La fecha del 3 de diciembre de 2010 ha quedado grabada en la memoria de quienes trabajábamos en el sector del transporte aéreo en España y de muchos de los ciudadanos de este país. Aquel día se cerró el espacio aéreo español por la huelga salvaje que llevaron a cabo los controladores aéreos. Para hacer frente a la situación, el Consejo de Ministros decretó el estado de alarma por primera vez en la democracia y envió a los militares a hacerse cargo de los centros de control aéreo. Tras ello los controladores volvieron a sus puestos de trabajo finalizando la huelga.
Naturalmente, este desenlace fue el final de un largo pulso entre el Ministerio de Fomento y Aena, por una parte, y el sindicato de controladores (USCA), por la otra. Durante ese forcejeo Aena trató de ir desmontando los resortes de poder que, desde hacía mucho tiempo, le habían permitido a este sindicato decidir a su conveniencia la organización del trabajo (plantillas, turnos, etc.), la formación y la habilitación profesional, el acceso a la profesión y muchos otros aspectos claves para la prestación de estos servicios.
Con esos resortes, el USCA no necesitaba convocar ninguna huelga; le bastaba recurrir a cualquiera de los trucos (conocidos con el eufemismo de huelgas de celo) que provocan situaciones de caos y de congestión de tráfico, para poner contra las cuerdas a la Administración. Así fueron logrando, concesión tras concesión, alcanzar niveles salariales y jornadas de trabajo efectivas de auténtico escándalo, mientras se iba mermando la productividad de esta área de actividad y, de paso, la del conjunto del transporte aéreo y la de la economía nacional.
Quien durante muchos años fuera presidente del USCA, Juan María Gil, puso la guinda a principios del 2009 al afirmar, en una entrevista con el diario El Mundo, que los controladores son “el único colectivo capaz de derrocar un gobierno”.
Cualquiera que trabaje en este sector es consciente de la posición extremadamente abusiva de los controladores y de la necesidad de que, en algún momento, las autoridades actuaran con firmeza para desmontarla. Pocos habrá, por tanto, que no aplaudieran la firmeza mostrada por el Gobierno de Zapatero en este asunto.
Viene esto a colación del conflicto actual que enfrenta al Ministerio de Fomento con el sindicato de estibadores portuarios. He tenido la oportunidad de escuchar a algunas personas conocedoras de los entresijos de este asunto y señalaban las similitudes entre la posición de fuerza de este colectivo y el de los controladores. Coincidían en que el sindicato de estibadores bloqueaba cambios necesarios para reducir los costes y mejorar la productividad de los puertos españoles.
El 11 de diciembre de 2014 el Tribunal de Justicia de la UE dictó una sentencia contra España por restringir la libertad de establecimiento (y, por tanto, de competencia) a las empresas de otros Estados miembros que deseasen ofrecer sus servicios de tratamiento de mercancías en los puertos españoles. En esa sentencia se condenaba a España al pago de una multa de 27.522 euros por cada día que pasara hasta que se modificase la actual regulación española de la estiba, adecuándola a la normativa europea.
La clave de toda esta historia es la gestión del personal. Según un informe de la consultora KPMG, “el coste de los estibadores en España supone en torno al 50% del coste total de paso de las mercancías por los puertos”. Y, sin embargo, pese a ese coste, los empresarios tienen las manos atadas para organizar de forma eficiente el trabajo de sus empleados porque hay aspectos cruciales que están bajo el control del sindicato de estibadores. En este mismo sentido, la Plataforma de Inversores Portuarios de España (PIPE), que agrupa a las principales empresas que operan en los puertos españoles, denuncia los sobrecostes de la manipulación de mercancías en relación con otros puertos europeos. Por su parte, la comisaria europea de Transporte, Violeta Bulc, afirmó hace unas semanas que “No se pueden mantener sistemas de monopolio como este” y avisaba de la pérdida de competitividad de los puertos españoles si no se procede a liberalizar estas actividades, introduciendo más competencia.
