Poderes absolutos

En conversaciones con uno de mis compañeros de blog, cuando hablamos del funcionamiento democrático siempre me cuestiona eso de la división de poderes y me dice algo así como que son los mismos con diferentes trajes.

En ese momento yo me pongo didáctico: la democracia es un proceso nacido de la obsesión de limitar el poder absoluto del que gozaban los reyes. Ese proceso comienza cuando, con el crecimiento del comercio y en los albores del capitalismo, surge la burguesía que empieza a tener el poder para cuestionar los privilegios de la nobleza (exenta de pagar impuestos) y el despotismo del Rey.

Por muy terrenal que os parezca, la chispa que encendió el movimiento democrático fue la capacidad para establecer impuestos (entre nosotros, la fracasada revuelta comunera fue una protesta de las ciudades castellanas contra las contribuciones que un Emperador extranjero les exigía para financiar los enormes gastos del imperio).

Las democracias anglosajonas comienzan con el lema no taxation without representation que terminó por triunfar con la reserva al Parlamento de la potestad para establecer tributos.

Así, frente al poder del Rey, al Parlamento, concebido inicialmente como una representación de las distintas clases sociales y después del propio pueblo, se le reservan dos de los poderes más intensos : la posibilidad de introducir nuevos recursos para financiar las políticas regias y la de restringir los derechos de sus antiguos súbditos, que ahora adquieren la categoría de ciudadanos. Sólo estos indirectamente a través de sus representantes pueden decidir una mayor contribución a los gastos regios (luego públicos) o autolimitarse sus derechos.

En este proceso, el tercer poder en discordia emerge de manera diferente en el mundo anglosajón y en la Europa continental. Aunque en ambos la justicia correspondía a delegados del Rey, en el mundo anglosajón se ganaron un cierto respeto al comenzar a reconocer derechos a los súbditos. En el continente, en cambio, actuaron como puros mandatarios del Rey, generando desconfianza en los revolucionarios. Así, los teóricos de la Revolución francesa, en su concepción de una sociedad presidida por la diosa Razón, consideraban que la Ley debía regularlo todo y los jueces, sobre los que pesaba la sombra de la sospecha, debían limitarse a aplicar esa Ley al caso, siendo, simplemente, la boca que dice la ley. En el mundo anglosajón, la construcción del ordenamiento jurídico, al menos inicialmente, se hace de abajo arriba y los jueces, con el prestigio ganado al ponerse al servicio del progreso, van haciendo la ley a través de la jurisprudencia que se sienta en cada caso.

De cualquier modo, el resultado de este proceso es que, con la caída de las monarquías absolutas y el surgimiento de los regímenes democráticos, los poderes clásicos del Rey se dividen en tres: el Legislativo, que dicta la ley y controla al Gobierno; el Ejecutivo, como sucesor de los antiguos reyes; y el Judicial, que garantiza el respeto a la ley. La idea es que, a través de esta distribución de funciones, nadie ostente un poder absoluto y los distintos poderes se vigilen y controlen entre sí mediante un sistema de pesos y contrapesos.

En este devenir, hay que tener en cuenta dos circunstancias relevantes: el proceso tiene como fin controlar el antiguo poder del Rey, que hoy ejercen el Presidente y su Gobierno. Y el poder siempre tiende a expandirse y a conquistar nuevos espacios, de manera que la subsistencia de la democracia exige estar permanentemente alerta frente al peligro de que uno de los tres poderes se convierta en hegemónico y los límites sean pura fachada justificativa, frente a la opinión pública, de la legitimidad del régimen.

Pocos pueden dudar de que nos encontramos ante una profunda crisis de las democracias.

Entre nosotros, las leyes se negocian fuera del Parlamento por el Gobierno con los líderes de otros Ejecutivos regionales o de otros partidos políticos, de manera que los debates y votaciones en las Cortes actúan como puro cumplimiento de un requisito formal vacío de contenido. Donde la Constitución y el Tribunal Constitucional dicen que los parlamentarios representan al pueblo y que a ellos y no a los partidos pertenecen los escaños, la realidad es que son simple correa de transmisión de lo que impone el líder de la formación.

De este modo, no es de extrañar que la gente entienda que hay una evidente confusión entre dos de los Poderes del Estado. Y, hasta ahora, el verdadero dique de contención para evitar una vuelta a un Poder omnímodo ha sido el Judicial.

Pero al Poder no le gustan los controles y era lógico pensar que también iba a tratar de colonizar ese único límite real. Y, así, cada cierto tiempo asistimos con perplejidad a los cambalaches entre líderes políticos para cubrir las más relevantes plazas del Poder Judicial. Es habitual que, aunque la Constitución exija una mayoría cualificada para designar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial o a los magistrados del Tribunal Constitucional, los líderes políticos negocien fuera del Parlamento un determinado reparto de sillas que después se valida en un debate y votación parlamentarios.

Es cierto que la justicia de a pie sigue manteniendo importantes resortes de independencia. Sin embargo, como ha señalado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la independencia supone que el sistema garantice que, por sus resoluciones, el juez no pueda verse sometido a castigos o esperar premios (de cualquier tipo); y lo cierto es que la organización va poco a poco corrompiéndose por arriba y el Poder que debía ser controlado va introduciendo su virus en el máximo Órgano de Gobierno de los jueces, que decide sobre ascensos, inspecciones y régimen disciplinario. De este modo, se extiende la sensación de que el Poder hegemónico puede premiar o castigar al juez en función de sus decisiones.

Ciertamente, el virus todavía no ha infectado completamente a la organización judicial, que tiene todavía un potente sistema inmunitario que resiste (parece que el Covid me ha afectado más de lo que pensaba); pero si nos acostumbramos y toleramos este funcionamiento perverso, las defensas irán cayendo.

Los historiadores nos recuerdan que los procesos revolucionarios francés y ruso no se desencadenaron en asambleas socialistas o comunistas, sino que surgieron del principal apoyo del antiguo régimen: una nobleza provincial empobrecida.

Hoy estamos viviendo un momento parecido en el que el primer impulso y soporte de la democracia -la clase media- está pasando por una profunda crisis que facilita la decadencia del régimen y quizás el resurgir de poderes absolutos. Este verdadero movimiento de placas recibe, además, el viento favorable de un fuerte desplazamiento del poder desde las democracias representativas (consideradas como el mejor sistema para el desarrollo económico) a rígidas dictaduras capitalistas, que parecen prevalecer y marcar tendencia.

En fin, aunque todo este Matrix en el que estamos sumergidos esté construido para favorecer la distracción y la confusión, es tiempo de estar en máxima atención y alerta.

Como escribió mi amigo Raúl en este blog hace ya tiempo va a ser evolución o revolución. Espero que no nos toque revolución.