Los grandes conglomerados tecnológicos

En los últimos años se han producido varias demandas, bajo la acusación de prácticas monopolísticas, dirigidas a varias de las grandes empresas tecnológicas de ámbito internacional, concretamente contra las conocidas bajo las siglas de GAFA (Google, Amazon, Facebook y Apple).

El precedente de las leyes antimonopolio es la Sherman Antitrust Act que entró en vigor en EE.UU. en 1890. El objetivo de estas legislaciones es proteger la competencia de mercado a fin de beneficiar a los consumidores, asegurándose de que hay fuertes incentivos en las empresas para operar de forma eficiente, mantener los precios bajos y mejorar la calidad.

Uno de los casos en que primero se aplicó esta legislación fue en el caso de la Standard Oil Company. John D. Rockefeller fundó esta compañía, junto con otros socios, en 1870. En 1882 crearon la Standard Oil Trust que consiguió controlar un elevado número de empresas alcanzando el dominio de cerca del 90% de la producción de petróleo en su país.

Era la época de los Cornelius Vanderbilt (Ferrocarriles) y J.P. Morgan (Banca y Aceros) que se hicieron famosos por sus estrategias de monopolización de mercados. En general la estrategia empleada era la de crear conglomerados de empresas del mismo sector y bajar los precios hasta conseguir que los competidores acabasen en bancarrota para entonces comprar dichas empresas y unirlas a su grupo.

En aplicación de la Ley Sherman, el Tribunal Supremo estadounidense ordenó en 1911 la división forzosa de la Standard Oil en 34 empresas. Hoy son hijas de aquel imperio compañías con Exxon Mobil y Chevron, después de muchas fusiones y adquisiciones.

Otro caso fue en 1982 la decisión de trocear AT&T (American Telephone & Telegraph) ya que empezaba a crear un monopolio en la industria de comunicación estadounidense.

Más reciente, y ya dentro de las empresas de tecnología, fue la demanda interpuesta en 2001 a Microsoft por su intento de monopolizar el mercado de los navegadores de internet aprovechando su posición dominante en los sistemas operativos de los ordenadores personales. En este caso sin embargo la compañía llegó a un acuerdo extrajudicial con el Departamento de Justicia norteamericano que establecía algunas contrapartidas pero que no exigía a Microsoft cambiar su código ni impedía que pudiera ligar otro software a Windows en un futuro.

En el momento actual compañías como Google, Amazon, Meta (antes Facebook) y Apple han incrementado su valor económico de forma espectacular y este proceso se ha acelerado con la pandemia. La capitalización bursátil conjunta de estas compañías ha superado ya al PIB de Japón, tercera economía mundial.

Este enorme poderío financiero hace que se puedan permitir comprar a cualquier posible competidor. Si se niega a ello, utilizan en ocasiones prácticas discriminatorias o desarrollan un producto similar y utilizan toda su maquinaria para expulsarlos del mercado. Se les acusa de estar erosionando el espíritu emprendedor de las empresas emergentes.

Además están empezando a adentrarse en otros sectores como el de la automoción, la banca o la energía, lo cual preocupa a los reguladores. De hecho Margarita Delgado, subgobernadora del Banco de España, pidió que se pongan barreras a la entrada de las grandes tecnológicas en el sector financiero por los “riesgos sistémicos” que conlleva debido a la opacidad de sus sistemas con posibles implicaciones sobre la estabilidad financiera, la competencia o la protección del consumidor.

Otro tanto ha hecho Yves Mersch (miembro del comité ejecutivo del Banco Central Europeo) sobre el lanzamiento por parte de Facebook de su propia criptodivisa (Libra) indicando que, a diferencia de los bancos centrales, “los conglomerados de entidades corporativas solo rinden cuentas a sus accionistas y miembros”.

¿De qué se les acusa en concreto a cada una de estas tecnológicas?

Google (subsidiaria de Alphabet), la empresa fundada en 1998 y con sede en Mountain View (Silicon Valley, California), controla el 80% de las búsquedas por internet en EE.UU. En su caso se le incrimina tener el monopolio de los mercados de búsqueda online, de la publicidad basada en esa información y de priorizar su conjunto de aplicaciones y servicios sobre los de otras compañías. Son juez y parte: controlan la publicidad y los canales empleados para ello, como son los sistemas operativos (Android) y navegadores. Esto se traduce en que otras compañías no tienen una oportunidad real de competir.

Meta (antes Facebook) ha sido ya sancionado en varias ocasiones por asuntos relacionados con la privacidad o por el caso de Cambridge Analytica. En una reciente demanda de los fiscales de 48 de los 50 estados norteamericanos se pedía básicamente que esta empresa se desprenda de Instagram y Whatsapp, dos compañías que compró en los últimos años con las que ha consolidado su dominio del mercado.

A la empresa Apple se le acusa de prácticas monopolísticas ya que la AppStore es la única vía autorizada para instalar aplicaciones en sus aparatos, por lo cual consiguen importantes comisiones.

En el caso de Amazon un informe del Congreso de EE.UU. les atribuye imponer condiciones leoninas y cláusulas abusivas en sus contratos a los proveedores, pero, sobre todo, utilizar la información de que dispone a través de su web para identificar los productos de mayor éxito y replicarlos con sus propias marcas, dándoles mayor visibilidad frente a los usuarios.