Habría que preguntarse entonces por qué, si era tan evidente la necesidad de liberalizar estas actividades, no se ha hecho hasta ahora. Para entenderlo basta fijarse en una cifra y en un dato. La cifra: 200.000 millones de euros, que es el valor de las mercancías que mueven los cerca de 7.000 estibadores que trabajan en los puertos españoles y que constituyen la mayor parte de los productos que España exporta al resto del mundo o importa de él. Esta cifra equivale al 20% del PIB; es decir, la quinta parte de todo lo que produce la economía española en un año. ¿Y cuál es el dato? Pues que esos estibadores (como los controladores en el caso de la navegación aérea) tienen prácticamente la sartén por el mango: pueden bloquear durante el tiempo que quieran ese movimiento de mercancías tan vital para la economía española. Con que lo hicieran unas semanas, provocarían un volumen de pérdidas a las empresas de este país muy, pero muy, superior a lo que nos pudiéramos ahorrar reduciendo el sobrecoste salarial de los estibadores mediante la liberalización que exige la UE.
Entonces, ¿sería bueno para la economía española liberalizar las tareas de estiba, como quiere la UE? Claro que sí. ¿Pero cómo se hace eso sin provocar una auténtica hemorragia económica al país? Desde Bruselas debe de ser muy fácil llegar a la conclusión de que hay que hacerlo, lo que no dicen es cómo se le pone el cascabel al gato. Sobre todo cuando el gato es un tigre que, además, está furioso.
En estas circunstancias, sorprende ver a políticos de distinto signo, junto a analistas y comentaristas de diversos medios de comunicación, discutiendo acerca de quién tiene la culpa de que el pasado 16 de marzo el Parlamento rechazara aprobar el real decreto ley que pretendía reformar las actividades de estiba en el sentido exigido por la UE, y apenas se oiga a alguien preguntarse si solo con esa ley hubiera bastado para lograr esa reforma o qué otras medidas son necesarias.
De la experiencia con los controladores aéreos sospecho que no, que cambiar la legislación que regula la actividad portuaria seguramente es imprescindible (de hecho, en el caso de los controladores fue esencial una ley que se aprobó en abril del 2010), pero siempre que vaya acompañada de otras medidas, cuidadosamente diseñadas (que, por cierto, no suelen trascender a la opinión pública), cuyo objetivo sea doblegar al sindicato de estibadores para que acepten renunciar definitivamente a su poder, y a los sueldos y jornadas que ello conlleva.
Quizás, en este caso, la presión de la UE les haga comprender que ha llegado el momento de ceder. Ojalá sea así, pero no es seguro. Si no cedieran, y el Gobierno quisiera realmente cambiar la situación, sospecho que no tendría más remedio que llevar a cabo un duro proceso de presión/negociación asumiendo, si fuera necesario, el desgaste de una huelga. Para ello, además de preparar discretamente la estrategia más adecuada, es conveniente que el Gobierno logre el apoyo de las demás fuerzas políticas, los medios de comunicación y, en definitiva, la opinión pública.
En cualquier caso, este conflicto brinda, en mi opinión, dos lecciones interesantes.
La primera es que, para deshacer algunos de los nudos más importantes que traban el avance de un país, tan decisivo como las leyes y el respaldo parlamentario es poder contar con un buen equipo de políticos, gestores y funcionarios, o técnicos, que conozcan bien las claves del problema en cuestión y sean capaces de actuar con inteligencia, decisión y valentía.
La segunda lección deriva de la falta de transparencia con la que, a menudo, se manejan asuntos de este calado frente a la ciudadanía. Estamos ante uno de tantos ejemplos en que la sociedad solo ve la punta del iceberg del problema y apenas se huele las razones reales que explican por qué determinadas situaciones de privilegio corporativo subsisten y no se llevan a cabo esas reformas estructurales que tantas veces se recomiendan como necesarias para la modernización del país.
Es un ejemplo que también refleja la falta de transparencia de los gobiernos para explicar la naturaleza y dimensión real de algunos de los problemas a los que debería hacer frente. A veces esa falta de transparencia es necesaria tácticamente para no darle pistas ni armas al enemigo y así poder resolver más eficazmente el problema. Pero otras muchas veces se debe, simplemente, a que el Gobierno no se atreve a afrontar el problema que tiene delante porque, o bien no sabe cómo hacerlo, o cree que no tiene la fuerza necesaria para ello o le asusta la enorme factura que tendría para el país (y electoralmente para ellos) si lo hiciera.
