MONARQUÍA, REPÚBLICA… ¿ES ÉSA LA CUESTIÓN?

Con la reciente imputación a la Infanta Cristina por el juez Castro se ha dado un paso más en el desapego que empieza a sentir una parte de la sociedad hacia la monarquía. Los sucesivos escándalos que han afectado a la Familia Real han roto el consenso social que existía en apoyo de esta institución. En este contexto vuelve a ponerse sobre el tapete el debate Monarquía-República con los argumentos habituales a favor o en contra. No obstante, este debate nos ofrece también la oportunidad de reflexionar sobre cuestiones de fondo que rara vez salen a la palestra.

Por resumir un poco, se ha dicho que las principales ventajas de la Monarquía son la estabilidad que proporciona a la Jefatura del Estado, por su independencia de los partidos y por su permanencia; la posibilidad que eso le brinda para ejercer un cierto papel de arbitraje; el valor como símbolo de unidad que aporta a un país como España sometido a fuerzas centrífugas muy fuertes; y la oportunidad de preparar adecuadamente al sucesor para el ejercicio de sus futuras funciones. Como inconvenientes suelen señalarse principalmente dos: que nos atamos a una persona, el Rey, de manera que si nos tocara uno muy flojito nos tendríamos que aguantar; y que dejamos su elección en manos de la genealogía en lugar de hacerlo por criterios democráticos.

Una República resuelve, en principio, esos inconvenientes, ya que su Presidente puede ser elegido mediante votación popular y además por un tiempo limitado. No obstante se pierden, en parte, algunas de las ventajas de la Monarquía. Vale. Pero ¿hasta qué punto es siempre una ventaja que el Jefe del Estado sea elegido por los ciudadanos? Sí, ya sé que me estoy metiendo en un jardín delicado y que me pueden acusar de cuestionar el sistema democrático. Vamos por partes.

Para empezar es obvio que, en los tiempos que corren, necesitamos que quienes nos dirijan, desde la Jefatura del Estado o desde el Gobierno, sean auténticos líderes; es decir, personas muy inteligentes, capaces de comprender la enorme complejidad que conlleva gestionar el país, de apreciar los desafíos y las oportunidades que tenemos por delante, de saber conciliar intereses contrapuestos, de captar los problemas de la gente, de saber transmitirles confianza en la estrategia emprendida e incluso, ¿por qué no?, de reflejar ese tipo de virtudes que nos permitan sentir a los españoles admiración y orgullo por quién nos representa.

Bien, pero ¿en qué medida es eso lo que buscan los ciudadanos cuando votan? Cuando votamos ¿estamos eligiendo a la persona que creemos más capacitada para dirigir el país entre los distintos candidatos? ¿Estamos eligiendo al que mejor nos representa? ¿O en función de qué tomamos nuestra decisión?

Ya se que el principio de «un ciudadano, un voto» es la base de nuestra democracia, y no lo estoy cuestionando. Pero sí cuestiono el modo en cómo se entiende y se aplica este principio. El modo en cómo se ejerce esa responsabilidad.

Partamos de la base de que lo normal es que la mayor parte de la gente desconoce la enorme complejidad que implica dirigir un país. No tienen por qué saberlo ni entenderlo ya que no se dedican a eso. Pero eso significa, por tanto, que en cierta medida elegimos a ciegas. Sería como si, por poner un ejemplo, el Premio Nobel de Física lo eligieran entre todos los licenciados en Físicas, incluidos los que acaban de terminar la carrera o la han acabado hace años pero se han dedicado a otros asuntos. Su capacidad para valorar los descubrimientos más importantes en este campo sería bastante dudosa y podrían acabar eligiendo al más simpático, fotogénico y charlatán.

Conceder ese derecho de voto a todos los ciudadanos sería aceptable si, pese a su desconocimiento, cada uno asumiera la responsabilidad de hacer todo lo que esté en su mano para ejercerlo lo mejor posible. Procurando informarse, intentando hacerse una idea del tipo de trabajo que es dirigir un país y tratando de percibir qué candidato se aproxima más al perfil que se requiere. Planteado así, el derecho de voto es una vía muy eficaz de estimular el interés de los ciudadanos en promover su propia formación para entender los asuntos clave que inciden en el bienestar y crecimiento de una sociedad. Es una forma de avanzar en el sentido real de la democracia.

En cambio, ese derecho de voto nos llevaría al desastre si se banalizara y se convirtiera en un ejercicio de poder caprichoso e ignorante, donde a cada votante solo le importase lo que afecta a sus intereses personales e inmediatos. Sería, salvando todas las distancias, como si pusiéramos una pistola en manos de un niño.

Naturalmente, que se interprete de un modo u otro depende en gran medida de la lectura que haga cada persona: si cree que más que un derecho es una responsabilidad para la que debe capacitarse o si cree que, como tantos derechos, es merecedor de él porque sí, por el «mérito» de haber nacido. También depende, y mucho, de cómo lo interpreten quienes desde los partidos, las instituciones o los medios de comunicación influyen decisivamente en la opinión de los votantes.

Viendo las estrategias electorales de los partidos y en qué tipo de mensajes concentran su dinero y su tiempo, es evidente que están convencidos de que lo que determina el voto es una combinación de miedo al adversario y de decir lo que la gente quiere escuchar sobre sus intereses inmediatos. Aunque eso implique afirmar en Barcelona lo contrario de lo que se diga en Sevilla. Ellos creen que los mensajes electorales más eficaces son los que combinan simplicidad e impacto emocional. Pero no cabe duda de que actuando así los partidos están alimentando el aborregamiento de la sociedad y, con ello, el vaciamiento de la democracia. Y desgraciadamente no es una cuestión de que el sistema político español sea muy cerrado y no tengamos apenas en dónde elegir, porque el de Estados Unidos es muy «abierto» y los políticos que salen elegidos allí no son sustancialmente distintos a los nuestros.

El problema básico, en mi opinión, es si los ciudadanos estamos cultural y psicológicamente dispuestos a aceptar que estamos muy lejos de comprender suficientemente la complejidad del ejercicio de gobernar, pero que, pese a esa dificultad, nuestra responsabilidad democrática es elegir al más competente, esforzándonos por hacerlo lo mejor posible y estar a la altura de las circunstancias. O si, por el contrario, lo que queremos es que «el de arriba» sea alguien «como nosotros» porque nos parece que casi cualquiera puede valer para ponerse ahí. Aquí radica una de las claves más importantes de la democracia que estamos construyendo.

La aspiración por crear una sociedad civil potente tiene que ver totalmente con esta cuestión de fondo. Y tiene que ver, por tanto, con la calidad de la democracia que tenemos. El desafío es muy importante, porque si no se pone un empeño especial en evitarlo podemos acabar convirtiendo el debate político, en estos tiempos de creciente desconfianza en los políticos, en una disputa de grillos al estilo Telecinco, donde quien más chilla y más barbaridades dice es el que se lleva el gato al agua. Eso ni es democracia ni es nada, por mucho que votemos. Y eso es lo que hace que el Poder se sienta legitimado para prometer lo que le de la gana, para luego hacer lo que quiera y encima seguir engañando una y otra vez a la ciudadanía. Es ese discurso de: «si no les interesa y además no lo van a entender ¿para qué les voy a contar la verdad?».

Así pues, si el voto ciudadano se ejerciera mayoritariamente con el sentido de responsabilidad y de compromiso personal al que me he referido, yo me decantaría, sin lugar a dudas, por una elección del Jefe del Estado mediante votación popular. De lo contrario no me parecería tan relevante tener una Monarquía o una República.