¿Qué igualdad queremos?

Probablemente la igualdad sea la reivindicación política con más apoyo social en estos tiempos. Desde luego es uno de los fundamentos clave de nuestra democracia. Sin igualdad en el voto la democracia nunca habría llegado a ser lo que es. Sin embargo, hay muchos tipos de igualdad. Podemos referirnos a la igualdad racial o étnica, a la igualdad hombre-mujer o la igualdad ante la ley, por citar algunos ejemplos. Pero, aquí solo me voy a referir a la que tiene que ver con la economía de los ciudadanos.   

En el siglo XIX, cuando la Revolución Industrial alcanzaba su apogeo, las enormes diferencias entre una minoría cada vez más rica y una gran mayoría viviendo en la miseria fue el caldo de cultivo en el que el concepto de igualdad cuajó política y socialmente, y lo hizo sobre todo como idea protesta contra los privilegios de esa minoría. Eliminar esa enorme desigualdad se vio como una cuestión de justicia.

Las sangrantes diferencias económicas y sociales entre unos y otros no dejaban margen para preguntarse si eliminar del todo las desigualdades, imponiendo la “sociedad sin clases”, generaría más beneficios que perjuicios (o, al contrario) y si, puestos a admitir cierto grado de desigualdad, hasta dónde era admisible y por qué motivos.

Tras la experiencia de igualitarismo a ultranza del comunismo de la antigua Unión Soviética, parece claro que cuando se habla de igualdad en los aspectos económicos hoy en día nos referimos a reducir las desigualdades a unos términos razonables. Pero, lo razonable para unos no lo es para otros. La percepción social del grado de desigualdad que es tolerable depende mucho de la magnitud que alcance y de las causas que la generan, pero también de la costumbre de cada país. 

Descendiendo a lo concreto, según el Economic Policy Institute (EPI), un think-tank de centro izquierda con sede en Washington, entre 1979 y 2006 el porcentaje de los ingresos totales en Estados Unidos que se concentró en el 1% de las personas con mayores ingresos aumentó más del doble. Al 0,1% con mayores ingresos le fue todavía mejor: su porcentaje pasó del 3,5% en 1979 al 11,6% en 2006. Es más, entre 1986 y 2006, el 10% más rico de la población se quedó con el 91% del crecimiento total de los ingresos.

“(…) si la mayor parte de la sociedad apenas se beneficia del aumento global de la riqueza, cuando son muchos los que viven en condiciones precarias, hay que pensar que el modelo económico que produce esa realidad está mal diseñado y debe ser replanteado porque ni es eficiente ni es justo.”

¿Por qué no son admisibles estas diferencias? Hay dos razones de entrada.

En primer lugar, si la mayor parte de la sociedad apenas se beneficia del aumento global de la riqueza, cuando son muchos los que viven en condiciones precarias, hay que pensar que el modelo económico que produce esa realidad está mal diseñado y debe ser replanteado porque ni es eficiente ni es justo. No es eficiente porque siendo el consumo el mayor creador de riqueza (PIB), cuando los ingresos se concentran en unas pocas personas, por mucho que éstas quieran gastar, el consumo es mucho menor que si ese dinero llega a manos de muchas más personas. Y no es justo porque entre la gente que apenas vea crecer sus ingresos habrá muchos que sean tan inteligentes, preparados y trabajadores como los que integran esa minoría y puedan cumplir con los requisitos de promoción que son racionalmente exigibles.  

En segundo lugar, si una minoría acumula tanto dinero, significa que dispone de un enorme poder para influir en la clase política que gobierna el país y tiene, por tanto, la capacidad de conseguir que tanto las leyes que se aprueben como las medidas políticas que se adopten sean favorables a sus intereses o, al menos, no les perjudiquen. Es decir, tienen el poder de conseguir que el modelo económico siga favoreciéndoles.

Es evidente que todos los seres humanos nacemos diferentes. Por tanto, es lógico que en un tipo de sociedad como la nuestra, donde se valoran más los talentos que conducen al éxito profesional y económico, haya personas que destaquen más que otras. El ideal sería que tuviéramos un tipo de sociedad en el que todos los individuos pudieran desarrollar plenamente los talentos con los que han nacido, al margen de su utilidad económica. 