Este segundo tipo de opacidad por parte de los gobiernos podrá indignar a muchos ciudadanos, pero es comprensible. Porque ¿cómo explicarles que su Gobierno no tiene el poder suficiente para conseguir que un reducido colectivo someta sus intereses a los generales del país? ¿Cómo explicarles que la democracia, incluso con un apoyo electoral mayoritario, puede no ser suficiente para eliminar determinados privilegios que son corrosivos para el país? ¿Cómo explicarles, por tanto, que nuestra democracia tiene una trastienda en la que se oculta a la opinión pública muchos asuntos como este, y que esa trastienda seguirá existiendo hasta que entre todos consigamos que nuestra democracia llegue a ser adulta?
Interesantísimo tu comentario, Manolo.
Es un ejemplo palpable, concreto y cercano en el tiempo de carencias que mantenemos, como sociedad, en el necesario desarrollo de modelo democrático.
Todo crecimiento necesita de un afán de querer hacerlo, es decir, de querer acceder a más realidades, sabiendo que eso supone abandonar la confortabilidad de “la niñez” acunada, protegida…., y déspota, si no aprende a desvelar sus miedos, y enfrentarse a conflictos, adquiriendo el bagaje suficiente como para explorar sus posibles resoluciones.
Esa trastienda de la que nos hablas en tu artículo, y que la clase política no se atreve a revelar a la ciudadanía, debería empezar a mostrar sus escaparates, porque si no, parece que nos vemos abocados a una endiablada mecánica de verdades a medias (mentiras), de discursos estereotipados y sin contenido (bañados en aplausos), y a una sociedad manejada y conducida desde otros estamentos, porque somos aún tan infantiles que no soportaríamos el peso de nuestra propia realidad, y otros tienen que hacer y deshacer por nosotros…
¿Hasta dónde nos puede llevar ésto?.
Me da un poco…o un mucho…de miedo el pensarlo, porque si por un lado no veo una voluntad clara por parte de nosotros, la sociedad “soberana”, de querer “saber de verdad lo que la trastienda del sistema, «nos esconde”, entonces, también podría ser cierto, que el resto de estructuras supranacionales, ya sean económicas, políticas o de otra índoles, no se van a dejar desmoronar o quebrar sus arquitecturas, por el empecinamiento de parte de sus miembros, o por la negativa de parte de sus sociedades a querer crecer en madurez, simplemente, también, porque a esos niveles, no se contempla, o no tiene mucho peso, el sufrimiento de las poblaciones, o si lo hace, es solo como un elemento más de alteración de sistemas fríos y calculados.
Y eso tiene muchas aristas, porque, finalmente implica, que aquella parte de esas sociedades, de nuestras sociedades, más vulnerables, la que finalmente no tiene ni voz ni voto, porque no está bajo la cúpula de niguna organización sindical, ni bajo ningún grupo de poder de esta índole (obrero, patronal o político), es la que va a sufrir las peores consecuencias de esta inmadurez.
Y esa población parece aumentar, de forma exponencial, a los impedimentos que, corrientes ideológicas, miedos a que los votos fallen, y miedo de la sociedad que se cree protegida, a perder derechos, crezcan también.
¿Es, o somos, entonces, esa parte de la población que estemos, o pudiéramos estar en mejor circunstancia para ello, la que tenemos la responsabilidad de “madurar” esta “democracia”?.
¿Lo haríamos mejor pensando en los que se llevan la peor parte de ese “blindaje de derechos” que parece ,finalmente, servir a grupos de presión, más que a la población en general?.
En la costa oeste de EEUU se inició un proceso de huelga encubierta de estibadores que se prolongó durante 9 meses hasta febrero de 2015.El estado federal no tiene competencias y sólo intervino como mediador y eso sí lanzó un ultimátum a los representantes industriales y de los trabajadores de una fecha tope para el acuerdo o tenían todos que marchar a Washington a negociar. La gran diferencia respecto a España es que no fue un tema partidista ni político, ni legislativo. La discusión fue entre empresas afectadas, eso sí de todos los sectores implicados: navieras , ferroviarias estibadoras y sindicatos trabajadores. Se discutió en profundidad la eficiencia de los puertos , su adaptación a buques transportadores más grandes , la capacidad de estiba y de conexión ferroviaria…allí todo privado claro. Se era consciente de los $2bn de daño económico diario a la nación si la actividad se detenía .El acuerdo fue por cinco años. El contrato entre privados no hipotecaba al ciudadano , hasta los derechos de pensiones quedan en sus fondos privados de pensiones que tendrán que responder en su momento de las jubilaciones. Un mundo diferente. Nosotros y en parte Europa estamos en las antípodas. Para pensarlo un poco. En algo conviene cambiar.La democracia no siempre es mejor por tener a todos opinando.Estructuras los sectores y dejarlos funcionar con responsabilidad. La política buena no es autoridad e injerencia.
