No nos hacemos respetar en Europa

El italiano Stefano Melloni se había fugado de la justicia italiana y, a pesar de ello, fue condenado en 2004 por los tribunales de ese país a 10 años de cárcel por quiebra fraudulenta. En Italia, puede celebrarse juicio contra una persona huida de la justicia. En cambio, en España, salvo que se trate de penas leves menores a 2 años de prisión, nadie puede ser juzgado y condenado sin darle la oportunidad de ser oído. Si uno de los acusados se fuga, debe suspenderse el proceso contra él y juzgarlo cuando sea apresado, siempre que no haya prescrito el delito.

Melloni se había refugiado en España y la justicia italiana reclamó a nuestro país la entrega del prófugo para que cumpliera en Italia los 10 años de prisión a que había sido condenado. En 2008 la Audiencia Nacional, encargada de la ejecución de la euro-orden, acordó la entrega y Melloni acudió al Tribunal Constitucional español poniendo en cuestión su condena en ausencia, no permitida por la Constitución española.

El Tribunal Constitucional suspendió la entrega y preguntó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuál era la interpretación correcta de la norma europea reguladora de la euro-orden. A los tribunales internos les corresponde aplicar el derecho comunitario, pero, si tienen dudas sobre su interpretación, deben preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión, a través de la llamada cuestión prejudicial comunitaria, para que este resuelva las dudas.

Como era de las primeras ocasiones en que el Tribunal de Justicia se pronunciaba sobre esta cuestión, la Sentencia se dictó por la Gran Sala, señalando que la euro-orden pretendía el establecimiento de un nuevo sistema simplificado y más eficaz de entrega de personas condenadas o sospechosas, acelerando la cooperación judicial de cara a la consecución del objetivo de que la Unión llegara a ser un espacio de libertad, seguridad y justicia basado en un elevado grado de confianza entre los Estados miembros.

Melloni fue entregado a Italia, cumpliendo una condena impuesta en ese país sin las garantías que en España hubiéramos exigido.

En 1981, Natividad Jáuregui, terrorista de ETA, asesinó de un tiro en la nuca al teniente coronel Ramón Romeo cuando salía de misa. En 2007 fueron condenados los miembros del comando que organizó ese atentado, pero no pudo ser juzgada la, según todos los testimonios, autora material del disparo, que se fugó primero a México y luego a Bélgica.

En 2013, la Audiencia Nacional, en virtud de la euro-orden, solicitó a Bélgica la entrega de Natividad para que pudiera ser juzgada en España. A pesar del apoyo de la Fiscalía belga, el tribunal de Gante denegó dicha entrega con un argumento absolutamente insultante en el que, remontándose a Franco, venía a decir que existían sospechas de que en España fuese a ser sometida a torturas. La decisión del tribunal belga mostraba, aparte de una total ignorancia sobre España, una completa falta de respeto a nuestro país pero también al derecho comunitario.

No me consta que la Audiencia Nacional haya intentado plantear la cuestión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ni que el Gobierno español haya protestado ante la Comisión europea por el incumplimiento de Bélgica. Han sido las hijas del militar asesinado quienes han acudido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos defendiendo su derecho a que se juzgue y persiga ese atentado contra la vida de su padre. Veremos qué dice ese Tribunal.

El caso Puigdemont es más conocido. El 29 de octubre de 2017, dos días después de que el Gobierno aplicara por primera vez el artículo 155 de la Constitución para resolver la mayor crisis constitucional de nuestra democracia, Puigdemont escapaba por la frontera francesa, en un skoda, auxiliado por escoltas y varios mossos d´esquadra.

El Tribunal Supremo español pretende juzgar al ex presidente catalán por los delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia. Cuando, en un viaje a Finlandia, Puigdemont fue detenido en su paso por Alemania, nos congratulamos pensando que ningún país mejor que ese para cumplir con las exigencias del derecho comunitario y atender a la euro-orden de España cursada por el juez Llarena.

El chasco ha sido mayúsculo cuando la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein ha denegado la entrega por el delito de rebelión y se lo está pensando respecto del de malversación.