“Si quienes han nacido con unos talentos que nada tienen que ver con los que conducen al éxito económico o social apenas van a tener oportunidades para su desarrollo, tendremos que reconocer que la igualdad de oportunidades de la que se habla está muy acotada y sesgada y, además, deja fuera a muchos.”

Por eso, cuando se dice que lo que hay que conseguir es la igualdad de oportunidades, lo primero que hay que plantearse es en relación con qué fin. Si quienes han nacido con unos talentos que nada tienen que ver con los que conducen al éxito económico o social apenas van a tener oportunidades para su desarrollo, tendremos que reconocer que la igualdad de oportunidades de la que se habla está muy acotada y sesgada y, además, deja fuera a muchos. Es una forma de igualdad de oportunidades diseñada, primero para los que quieren competir con otros y, entre estos, para los que quieren y pueden hacerlo en un campo concreto (el que genera éxito económico) que previamente “alguien” ha seleccionado. No es, por tanto, una igualdad de oportunidades para todos. Tampoco está claro qué hay que hacer para alcanzarla.

Si medimos las prioridades políticas por el gasto público que se las asigna está claro que la igualdad es el objetivo que inspira la mayor parte del gasto público, en España y en el resto de la Unión Europea. Tanto si nos fijamos en la educación y en la sanidad pública como si nos fijamos en las pensiones, el objetivo que subyace es el de reducir desigualdades y, más o menos directamente, promover una cierta igualdad de oportunidades. Contribuye a esa priorización que sus efectos son cuantificables, llegan a mucha gente y pueden rentabilizarse electoralmente. Algo que no sucede, por ejemplo, con el logro de mayores cotas de libertad.

Dado que la igualdad de oportunidades es uno de los principales objetivos políticos en la actualidad, vamos a ver algunos de los problemas prácticos que plantea. Por ejemplo, en una oposición para acceder como funcionario a un cuerpo de la Administración, todos los aspirantes compiten entre sí ante las mismas pruebas. Sin embargo, para que realmente todos tuvieran las mismas oportunidades tendrían que poder dedicar el mismo tiempo para estudiar en la fase previa, que puede durar varios años, con similares ocupaciones laborales y familiares. Evidentemente, esta igualación en la fase previa no se produce.  

Este es el motivo por el cual muchos piensan que sin una igualación en la fase previa la igualdad de oportunidades no es real. Y tienen razón. El problema es que si de verdad se quiere conseguir la igualación en la fase previa nos metemos en un proceso sin fin, porque los factores que inciden en esa fase dependen a su vez de otros anteriores que también habría que igualar, y estos de otros, y así ¿hasta cuándo? ¿Habría que actuar sobre todos los factores que, salvo los de nacimiento y los específicamente biológicos, generasen diferencias significativas entre unos y otros? Sería prácticamente imposible llegar al tipo de igualdad previa que permitiese una competencia realmente justa. Y si de verdad se intentase probablemente nos iríamos a algo parecido al igualitarismo soviético.

“Si la sociedad no incentivara la competencia, si esta apenas existiera, la comparación entre personas se reduciría enormemente; y sin apenas comparación, la demanda de igualdad probablemente sería mucho menor.”

Hay además dos cuestiones de fondo que también conviene tener presentes. Por una parte, eliminar obstáculos que dificultan una igualdad de oportunidades requiere que los poderes públicos intervengan y que lo hagan, en parte, restringiendo algunas libertades. Es decir, algo que ya se sabe, pero conviene recordar: en principio, cuanto más se avanza hacia la igualdad más se reduce la libertad. Y viceversa.

Por otra parte, no hay que perder de vista que las demandas de igualdad en parte se explican (solo en parte) por el hecho de vivir en un modelo de sociedad que ha hecho de la dura competencia uno de sus principales motores. Si la sociedad no incentivara la competencia, si esta apenas existiera, la comparación entre personas se reduciría enormemente; y sin apenas comparación, la demanda de igualdad probablemente sería mucho menor. Es decir, las desigualdades se convierten en problema, en una medida nada desdeñable como consecuencia del modelo competitivo que hemos establecido. Por supuesto que la comparación es humana y siempre generaría dificultades (parte por simple envidia, parte por la percepción de injusticia y parte por otros motivos), pero si a eso se añade además el modelo económico que hemos construido, el problema se multiplica.