Pocos discutirán que la generalización al conjunto de la sociedad de prestaciones públicas como las pensiones, la sanidad, la educación o el subsidio de desempleo fue un gran avance histórico. Pero, una cosa es reconocer ese avance y otra es no querer ver que, si continuamos así, vamos a un callejón sin salida, porque nos va a ser prácticamente imposible financiar esas prestaciones en el futuro.
Según las cifras que expone Aurelio Medel, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, en el diario Cinco Días el pasado 5 de noviembre, mientras cada mes las empresas privadas pagan la nómina a 16,5 millones de trabajadores en España, el sector público se la abona a otros 15,9 millones de personas, entre pensionistas (10,3 millones), empleados públicos (3,48 millones), parados que cobran prestación (1,8 millones) y perceptores del ingreso mínimo vital (316.000).
Primer dato impactante, por tanto: el Estado sostiene a casi tantas personas como el conjunto de todas las empresas privadas del país.
¿Cuánto le cuesta esto al erario público? Cada mes, 25.219 millones de euros (M€). Por tanto, 302.628 M€ al año. Para hacernos una idea de lo que eso significa, el conjunto de ingresos públicos previstos para 2.022 es de 376.000 M€. Por tanto, si el Estado no recurriese a endeudarse para aumentar su capacidad de gasto, una vez pagadas esas nóminas solo le quedarían 74.000 M€ para el resto de sus políticas.
Es decir, segundo dato impactante: el 80% del dinero que recauda el Estado se gasta en las nóminas de esos casi 16 millones de personas.
(…) si los demás colectivos que viven del sector público no se reducen, dentro de 30 años, en lugar de los casi 16 millones de ahora, serán unos 22 millones quienes tengan que cobrar su nómina todos los meses del Estado para sobrevivir.
¿Cómo puede evolucionar este panorama en las próximas décadas? Difícil saberlo. Pero, por lo pronto el Instituto Nacional de Estadística (INE) estima que los mayores de 65 años pasarán de ser 9,3 millones en 2020 a 12,8 millones en 2035 y a 15,7 millones en 2.050. Es decir, al menos en lo que se refiere a los pensionistas, la cifra va a aumentar en más de 6 millones en los próximos 30 años.
En otras palabras, si los demás colectivos que viven del sector público no se reducen, dentro de 30 años, en lugar de los casi 16 millones de ahora, serán unos 22 millones quienes tengan que cobrar su nómina todos los meses del Estado para sobrevivir.
Desde luego, la cifra de empleados públicos es poco probable que disminuya, si tenemos en cuenta que en su gran mayoría son sanitarios, profesores, militares y policías.
En cuanto al número de desempleados es difícil saber cómo influirán, por una parte, los procesos de robotización y digitalización de las actividades productivas, así como las dinámicas de externalización a otros países que impulsa la globalización de la economía, que en principio apuntarían a un aumento del paro; y, por otra parte, qué efecto neto tendrá la disminución de la población en edad de trabajar en 3,7 millones de personas de aquí al año 2050, cosa que, en principio, debería a contribuir a reducir el número de personas en paro. Si bien, también reducirá el del número de empleados en el sector privado.
En cualquier caso, las cifras expuestas plantean dos serios problemas.
El primero y más evidente es la enorme presión por aumentar sustancialmente los impuestos que mete ese volumen de gasto público. Lo cual conllevaría que, en caso de ceder a esa presión, aumentando la imposición fiscal de las empresas, muchas de ellas y sus correspondientes empleados desaparecerían, generando un auténtico círculo vicioso que iría reduciendo el peso del sector privado, ¿hasta cuándo?
A este respecto suele recordarse que España ingresa seis puntos del PIB menos que la media de la zona euro; es decir, que si nuestros ingresos públicos se situasen al nivel de esa zona, el Gobierno dispondría de 74.000 M€ más al año. El mensaje que subyace es que si España se comportase como la eurozona a efectos fiscales ya se habría aplicado una fuerte subida de impuestos.