Desde que la Unión Europea es un espacio donde las personas circulan libremente sin controles fronterizos, se habla de la necesidad de establecer mecanismos de cooperación judicial que eviten que se pueda burlar a la justicia cruzando fronteras inexistentes. Dicho de otro modo: igual que no existen fronteras para la circulación de personas, no deberían existir para la ejecución de las resoluciones judiciales. Si esto es importante en todos los órdenes jurisdiccionales, resulta esencial en materia penal. El derecho penal es el último recurso que se reserva todo Estado para la protección de los valores más esenciales, sociales y personales. Si quien comete un grave delito en Alemania puede circular libremente por Europa y refugiarse, por ejemplo, en España sin que Alemania pueda hacer nada, la Unión se convierte simplemente en una farsa.

La decisión marco de 2002 por la que se aprobó la orden de detención europea pretendía evitar esto garantizando que la Unión fuese efectivamente un espacio de libertad, pero también de seguridad y justicia, de forma que instauró un “sistema de libre circulación de decisiones judiciales en materia penal”, basado en el “reconocimiento mutuo” y en un “grado de confianza elevado entre los Estados miembros”.

La decisión marco estableció un listado de 32 delitos respecto de los que la entrega no puede denegarse porque los hechos no sean también delictivos en el Estado en el que se ha refugiado el presunto delincuente. Es decir, en esos listado la orden de detención opera automáticamente sin necesidad de que concurra el requisito de la doble incriminación, típico de la extradición, mecanismo clásico y farragoso de colaboración internacional, que Europa quiere sustituir por el sistema más ágil de la euro-orden.

De los delitos por los que se pretende juzgar a Puigdemont sólo la “corrupción” estaría incluida. Los delitos de rebelión y sedición no están en el listado y, por tanto, la entrega puede supeditarse al requisito de que los hechos por los que sea reclamada la entrega “sean constitutivos de un delito” en el Estado al que se le pide la entrega. Sin embargo, este requisito se entiende como una pura comprobación formal de que el delito por el que se reclama a una persona está también previsto en el código penal del país. Nunca como una verificación de si los hechos concurren –dado que los tribunales reclamados no conocen las pruebas recopiladas- ni si los mismos podrían encajar en su tipo penal.

Sin embargo, en el caso Puigdemont, el tribunal alemán se ha excedido y ha dejado la euro-orden en papel mojado. Hará bien nuestro Tribunal Supremo en llevar la cuestión al Tribunal de Justicia de la UE para que sea este el que tenga la última palabra y nos diga cómo debe interpretarse la euro-orden: como lo ha hecho el tribunal alemán o como lo hace reiteradamente nuestra Audiencia Nacional cada vez que un Estado de la Unión le pide la ejecución de una euro-orden.

La confianza en los sistemas jurídicos de los diversos Estados es un elemento esencial del espacio común que pretendemos crear. Si nos lo cargamos, estaremos comenzando a resquebrajar uno de los pilares de la Unión. Y la Unión, con todos sus problemas, sigue siendo uno de los proyectos más interesantes que se han puesto en marcha en Europa.

Pero centrándonos en España. Digámoslo alto y claro. Todos los sucesivos Gobiernos han pecado de lo mismo: no nos hemos hecho respetar en Europa. ¿Alguien me puede explicar por qué permitimos que sigan con la cantinela del franquismo y que por eso nos sigan tachando de antidemocráticos? Todos los países, sin excepción, tienen episodios de su historia de los que avergonzarse. O es que debemos considerar bárbaros a los alemanes por el nazismo o a los belgas por las atrocidades que su rey Leopoldo II perpetró en el Congo, donde cometió uno de los mayores genocidios de la historia.

O Europa se basa efectivamente en la confianza y respeto mutuo entre socios iguales o el actual supremacismo, especialmente de los países centroeuropeos, acabará con la Unión.

En cualquier caso, creo que merece la pena seguir defendiendo la Unión. Pero España solo puede hacerlo desde una posición en la que se haga respetar como una economía potente y un Estado democrático con un nivel de garantías al nivel de cualquiera de nuestros socios. Y si no lo hacemos, que no nos extrañen los sofocos como el de Puigdemont y el tribunal de Schleswig-Holstein.