Paso párrafos del Financial Times y algún enlace de esa época.
Terminals have struggled to handle the volumes of containers during the traditional August to December peak shipping season. Up to 18 vessels have sometimes been left waiting outside the twin ports, which together handled 41 per cent of US container traffic in 2013.
Terminal operators, port authorities, shipping lines and railroads are working together to try to resolve the congestion crisis, the worst at US ports since 2004. Similar problems, but on a smaller scale, have also affected other big container terminals on the Pacific Coast, including Seattle and Oakland.
Fears of a strike or lockout at the west coast ports that handle more than 40 per cent of all container imports to the US are disrupting businesses’ supply chains, as shippers anticipating a stoppage divert cargo to Canadian ports.
Mr Davidson , ports analyst at London-based Drewry Shipping Consultants, says the most basic problems are longstanding. US container terminals are the least productive in the developed world, largely because operators, worrying about labour unrest, have been reluctant to invest in modern equipment.
But Jonathan Gold, head of supply chain for the US National Retail Federation, says many problems will remain until labour leaders and employers settle their dispute.
Pacific Maritime Association ratifies labor contract
The industry group representing shipping companies, terminal operators and other firms doing business at West Coast ports announced Wednesday its members have ratified a five-year contract with dockworkers.
ILWU members’ decision on whether to ratify the contract is expected to be known on Friday. The union’s leadership has recommended the contact be approved.
If ratified, the contract would be retroactively effective as of July 1, 2014 and remain in force until the end of June 2019. The contract would govern labor relations involving some 14,000 workers hired at 29 West Coast ports.
http://www.presstelegram.com/business/20150520/pacific-maritime-association-ratifies-labor-contract
Gracias RBCJ por ir al fondo del asunto y no quedarse con el sentimentalismo inútil de quienes piden más intervención estatal en asuntos que debieran ser privados. Las dos lecciones que saca Manuel están equivocadas porque suponen que los buenos DEBEN intervenir y para peor que los políticos BUENOS están esperando ser llamados a intervenir. Si todo asunto privado se convierte en asunto público donde los políticos deciden, pues no debe extrañar que ocurra lo que ha estado ocurriendo en España por siglos. Y si alguien esperar resolver problemas reclamando transparencia es muestra de que se ignora el valor de la privacidad propio de los asuntos privados y que tanto gusta a los políticos porque les permite eludir cualquier responsabilidad. El problema de la ciudadanía con los políticos no es la transparencia sino la falta de responsabilidad personal, civil y penal, por sus acciones.
Cuando Manuel escribe
«Entonces, ¿sería bueno para la economía española liberalizar las tareas de estiba, como quiere la UE? Claro que sí. ¿Pero cómo se hace eso sin provocar una auténtica hemorragia económica al país?»
se contradice porque la segunda pregunta no tiene sentido alguno si uno está de acuerdo en una respuesta positiva a la primera pregunta. Seguramente lo que quiso decir en la segunda pregunta es cómo se compensa a los que estaban protegidos por el Estado si se les quita la protección, esto es, la misma cuestión que siempre uno se pregunta en cualquier reforma en que se eliminan privilegios arbitrarios (recordar que toda la historia española está marcada por estos privilegios). Y la respuesta es primero por qué habría que compensarlos y segundo cuánto debería ser la compensación, si es que se acepta hacerlo.
Los españoles hemos visto en los últimos años cómo, con carácter general, los sueldos y el poder adquisitivo del ciudadano medio que aún conserva su empleo se han reducido considerablemente al tiempo que la presión fiscal ha aumentado. No me parece tan incomprensible que un colectivo como el de la estiba, bien organizado y compacto, y que aún mantiene unas buenas condiciones salariales, intente no doblegarse y conservar las condiciones con las que se pactó el contrato laboral que las partes firmaron.
