Libertad vs seguridad

Tras un atentado terrorista, como el ocurrido en París el 13N, en el que fueron asesinadas 130 personas, tiende a reavivarse el eterno debate entre libertad y seguridad. Francia se está planteando una reforma constitucional que, vista desde fuera, parece más cosmética y pensada para dar la sensación de que se está haciendo algo que con eficacia real. En los Estados Unidos, el debate presidencial, al menos de los candidatos republicanos, se está centrando en la seguridad y en la lucha contra el terrorismo. En Francia, buena parte del éxito electoral de Le Pen se debe a cómo ha sabido capitalizar el miedo al extranjero y al terrorismo yihadista.

Ciertamente, parece lógico que ante atentados tan dolorosos como el de París, que conmocionan las bases mismas de una sociedad, aumente la demanda social de seguridad. Se habla así de buscar un perfecto equilibrio entre los conceptos de libertad y seguridad. Como si de una balanza se tratara, de tal modo que, en la sociedad perfecta, se equilibrase el peso de ambos conceptos y de la ecuación resultara una maximización de la felicidad social.

Sin embargo, el equilibrio perfecto es científicamente imposible. Por lo que, más bien, de lo que realmente se está hablando es de preferencias sociales. De tendencias mayoritarias hacia la seguridad o hacia la libertad. Pero, como es evidente, las preferencias sociales se moldean y se dirigen. Y no parece difícil excitar un miedo que justifique la adopción de cualquier medida orientada al logro de una mayor seguridad.

Los Estados nacen con la finalidad primaria de defender el territorio y garantizar la seguridad de quienes viven en ellos. De este modo, el Estado respalda su existencia garantizando una apariencia de máxima protección; sin la cual quedaría deslegitimado. Es, por tanto, razonable que el Estado trate de justificar la necesidad de que se le otorgue un mayor poder, como medio para lograr el objetivo de la seguridad y el orden.

Para conseguir este objetivo, el Estado goza, básicamente, de tres herramientas: la ley, representada por el Derecho Penal; la policía y la justicia. Con estos tres elementos ha de alcanzarse el equilibrio social de libertad vs. seguridad.

En el Derecho Penal clásico se afirmaba que la pena tenía, entre otras, una finalidad de prevención: la simple amenaza legal de la imposición de una grave pena por la comisión de un delito debía ser suficiente para disuadir al potencial delincuente de su perpetración. Sin embargo, esto sencillamente no funciona con las modernas formas de delincuencia organizada, particularmente con el terrorismo yihadista, en las que el terrorista no teme la sanción penal, en cuanto su horizonte vital termina con el propio atentado.

Contra este tipo de delincuencia, crece la demanda social de que el Derecho Penal se anticipe a la comisión del delito; frente a la forma clásica de actuación a posteriori del Derecho Penal, en la que el reproche solo se producía después y no antes de la comisión del delito.

En la lucha contra la abominable violencia de género ya surgió una presión mediática y social para que la ley y la justicia actuaran antes de la comisión del delito y, de hecho, la legislación contra ese tipo de violencia ha acentuado las medidas protectoras de la potencial víctima antes de que el delito pueda producirse. Curiosamente este es otro tipo de delito en el que, en ocasiones, tampoco funciona la finalidad preventiva de la pena, dado que no es infrecuente que el agresor se quite la vida tras asesinar a su ex pareja.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la concepción del Derecho Penal como remedio a posteriori llevó a que el llamado Código Penal de la democracia, aprobado en 1995, despenalizara, con carácter general, los actos preparatorios del delito. Así, entonces se consideró que, si la preparación no desembocaba en algún acto de ejecución del delito, no era necesaria la intervención del Derecho Penal, en cuanto la finalidad preventiva había sido cumplida o al menos el delincuente potencial había decidido, por cualquier motivo, no llevar a cabo la acción.

Esa construcción dogmática está siendo cuestionada en la lucha contra las graves formas de delincuencia que ahora nos amenazan. La gravedad de los delitos de terrorismo determinó que se considerarán punibles los actos preparatorios y la integración en una organización terrorista. Sin embargo, no dejan de plantearse cuestiones dudosas como si es punible la simple adhesión o simpatía ideológica, aunque no se realicen conductas que materialmente contribuyan a la actividad delictiva. Es más, obviamente el delito nace en el plano mental para después irse desenvolviendo a través de actos de ejecución, por lo que ¿hasta dónde deberíamos adelantar la sanción penal? ¿Es sancionable penalmente el simple pensamiento? La religión nos dice que se peca de pensamiento, palabra, acción u omisión. Hasta ahora sólo es delito la acción u omisión culposa penada por la ley.

Otra línea en la que el Derecho Penal está avanzando considerablemente es en el control de Internet, como valiosa fuente de información de la perpetración de estos graves delitos. Así, como consecuencia del pacto anti-yihadista entre los dos grandes partidos nacionales, se introdujo en nuestra legislación la posibilidad de que el juez autorice a la policía para la utilización de datos de identificación y códigos, así como la instalación de un software, que permitan, de forma remota y telemática, el examen a distancia y sin conocimiento de su titular o usuario del contenido de un ordenador, dispositivo electrónico, sistema informático, instrumento de almacenamiento masivo de datos informáticos o base de datos.

Resulta evidente que el Derecho debe irse adaptando a las nuevas amenazas terroristas, de forma que éstas puedan perseguirse y sancionarse más eficazmente, Sobre todo teniendo en cuenta la potencialidad destructiva de la amenaza. Sin embargo, debemos ser conscientes de que cada vez que reclamamos más seguridad es a costa de alguna libertad y que, por tanto, no podemos dejar de tener claros los límites, es decir, hasta dónde queremos llegar, siendo conscientes de que la seguridad absoluta es un imposible.

Una sociedad madura haría bien en examinar las consecuencias de las medidas que su miedo impulsa y en mirar con lupa aquellas que el poder adopta en defensa de la seguridad. Probablemente la mayoría de ellas sean eficaces y necesarias, pero nunca -y mucho menos con los actuales recursos tecnológicos- podemos dejar de recordar la sociedad que Orwell describió con brillantez en su obra 1984, en la que el omnipresente Gran Hermano lo controla todo, incluido el pensamiento. En esa sociedad, la Policía del Pensamiento persigue el crimen considerado el más grave, esto es, el pensamiento contrario a las consignas del Partido.