¡Qué alguien se atreva a cambiar el sistema electoral!

En España estamos ante las enésimas elecciones. La fiesta de la democracia se ha convertido en un déjà vu que da pereza hasta a los más entusiastas.

Y elección tras elección seguimos sin resolver el que probablemente sea uno de los principales problemas de nuestro país. Veamos primero cómo funciona la anomalía.

En las elecciones de 2011, al partido independentista vasco Amaiur, cada uno de sus 7 escaños le costó 47.785 votos, mientras que a la extinta UPyD  cada uno de sus 5 escaños le costó nada menos que 228.645 votos (casi 5 veces más que a Amaiur). En las elecciones de 2015, al PNV cada uno de sus 6 escaños le costó 50.264 votos, mientras Ciudadanos cada uno de sus 40 escaños le exigió 87.511 votos. En 2019, al Partido Regionalista de Cantabria su único escaño que le costó 52.197 votos, mientras a VOX cada uno de sus 24 escaños le salió por 111.549 votos.

Y lo mismo ha ocurrido en cada una de las elecciones al Congreso de los Diputados que se ha celebrado en España.

Como sabemos, nuestra Constitución establece un sistema de doble cámara, pero con una clara preeminencia del Congreso frente al Senado. Es decir, lo esencial es lo que ocurre en el reparto de escaños en el Congreso. En teoría, mientras el Senado es la cámara de representación territorial, el Congreso representa la soberanía nacional. En él se deberían discutir las cuestiones que afectan a todos, ya que los asuntos de ámbito regional están presentes no sólo en el Senado sino en cada uno de los Parlamentos autonómicos.

El sistema electoral es la fórmula a través de la cual nuestros votos se traducen en escaños para cada uno de los partidos. Aunque solemos echarle la culpa a la fórmula D´Hondt del mal funcionamiento de nuestro sistema electoral, lo cierto es que habría que echársela a la elección por nuestra Constitución de la provincia como circunscripción electoral. En las grandes provincias, como Madrid o Barcelona, el sistema funciona correctamente, pero en las pequeñas -que son mayoría en nuestra geografía- favorece a los grandes partidos o a los pequeños que concentran sus votos en algunas provincias.

Tradicionalmente, por ello, la contienda electoral se centra en los dos principales partidos -PP y PSOE- y en los partidos nacionalistas, ya que reciben una prima frente a los partidos nacionales que obtienen votos dispersos por toda la geografía.

Es por eso que, en todas las elecciones, se produce una distribución de votos entre los dos partidos mayoritarios -PP y PSOE-, de forma que, si ninguno de ellos obtiene mayoría absoluta, dependen para gobernar de las formaciones nacionalistas.

La irrupción de los llamados nuevos partidos -Unidas Podemos, Ciudadanos y Vox- no sólo no ha cambiado el panorama, sino que podríamos decir que lo ha agravado.

La dinámica de las últimas elecciones ha puesto de manifiesto que seguimos teniendo dos grandes bloques nacionales, pero que ahora reparten sus votos y escaños entre distintas siglas. Así, a la derecha tenemos a PP, Ciudadanos y Vox y a la izquierda al PSOE, Unidas Podemos y Más País. Obviamente, la distribución de votos entre cada una de las tres siglas en que se dividen los bloques reduce las posibilidades de que alguno de ellos sume los 176 escaños necesarios para la mayoría absoluta en el Congreso, convirtiendo a los partidos nacionalistas en imprescindibles para el gobierno de la nación.

Hasta ahora los partidos nacionalistas han utilizado el papel decisivo que les daba el sistema electoral para recibir más poder o más dinero (que viene a ser lo mismo) a cambio de su apoyo al bloque que más ofertara. Esto ha condicionado enormemente la política nacional, impidiendo que se adoptaran decisiones imprescindibles y que quizás hubieran evitado el procés tal y como y lo conocemos (por ejemplo, utilizar por el Estado verdaderamente la alta inspección en materia educativa o ejercer realmente su competencia básica en materia de educación).

Pero es que ahora lo que reclaman los partidos separatistas ya no es alguna competencia más sino directamente el ejercicio del supuesto derecho a la autodeterminación, la libertad de los llamados presos políticos, etc. Esto es, directamente la ruptura. Y es o eso o la imposibilidad de gobernar España.

Hemos ido aplazando demasiado tiempo la solución de los problemas de nuestra democracia, que eran ya evidentes desde el principio. Y así nos va. Esta situación de franca crisis del modelo, no deja de ser una oportunidad para enfrentarlos de una vez por todas. Y sí, ya sé que al llamado bloque de izquierdas esta situación, aparentemente, no le va mal, ya que tienen mucho más fácil gobernar, en cuanto las derechas tienen más difícil que antes ganar la mayoría absoluta e imposible conseguir el apoyo nacionalista. Pero, mientras tanto, la nación se desgarra. Precisamente porque nunca podría reprochársele el interés de obtener un rédito electoral, debería ser el PSOE el que liderara esta reforma imprescindible, haciendo honor a sus siglas de Partido Español (aunque lamentablemente parezca una palabra en decadencia).

Hay varias fórmulas para solucionar el problema. Una de ellas sería la de exigir la presentación de candidaturas en un número mínimo de circunscripciones electorales. De este modo, se garantizaría que los partidos y coaliciones que accedan al Congreso tengan un proyecto para el país y no sólo para su región, utilizando los votos en beneficio de esta y a costa de las demás.

Estamos en una situación límite. Es ahora o nunca. Y si no somos capaces de afrontar el problema, nos merecemos lo que nos venga.