Hay otra forma de verlo, sin embargo. En 2019 el número de personas con empleo en España en relación con la población en edad de trabajar (20 a 64 años) era del 68%, mientras que el promedio UE era del 73,1% y en Alemania, del 80,6%. Es decir, si España tuviera la misma proporción de personas trabajando que la UE y que Alemania, tendríamos 1,2 y 3,5 millones de trabajadores más respectivamente. Y, desde luego, el aumento de recaudación fiscal y de las cotizaciones a la Seguridad Social y la reducción en el gasto en desempleo que generarían estos trabajadores adicionales resolvería en gran medida el diferencial con la zona euro antes mencionado.
(…) en gran medida, la única forma de financiar las prestaciones del Estado de Bienestar en España sería aumentando sustancialmente el número de empleos en el sector privado y aumentando la productividad tanto como para poder elevar sustancialmente los niveles salariales.
Si además añadiéramos una equiparación salarial, la recaudación fiscal sería aún mayor. Comparando los salarios medios brutos en paridad de poder adquisitivo en el año 2016, según datos de Eurostat, vemos que el de España era de 30.288 €, el de la UE, 33.250 (un 9,77% más) y el de Alemania 41.671 (un 37,58% más).
Lo que nos lleva a que, en gran medida, la única forma de financiar las prestaciones del Estado de Bienestar en España sería aumentando sustancialmente el número de empleos en el sector privado y aumentando la productividad tanto como para poder elevar sustancialmente los niveles salariales.
Pero, aparte de este problema, puramente económico, hay otro problema, más intangible y de fondo, que yo calificaría como de calidad democrática.
(…) parece obvio que una democracia es tanto más sana y más creíble cuanto más independientes sean sus ciudadanos del poder de decisión y de control de sus gobernantes.
Si asociamos la calidad de una democracia con el grado de libertad que tienen los ciudadanos para elegir a sus gobernantes, podría pensarse que cuantos más ciudadanos dependiesen económicamente de las decisiones de quienes les gobiernan más fácilmente podrían estos influir en el voto de aquellos. El ejemplo típico es el de los pensionistas y su capacidad de movilización cuándo creen que están amenazados sus derechos a una pensión “digna”. Luego, quizás, no sea tan simple como eso. Pero, sin entrar en matices, parece obvio que una democracia es tanto más sana y más creíble cuanto más independientes sean sus ciudadanos del poder de decisión y de control de sus gobernantes.
En este sentido, dado que el papel del Estado en relación con los pensionistas, los parados y los empleados públicos no tiene vuelta atrás, en sus grandes cifras, lo que sí debería plantear un gran debate es qué hacer para no seguir acumulando mayores niveles de dependencia hacia el sector público.
Qué hacer, en definitiva, para aumentar el protagonismo y los ámbitos de acción de la actividad ciudadana de manera que se incremente su independencia del Estado.
Gran artículo Manuel. Enhorabuena. Puro sentido común, pero estamos donde estamos por alguna razón. Nos faltará ese sentido común o un mayor sentido crítico o una mejor formación económica para entender tu análisis….A la sociedad y a los políticos claro, que no sé si se sienten ciudadanos normales.
Gracias, Manuel.
Como de costumbre comienzo respondiendo a tu pregunta. ¿Llegará un día en que casi nadie trabaje en una empresa privada?
Mi respuesta es que ese día ya ha llegado y que si no nos hemos dado cuenta es porque llamamos «privadas» a entidades que realmente no lo son sino que por ley o por presión ya son correas de transmisión encadenadas al Poder y a su servicio.
Así, toda la Banca está legalmente obligada a denunciar a aquellos de sus clientes que incurran en lo que el estado ha definido y defina en el futuro como conductas sospechosas.