Lo siento Alberto pero las democracias constitucionales tienen que contener a los grupos de interés (los sindicatos de cualquier tipo que obtienen privilegios arbitrarios son grupos de interés) porque de lo contrario la política (la lucha por el poder) termina convirtiendo todo asunto privado en asunto público. Si usted está de acuerdo con que los estibadores mantengan privilegios arbitrarios, entonces pida que España se salga de la UE y cierre su economía a la competencia de otros países –y no se quede corto, pida también que una vez que se haya cerrado, se acepte la formación de grupos de interés para regular la actividad productiva (en una palabra que se acepte volver al siglo 16 pero sin América).
Perdone pero, ¿Podría definir concretamente con qué significado emplea la palabra «contener» al principio de su comentario? Es muy ambiguo el uso de ésta palabra en este contexto.
Le explico.
Si la emplea con el significado de «incluir» contradice el final de su frase «la política termina convirtiendo todo asunto privado en asunto público», que ya de por sí es altamente contradictoria como frase, pues la política parece que trata el gobierno y la organización de las sociedades humanas y los asuntos que afectan a la sociedad. ¿No es así?. Además, la palabra «política» surge del latín «politicus» y del griego antiguo «politike», como Usted seguro debe saber, y significa: «de, para, o relacionado con los ciudadanos» y básicamente rige las decisiones que se aplican y afectan a todos los miembros de un grupo, sociedad o país.
Si esto es así -que es así -, la política, no es que «convierta todo asunto privado en asunto público» si no que se trata precisamente de eso. Es decir, no convierte nada porque ya está convertido o tan siquiera importa que lo convierta puesto que se encarga de ello, de gestionar lo privado a través de lo público y para lo público.
No se si lo entiende.
Sigo con mi explicación.
Si en su frase emplea la palabra «contener» con el significado de «frenar» entra en contradicción con afirmaciones o argumentos «de» y «en» su primer comentario tales como que «es el Estado» el que debe decidir si «habría que compensarlos y segundo cuánto debería ser la compensación», puesto que para ello argumenta la concesión de «privilegios arbitrarios» durante la historia.
De nuevo es todo esto sumamente contradictorio.
Si es el «Estado», según Usted , el que finalmente debe encargarse de la negociación con la esperanza de que no conceda «privilegios arbitrarios» en ésta ocasión, ¿No incurre en contradicción esto con la misma premisa que adjunta su frase al intentar afirmar que sería reprobable o no aconsejable, se entiende, que todo «asunto privado se convierta en público»?
Así parece, puesto que si es el «Estado» el que debe negociar está admitiendo su injerencia en los asuntos de la negociación.
Pero, de nuevo es esto sumamente contradictorio y ambiguo como puede Usted ver o no sé si lo ve, puesto que si el «Estado», según Usted, no debe encargarse de estos asuntos para no «convertir asuntos privados en públicos» ¿Quién debería hacerlo? ¿Los sindicatos, que a su vez deben estar «contenidos» como dice Usted – con un significado todavía incierto y por aclarar que tanto puede ser una cosa como la contraria pero que en ambas acepciones implica injerencia Estatal – por el «Estado», al que a su vez achaca la responsabilidad de no solucionar el problema?
Como puede Usted ver, su pequeño comentario induce a errores conceptuales profundos para poder llegar a una acertada conclusión sobre lo que quiere Usted decir.
Espero que haya entendido lo que le escribo a la vez que espero que haya entendido lo que Usted ha escrito para así poder sacar alguna conclusión y pueda trasladarla de lo privado a lo público.
Un saludo.
Lamento que se deba tomar tanto trabajo para entender lo que escribo. Le sugiero no leer más mis comentarios y que emplee mejor su tiempo.
El pescador pescado.
Una apreciación subjetiva con la que en absoluto deseo molestarle:
Siempre tengo la sensación al leerlo de que está usted de muy mal humor; como si le irritase que no se esté de acuerdo con usted.
Son actitudes que me inspiran temor porque me asalta la duda de qué podría suceder si personas que no admiten réplica tuviesen poder. Creo que impondrían sus criterios.
Mi comentario de las 17:48 es referido a EB, no a Sedente. No quiero organizar un malentendido.
Alicia, se equivoca. Siempre estoy de buen humor porque me río de los que no aceptan que saben poco y para peor ignoran lo poco que saben (o podrían saber si le pusieran un poco empeño). Sí, la estupidez mostrada con orgullo me causa risa.