Una de las mayores dificultades para luchar contra este tipo de prácticas ha sido que, a diferencia de los monopolios clásicos, en los que los conglomerados utilizaban su posición ventajosa para elevar los precios, perjudicando así a los consumidores, ahora la mayoría de los servicios prestados por las tecnológicas son gratuitos.

También es cierto que estas compañías proporcionan servicios valiosos que son además muy apreciados por los usuarios, habiendo favorecido el rápido desarrollo de las tecnologías digitales.

Por otro lado estas empresas exponen claros argumentos de defensa: Meta/Facebook señala que tienen competencia real (por ejemplo Twitter o TikTok). Google indica, en palabras de su vicepresidente sénior de Asuntos Globales, Kent Walker, que “las personas utilizan Google porque eligen hacerlo, no porque se vean forzadas o porque no existan otras alternativas”. Apple se defiende diciendo que ninguno de sus aparatos tiene una cuota mayoritaria en el mercado, que solo son suyas 70 de las 1,7 millones de aplicaciones que albergan y que las comisiones que cobran están en línea con las de otras plataformas. Amazon afirma que hay distribuidores (Walmart) con mayor cuota de mercado que ellos y que, igual que en los supermercados se venden marcas blancas junto a las de otras marcas, ¿por qué no lo van a poder hacer ellos?

Las autoridades han empezado a tomar conciencia de los problemas que estos nuevos tipos de prácticas monopolísticas pueden suponer para la libre competencia y la innovación, y esto se ha hecho en la forma de demandas millonarias y de nuevas leyes. Es el caso de los EE.UU. en donde, en los últimos meses, se han sucedido las demandas antimonopolio dirigidas hacia estas empresas. Es de resaltar el demoledor informe del Congreso del 2020 titulado “Investigación sobre competencia en los mercados digitales”.

La comisión Europea presentó en su día la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la ley de Mercados Digitales (DMA) con las que se pretende dar respuesta a estos desafíos. Con estas normas se quieren cambiar las prácticas comerciales de estas empresas en Europa bajo multa de entre el 6% y el 10% de su facturación global. También se contempla la posibilidad de forzar la venta o segregación de activos si se incumplen las recomendaciones de forma reiterada (como medida de último recurso).

La ley de Mercados Digitales permite activar medidas de forma preventiva (por ejemplo requiere la autorización anterior a la compra de otras empresas para evitar la adquisición de pequeños rivales con el solo objetivo de cerrarlos). Con ello se quiere evitar el desarrollo de empresas dominantes anticompetitivas.

La Ley de Servicios Digitales exige eliminar rápidamente el contenido ilegal de sus webs (incitaciones al odio, violación de derechos de autor, anuncios de productos falsificados o campañas de desinformación). Igualmente se les obliga a ser más transparentes en sus políticas de publicidad.

Tal y como están redactadas constituyen una de las normas más estrictas en este tema del mundo.

Podemos estar de enhorabuena por pertenecer a un bloque político como la U.E. en el que se establecen normativas serias sobre este tema y capacidad suficiente, por su volumen económico, para hacerlas cumplir.

Hay que destacar que las empresas concernidas utilizarán toda su capacidad de influencia, tanto en Europa como en EE.UU., para hacer que la redacción final de las leyes y la resolución de las demandas se incline hacia sus intereses.

En lo que parece que coinciden todos los analistas es en que las regulaciones antimonopolio existentes en la actualidad no son suficientes y no están adaptadas a la realidad de las nuevas tecnologías.

Algunos como Enrique Dans opinan que, aunque existen prácticas monopolísticas a corregir, tampoco hay que demonizar a estas compañías ya que su éxito se debe a que han investigado más que otros y han generado una gran cantidad de valor muy apreciado por todos los ciudadanos.

Otros como Alex Stapp, en el MIT Technology Review, critican el informe del Congreso de EE.UU. antes mencionado y señalan que el posible troceamiento de estas empresas las llevaría a la quiebra.

Otro tema en el trasfondo de toda esta polémica es la lucha de las grandes naciones por ser dominantes en el ámbito tecnológico y, en particular, la intención de EE.UU. de no perder esta batalla frente a China. La partición de estas grandes compañías las dejaría con menos capacidad de competir frente a grandes conglomerados de China, donde presumiblemente tendrán menos remilgos ante la defensa de la competencia y los derechos del consumidor.

En mi opinión habrá que hilar muy fino con la legislación y las demandas judiciales. No se trata tanto de evitar que una empresa consiga una cuota de mercado alta, sino que esa compañía que ha sido exitosa no ponga impedimentos a sus competidores empleando prácticas abusivas. Se debe incentivar el éxito empresarial y la innovación pero protegiendo los derechos de los consumidores y posibilitando la competencia.

Además del tema tratado, las empresas tecnológicas tienen otras facetas de su actuación no menos importantes. Una de ellas es la difusión de noticias falsas y el uso de la información del usuario para fines comerciales, que ya traté en un artículo anterior. Otro tema es el de si estas compañías tributan lo que deberían donde realizan sus negocios, pero esto lo dejamos para otro día.