¿Nos va algo a nosotros en el asunto de los refugiados?

Han pasado dos años y apenas se habla de ellos. Sin embargo, a principios del 2016 ya eran casi 5 millones los refugiados sirios que habían huido de la guerra en su país. Europa era el destino soñado para la mayoría de ellos. De hecho, entre el 2015 y el 2016 llegaron a las costas mediterráneas casi 1,4 millones.

¿Qué hizo la UE? Tras muchas tensiones internas, finalmente decidió desentenderse del 90% de ellos y acoger solo a 160.000. Una cifra bochornosa. Lo peor, no obstante, es que, en septiembre, terminado el plazo para cumplir con ese compromiso, resulta que solo habían sido acogidos 29.144, un 18,2%. Con todo, el desempeño de España fue aún peor: de los 17.337 acordados, se ha acogido a 1.980: ¡un 11,4%!

¿Cómo se explica esto? Probablemente incidan varios factores, pero no es difícil imaginar la reticencia del gobierno a hacerse cargo de varios miles de personas en estas condiciones, durante el tiempo que se requiera hasta que puedan valerse por sí mismas. Con todo lo que eso implica: proporcionarles casa, atención sanitaria, colegios para los hijos, búsqueda de empleo, etc.

Un compromiso para el gobierno de un país, España, que terminaba el año 2016 con serios problemas “en casa”: de una población con 46,5 millones de personas, casi 13 millones rozaban la situación de pobreza, según la UE, más de 4 millones buscaban trabajo y un 43% de la juventud estaba en paro.

A este panorama doméstico habría que añadir, aunque parezca un detalle menor, el engorro burocrático que supone la coordinación entre el gobierno español y los de Italia y Grecia (donde estaban acampados los refugiados esperando su reubicación definitiva), así como la que se precisa entre la Administración Central, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, a fin de tutelar adecuadamente los procesos de inserción de cada una de las familias de refugiados.

Sea por falta de voluntad política o por complejidad e ineficiencia en la gestión de esa acogida, cuesta entender que la UE, y en particular el Gobierno de España, no hayan sido capaces de acoger a mucha más gente en estas circunstancias.

Mientras esto sucedía al nivel político e institucional, en el de la sociedad civil estaba produciéndose un fenómeno realmente sorprendente. En Italia, un grupo de organizaciones religiosas y laicas, lideradas por la comunidad católica de San Egidio, han acogido a más de 800 refugiados. Más que la mayoría de los países miembros de la UE. Tras un acuerdo firmado con los ministerios del Interior y Exteriores de Italia, este grupo se encarga de todos los trámites de selección, viaje, acogida y búsqueda de soluciones a largo plazo para su definitiva integración. Todo ello sin recurrir a los fondos del Estado y asumiendo ellos solitos los costes de toda la operación.

Tras este primer éxito, la comunidad de San Egidio ha firmado ya un acuerdo similar en Francia y está negociando otro con el gobierno español. En este caso, apoyados por varias organizaciones católicas y un amplio número de ciudadanos particulares.

Frente a la lentitud de los gobiernos y sus estructuras administrativas, llama mucho la atención la agilidad con la que se mueve esta organización para poner en marcha soluciones concretas al drama de los refugiados. Tanto es así que si uno se dejara llevar por la superficialidad del relato periodístico estaría tentado de pedirle al gobierno que dejara esta labor en manos de la sociedad civil.

Sin embargo, es fácil imaginarse que, junto a grandes activos (motivación, entrega, compromiso, etc.), estas organizaciones “civiles” también tendrán puntos débiles. Concretamente, en proyectos como este, donde se requiere una acción continuada durante muchos años, afrontando un sinfín de problemas y situaciones conflictivas, con mucha presión emocional, necesitarán disponer de una plantilla de personal curtido, con experiencia y comprometido a continuar durante años. Y no debe ser nada fácil disponer de gente de este tipo durante el tiempo necesario.

Ahora bien, tendríamos una sociedad mucho mejor si la solidaridad de la que hacen gala estas organizaciones se generalizase y se convirtiese en algo habitual. En primer lugar porque ello implicaría que los ciudadanos dedicaríamos más tiempo a ayudar a los demás y, en consecuencia, menos a mirarnos el ombligo y a cultivar nuestro egocentrismo. Ya solo eso, implicaría un salto cualitativo. Además, habríamos dado un paso importante hacia un mundo mejor al conseguir que de los débiles no solo se ocupasen las instituciones sino también sus conciudadanos. Y, por último, seríamos menos dependientes del Estado, y por tanto más libres y autónomos, al poder resolver más problemas por nosotros mismos.

¿Qué habría que hacer, entonces, para que la solidaridad se extendiese y fortaleciese en la ciudadanía? Indudablemente se trata de una cuestión compleja que no admite respuestas sencillas.

Cuando hablamos de solidaridad solemos referirnos a la ayuda que se le da a alguien desinteresadamente. Esa ayuda suele venir precedida por un sentimiento de empatía por las circunstancias en las que está esa persona o grupo de personas. Si se trata de una acción puntual (como darle dinero a alguien que lo pide en la calle) esa empatía puede surgir más fácilmente, pero dura un instante. Pero si se trata de una acción que debe prolongarse durante varios años, más que un altruismo momentáneo, es necesario, sobre todo, sentirse responsable de contribuir a su solución.

Y es aquí donde tenemos uno de los problemas más gordos de nuestro modelo de sociedad: tendemos a concebir la responsabilidad como un mecanismo psicológico-religioso que nos hace “cargar” con los problemas de los demás. Lo vemos como algo que reduce nuestra libertad. La solución que hemos encontrado es que, en la medida de lo posible, le traspasemos esas cargas al Estado. Sin embargo, eso ha hecho que los ciudadanos nos hayamos acostumbrado a sentirnos mucho menos responsables ante los problemas ajenos y que nos cueste más movilizarnos para ayudar a otros. Es evidente que es un gran avance histórico que el Estado asuma un papel importante en el ejercicio de la solidaridad, pero no es admisible que, por haber construido un Estado más solidario, nos hayamos convertido en individuos más insolidarios, más distantes e insensibles a las desgracias ajenas. Porque el resultado de ello es que nos hemos hecho más inhumanos.

Cuando hay estudios que cifran en 4 horas diarias las que dedicamos los españoles, en promedio, a ver la televisión, no podemos alegar que es la falta de tiempo lo que nos impide implicarnos en alguna medida en las causas ajenas. Más que de tiempo es un problema de actitud, de cultura social y, sobre todo, de educación.

Es fundamental, por tanto, que entre unos y otros construyamos un discurso político y social que ensalce la solidaridad como un valor central y reclame un mayor ejercicio de responsabilidad de los ciudadanos ante los problemas ajenos. Por eso, en el asunto de los refugiados (como en tantos otros), aun cuando pueda parecer simple buenismo, nosotros nos estamos jugando algo más esencial que lo que, incluso, les pueda pasar a esa gente: si vamos a seguir avanzando hacia una sociedad constituida por personas ensimismadas en sus propios problemas, aisladas en sus respectivas burbujas e indiferentes a los demás; o si estamos dispuestos a darle un giro a esa tendencia para construir una sociedad de un nivel de calidad humana realmente superior.

Este es nuestro auténtico reto. Y los refugiados, como tantos otros problemas, son magníficas oportunidades que se nos presentan para ejercitar nuestro músculo solidario, de responsabilidad social o como le queramos llamar, y así poder construir un mundo realmente humano.