¿Miedo a los medios?

Desde bien pronto, el poder comprendió la importancia de los medios de comunicación. Se dice que el rey Juan II de Castilla (1406-1454) fue el primero en nombrar a un cronista real: Juan de Mena. Este se convirtió en un verdadero funcionario público, con nombramiento oficial y sueldo. Los Reyes Católicos, adelantados a su tiempo, fueron muy conscientes de la importancia propagandística de los cronistas: tuvieron un buen número de historiadores oficiales, que escribían bajo supervisión y censura, como instrumento educativo de la monarquía, promocionando sus logros y conquistas. El más famoso de estos personajes fue Alonso de Palencia, que, cuando quiso relatar con cierta libertad lo ocurrido en las Cortes de Toledo de 1480, fue sustituido por decisión de la reina Isabel.

Y es que llegar a la realidad de las cosas constituye un verdadero acto heroico para el común de los mortales. Por lo general, lo que aceptamos como real no es lo que realmente ocurre, sino lo que los contadores de la realidad nos dicen que ha ocurrido. Entre esos narradores de la realidad, tienen hoy una importancia decisiva los medios de comunicación. Por esta razón, no es ni mucho menos exagerado afirmar que se han convertido en un cuarto poder, junto con los clásicos poderes legislativo, ejecutivo y judicial.

Hace algunas semanas, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, volvió a abrir la caja de Pandora, señalando la necesidad de intensificar el control público de los medios de comunicación. Así, en el libro Conversación con Pablo Iglesias, afirmaba: «no puede ser que algo tan importante, y de interés público, imprescindible para la democracia, como son los medios de comunicación, esté solo en manos de multimillonarios».

Repasando el programa con el que Podemos concurre a estas elecciones generales, no encontramos ninguna referencia a cómo Pablo Iglesias pretende articular el control del cuarto poder. Así, sólo se encuentra alguna alusión genérica al fomento de los medios de comunicación «sin ánimo de lucro» o a la creación de «un Consejo del Audiovisual, independiente e integrado en la Plataforma Europea de Autoridades Reguladoras (EPRA), similar a los que existen en algunos países de nuestro entorno».

En cualquier caso, el debate que ha pretendido suscitar el líder de Podemos es el de si todos los medios de comunicación deben ser públicos o al menos tener un cierto control público, dada la función tan esencial que desempeñan para el buen funcionamiento de una sociedad democrática y para la formación de una opinión libre y consciente.

Nuestra Constitución impone al legislador que, al regular la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado, garantice el acceso de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad (art. 20).

Este precepto constitucional no tiene equivalente en el derecho constitucional comparado ni en los tratados internacionales de derechos humanos. Sin duda se introdujo en nuestra Constitución a modo de antídoto frente al abuso que el franquismo hizo de la radio, la prensa y la televisión estatales, como instrumentos de propaganda del régimen.

Nuestra Constitución no se preocupó, en cambio, de limitar la creación o funcionamiento de los medios de comunicación privados, ya que los consideraba manifestación de la libertad de expresión y contrapeso de los medios públicos, aunque también podían utilizarse como servidores del poder. Los medios privados solo quedan así sometidos a la cláusula general que reconoce el derecho de los ciudadanos a «recibir libremente información veraz». El límite de la veracidad a la libertad de información se interpreta como un deber impuesto al profesional de comprobación responsable y diligente de los hechos divulgados, lo que no excluye el eventual error en la información, siempre que se haya empleado una diligencia -de intensidad nunca precisada- en su contrastación.

El Tribunal Constitucional ha declarado, aunque sin mucho énfasis, que la creación y uso de un medio de comunicación no requiere de reconocimiento legal o administrativo, salvo que necesite del uso del dominio público (caso de la radio o la televisión) o la escasez del medio de transmisión exija una intervención pública para su reparto.

En cualquier caso lo que a Podemos le preocupa es el control de los medios privados, que, en principio, son los que no están directamente sometidos al poder.

Iglesias lo que nos viene a decir es que mejor que todos los medios sean públicos y dependan del ejecutivo o del legislativo, ya que, de este modo, tienen la legitimidad democrática de estar sometidos a los representantes del pueblo como poder soberano. El razonamiento falla si tenemos en cuenta que los medios de comunicación tienen la misión de controlar y criticar a los políticos, de forma que el ciudadano pueda comprobar si sus representantes están cumpliendo bien con el mandato que les han otorgado. Hoy en día, los medios se han convertido en el mecanismo de control de la ciudadanía sobre el correcto funcionamiento del ejecutivo, del legislativo y también del judicial; poderes a los que somete a escrutinio en su funcionamiento, exponiéndolos ante la opinión pública. Mal van a cumplir los medios con esa función si son controlados por aquellos a quienes tienen que controlar.

De la pluralidad y profundidad de los medios de comunicación, depende, en gran medida, la calidad de nuestra democracia.

Resulta difícilmente discutible que en España existe una verdadera saturación de medios de radio y televisión públicos (¿herencia del franquismo?): a la radiotelevisión estatal, se han sumado con entusiasmo las televisiones autonómicas, burdamente utilizadas como instrumento de poder de los mandatarios autonómicos. En un contexto de reducción del gasto público y recortes sociales, las Comunidades (con pocas excepciones) mantienen su gasto en medios de comunicación. Un ejemplo paradigmático es la Generalidad catalana que, estando al borde de la quiebra, mantiene 6 canales públicos de televisión y 3 canales de radio, en una de las mayores operaciones de propaganda institucional conocidas en nuestro entorno. Su gasto en esta partida duplica el de la siguiente Comunidad que más gasta en estas atenciones (Andalucía).

Los medios de comunicación públicos tan sobredimensionados producen, al menos, dos efectos perniciosos: a las consabidas corruptelas y a la instrumentalización del poder, se une la distorsión que produce la competencia desleal entre ese sector, financiado por los presupuestos, y los medios de comunicación privados.

Ciertamente, la independencia total no existe. No hay comunicador, periodista o medio de comunicación que no aborde una información o una opinión con una ideología previa, unos intereses y unas relaciones que, de uno u otro modo, le condicionan. Si los medios de comunicación públicos son dependientes del sector público que los controla, los medios privados lo son del empresario que los financia y dirige y que puede tener determinados intereses.

Por eso, en la variedad está el gusto. Quizá lo ideal fuese un sector de comunicación muy reducido y de alta calidad, que preste un verdadero servicio público; acompañado de medios de comunicación privados muy diversos y con un control eficaz que evite las posiciones dominantes de monopolio o de oligopolio.

En fin, Pablo, que te propongo reducir el gasto público en medios de comunicación y propaganda y dejar que los medios privados hagan su trabajo y te controlen y critiquen (y, en su caso, te aplaudan). Que lo más importante es que exista una gran variedad de medios que den distintas versiones de lo que está ocurriendo.

Oí decir a un historiador que no nos podemos formar opinión sobre lo acontecido sin haber leído, al menos, cinco versiones distintas del mismo hecho. Nuevamente aquí es nuestra responsabilidad tener la curiosidad suficiente de querer conocer lo que pasa a nuestro alrededor.