No le quepa duda que siempre estoy dispuesto a recibir críticas porque me considero parte del movimiento escéptico racional (sobre este movimiento puede leer http://amasci.com/weird/wskept.html ). Pero eso no significa predisposición a perder tiempo con quienes no quieren o no pueden entender lo que uno dice. Una de las razones para comentar en blogs españoles es su poca actitud crítica (encuentro patético escribir un comentario de una línea felicitando al autor, algo usual en blogs españoles) y su fuerte inclinación a las listas negras, en varias de las cuales mi nombre ha sido incluido (a propósito, le cuento que en este blog mis comentarios están sujetos a moderación y no todos se publican).
Y no se preocupe porque yo vaya a tener poder. Ya es tarde para eso, pero más importante cuando tuve alguna influencia –como profesor o como asesor– nunca dije una palabra de más en relación a lo que mi pocos conocimientos me permitían decir.
Quizás su error de apreciación sobre mi estado de ánimo cuando escribo es porque yo economizo palabras y no recurro a la prosa florida y colorida. Escribir con argumentos lógicos y evidencia toma su buen tiempo y prefiero no cubrirlos con flores y colores.
Mientras seguimos esperando y sin saber si la palabra «contener» fue utilizada con un significado u otro, pueden ver unos momentos musicales: https://www.youtube.com/watch?v=xwys888xzxw
Alberto, usted quizás quiera ir más lejos e incluso proponer que se prohiban los robots para que no compitan con los que hoy tienen empleo, lo que supondría tener esta preocupación
http://www.elconfidencial.com/empresas/2017-04-10/espana-robots-empleo-trabajo-bernardo-hernandez-google_1363332/
El primer párrafo de ese artículo no reconoce que la intervención estatal en la economía española ha destruido y sigue destruyendo millones de empleos potenciales, negando oportunidades a la juventud. Antes de llorar por los robots, los españoles deberían preocuparse por las miles de intervenciones estatales que impiden crear oportunidades de empleo con el cuento de que se quiere proteger a la gente de los malos empleadores (lo más grotesco que al mismo tiempo se protege a los «malos» empleadores de la competencia de otros potenciales empleadores, nacionales y extranjeros, con privilegios arbitrarios).
Hace años conocí a alguien que optó por estudiar y especializarse como controlador aéreo pero en la rama militar.
Transcurrido el tiempo me enteré que recurrían a sus servicios de forma puntual para suplir carencias en algunos aeropuertos.
A raíz de éste artículo y enlazando con diferentes archivos de periódicos digitales he podido leer la frase de un caso parecido al que explico diciendo que ellos realizaban la misma labor que los controladores aéreos por 1.500 € al mes.
No sé si estos datos son en el presente así o si lo eran en aquel momento en verdad, pero lo que a nadie se le escapa es que no es el mismo sueldo el de un controlador aéreo civil que el de otro militar.
Siguiendo con todo este proceso de pensamiento he intentado buscar la imagen del equivalente a un estibador portuario en la rama militar.
No lo he encontrado.
Parece extraño que las labores de intendencia militar no incluyan a una figura equivalente a un estibador portuario puesto que los buques de la armada necesitan abastecerse de material y no creo que para ésto llamen al primero que pase por ahí, si no que será alguien dedicado y especializado en labores de intendencia y logística portuaria.
Tratándose los puertos de lugares regidos y vigilados incluso por policía estatal especializada, manejando el volumen de las cifras que manejan y que desconocía por entero y siendo un sector tanto o más estratégico que el aéreo, me pregunto: ¿Cómo es posible que no existan alternativas preparadas para una contingencia de fuerza mayor?
Estoy pensando simplemente en una catástrofe medioambiental o en un desafortunado accidente portuario de carácter grave en el que no se podría exigir al personal civil que se siguiera encargando de sus cotidianas labores en unas circunstancias excepcionales.
Por el contrario, aquellos que de antemano han mostrado su compromiso en valorar y anteponer el bien común por encima del suyo propio, sí serían en un caso similar, las personas indicadas para encargarse y hacer frente a ese posible y desafortunado incidente.
Esa infravalorada y no reconocida labor que en la mayoría de los casos hoy en día desempeñan.
El hecho de que los estibadores, en éste caso, no tengan una figura gestionada por el «bien común» equivalente que pueda suplirles, supongo que recrudece o entorpece la negociación o posición de las partes y pone en evidencia esa «trastienda» de la que habla el artículo.
Felicidades.