Los incompetentes

En los países en los que el poder se distribuye entre diversas Administraciones se suelen establecer procedimientos para resolver los conflictos entre ellas. Hay un procedimiento que ha estado absolutamente inédito entre nosotros: el conflicto negativo de competencias. Este se desencadena cuando dos Administraciones se declaran incompetentes en un asunto y el ciudadano queda desamparado ante la dejadez de los poderes públicos.

Hasta ahora, en nuestro país sólo habíamos tenido conflictos positivos de competencias, es decir, aquellos en los que dos Administraciones se enzarzan en el gratificante espectáculo de esta competencia es mía, cuidado donde te metes.

Una buena parte del trabajo que ha tenido el Tribunal Constitucional ha sido precisamente decidir a quién le correspondía la competencia en cuestión.

Pues bien, ha tenido que llegar el (o la) COVID-19 para que veamos a las distintas Administraciones huyendo despavoridas de sus responsabilidades y lanzándole sus propias competencias al otro para eludir sus faltas. En eso han estado todos y nadie está libre de pecado. Las Comunidades han eludido sus competencias y el Estado, acostumbrado a una dinámica de fuerte resistencia a sus intromisiones, resulta que ahora no sabe cómo coordinar.

En cualquier caso, me ha parecido especialmente patético el espectáculo de las Comunidades Autónomas -tan celosas de su espacio de poder en estos 40 años de democracia- lavándose las manos y pidiéndole al Estado que asuma más competencias.

Ha sido significativo ver a las Comunidades, antaño tan defensivas de sus competencias sobre sanidad o asistencia social (incluidas las residencias), reclamando del Estado que, por favor, las coordine y asuma parcelas que supuestamente les corresponden.

Todos han estado en la excusa de oiga, aunque la gestión de la COVID-19 ha sido un desastre, que nadie me mire a mí que yo soy absolutamente incompetente. Y, ciertamente, todos lo han sido de uno u otro modo, pero no por falta de poder, sino por falta de pericia.

En fin, en cualquier Estado descentralizado son imprescindibles los mecanismos de coordinación por parte de la autoridad central, que eviten que cada región ejerza sus intensas competencias propias como si viviéramos en 17 reinos de taifas independientes. Esto es lo que ha ocurrido en estos 40 años de firme y receloso acantonamiento de las Comunidades frente al Estado.

Aquí se ha transmitido la idea de que lo autonómico es más moderno, democrático y guay que lo estatal, cuando la realidad es que en lo estatal (con sus evidentes defectos) el funcionamiento resulta más democrático y los controles frente a los potenciales desmanes de la Administración mucho más eficaces. Pero esto nos mete en otro debate.

En todo caso, lo que en España no ha existido en los últimos 40 años son verdaderos mecanismos de coordinación por el Estado de los intensos poderes de las regiones. Y hay que tener en cuenta que coordinar supone no sólo sentarse en una mesa con los políticos de turno de las comunidades, sino que implica tener un cierto poder de decisión y de imposición de un criterio común.

La responsabilidad de que en nuestro país el Estado no coordine es de la Constitución, que no prevé mecanismos concretos; del propio Estado que, por el juego de mayorías en el Congreso y el sobrepeso de los partidos nacionalistas, nunca se ha atrevido a establecer por ley orgánica procedimientos de coordinación; y, por supuesto, también del Tribunal Constitucional. Este ha consagrado una jurisprudencia que ha vaciado completamente de contenido la coordinación, al dejar la decisión final en manos de las Comunidades, convirtiendo al Estado en una especie de mediador que reúne en su casa a un grupo de políticos a los que puede aconsejar pero no imponer.

El escenario de la manida nueva normalidad nos coloca ante la oportunidad única de establecer mecanismos ordinarios de coordinación por parte del Estado a las Comunidades. Creo que no nos vamos a ver ante otra igual en la que son las propias regiones las que reclaman al Estado más intervención. Y esto debería aprovecharse para normalizar lo que debió ser habitual desde un principio, pero que nunca existió.

Tres de las competencias básicas en un Estado de bienestar son sanidad, educación y asistencia social. Las tres son jardín autonómico. Y si el Estado no coordina, tendremos -si es que no lo tenemos ya- 17 Estados de bienestar.

Obviamente, a nadie se le escapa la dificultad de la empresa, teniendo en cuenta que la estabilidad del Gobierno actual depende de un partido echado al monte, como ERC, de un partido marcadamente nacionalista, como el PNV, y de otro, como Unidas Podemos, mucho más cercano a lo autonómico que a lo centralizador (que le suena facha, aunque luego todos admiremos a Francia como democracia moderna, siendo el paradigma del centralismo, primero Borbón y luego republicano).

En ese escenario, es evidente que el Gobierno, aunque quisiera, probablemente no sería capaz de sacar adelante una ley que estableciera mecanismos ordinarios de coordinación por el Estado de las políticas autonómicas.

Pero como soñar es libre, estaría bien ver como este país deja de desaprovechar sus oportunidades y empieza a pensar cómo organizar de verdad un Estado eficaz al servicio de los ciudadanos y no de los intereses de los partidos y caciques políticos de turno.

¿Sería mucho pedir que en algo así pudieran ponerse de acuerdo los grandes partidos nacionales?

Si no lo son, no hace falta que se declaren incompetentes, que ya se lo llamaremos nosotros.