficios, las competencias, responsabilidades y controles que son ejercidas por cada Administración (Ayuntamientos, Diputaciones, Comunidades Autónomas, Administración Central) y sus correspondientes empresas. De ello debería derivarse una clara racionalización de organismos, con eliminación o transformación de aquellos en que estuviese justificado.

Esto sería lo que yo le presentaría, como primera aproximación, al Sr. Rajoy. Seguro que me miraría como si le estuviera contando una de indios, pero yo le diría que no solo el país necesita a todas luces que se haga algo así sino que, además, si él y el Sr. Rubalcaba se comprometieran en serio, esta reforma sería perfectamente realizable.