Lo mismo sucede con todo el mundo empresarial que, a veces sin saberlo, vive bajo las leyes que establecen su Resaponsabilidad Penal Corporativa cuyo objetivo es el mismo: denunciar e impedir cualquier conducta no ya solamente delictiva según un código penal trejmendo sino por dsalirse de las directrices de las Agendas 2030 y 2050.
El estado Policía ya está aquí con enmpresas y bancos –privados solamente de «boquilla»– a su servicio 24×365.
Por eso es más que evidente que Ya vivimos bajo un sistema Soviético con una fiscalidad total que en ningún producto o servicio es menos del 65% de Impuestos de todo tipo en sus costes. Repito, 65% del PVP.
Esto sucede en la Etapa Agónica de un sistema moribundo que, salvo la creciente falsa propaganda, solo vive para sostener a sus Élites Parasitarias.
¿Cuáles son estas élites? Así circula esta cuestión en las redes mejor informadas.
Cito
En la cúpula de la Jerarquía de Poder se ubica un grupo de Think Tanks de Élite. Algo carísimo e inasequible desde fuera del Poder. Cantidades ingentes de Dinero, Talento y Datos de Calidad. Lo de siempre, Medios, Actitudes y Aptitudes.
Este conjunto establece el Paradigma Cultural del que emergen el Proceso Educativo y el de Gestión de la Ciencia.
El siguiente nivel es el de Comunicación y, a seguir, los Grupos del Megacapital (Round Tables, etc), Macro Fondos de Inversión —> Grandes Empresas –> Formaciones Políticas —> Parlamentos y Gobiernos —>Sistema Institucional. Luego venimos—> Nosotros que nos solemos enterar de las cosas entre 10 y 15 años más tarde.
Fin de cita.
Como vemos, los Peones son los Gobiernos y las Instituciones.
Saludos
Por algún sitio tengo el correspondiente «diploma» de resolución de conflictos complejos. Manuel nos presenta uno que se puede reducir en cómo vivir con arreglo a nuestras condiciones económicas reales.
Hace poco tiempo, en una conferencia de un portavoz de Economía de determinado partido, planteaba la misma situación: no hay más dinero para gastos sociales (como siempre, Sanidad y Educación), estábamos en un callejón sin salida. Alguien ingenuamente preguntó por el «gasto político», ese que se confunde en la compra de voluntades en forma de subvenciones, cargos, empresas públicas, etc. No hubo respuesta. Tampoco la hubo cuando se preguntó por el coste de la corrupción (concretamente más de 40.000 millones de euros de despilfarro en contrataciones públicas, como ejemplo de la CNMC).
Y es que el «mantra» de la falta de dinero ya no cuela. Propongo en ese sentido unas medidas de auténtica administración de los ingresos (la deuda va por otro sitio):
Primero: Reajustar la organización política y administrativa del Estado a los términos en que fue concebida inicialmente: autonomías de gestión pública ajustadas a los servicios públicos esenciales. Supresión de órganos que impliquen duplicidad.
Segundo: Eliminar de los presupuestos públicos toda partida que suponga discrecionalidad en su concesión: organizaciones sociales de todo tipo que deben vivir de sus socios, medios de comunicación que deben vivir de sus clientes y seguidores o excrecencias administrativas y externalizaciones.
Tercero: Control previo y fiscalización del gasto y contratación públicas, ajustándolas al riesgo y ventura del contratista. Responsabilidades personales de irregularidades y corruptelas en los cargos públicos.
Cuarto: Reducción y reajuste de plantillas, dependencias públicas, gastos ajenos a la función, etc.
Quinto: Incentivación y liberalización de actividades económicas productivas reales (las que generan empleo)en todos los sectores, ajustando si es preciso los tratados en la UE.
Manu Oquendo da las otras claves de lo que está pasando y, en efecto, todas las actividades están sometidas al gobierno (no al Estado)de turno y sus empleados sometidos a unas normas ajenas a su verdadera función: atención a los clientes.
Un saludo.