¿Quién nos asegura que el estado nos está protegiendo?

Según el Banco de España, de los 54.353 millones de euros (M€) que el Estado inyectó en las cajas de ahorro (y algún banco), entre el año 2009 y el 2016, para sanearlas y que superasen la crisis, son irrecuperables 40.000. Esa cifra equivale a todo lo que gastó el Estado en educación en el año 2014.

No es algo que haya pasado solo en España. En el resto de Europa ha habido de todo, pero las cifras globales son apabullantes. Según la Comisión Europea, entre 2008 y 2015, los gobiernos nacionales y las instituciones de la UE emplearon 747.000 M€ en rescatar a 150 entidades bancarias. De esa cantidad, en octubre de 2016 se daban por irremediablemente perdidos 213.000 M€.

No obstante, y volviendo al caso español, lo que está claro es que el impacto económico real de las malas prácticas y errores de este sector ha sido muy superior. Porque en esta factura habría que incluir, al menos en parte, los costes que la propia crisis ha generado al conjunto del país, en términos de empleo, pérdida de riqueza, recortes en servicios públicos esenciales y endeudamiento, entre otros aspectos. De hecho, transcurridos 10 años desde el inicio de la crisis, España sigue sin haber recuperado el nivel económico que tenía antes, en renta per cápita, número de personas empleadas o nivel salarial, por citar algunos indicadores.

En este tiempo, quien más y quien menos nos hemos preguntado si todo esto ha sido inevitable o si se podía haber previsto, en alguna medida, haciendo algo para reducir su impacto. En otras palabras, ¿fue un cúmulo de negligencias lo que causó la crisis, de modo que evitando que volvieran a producirse podríamos confiar en que no se repitiese una situación semejante? ¿O sus causas son consustanciales al funcionamiento de nuestro sistema económico, en cuyo caso no estaríamos a salvo de futuras crisis?

La cuestión es muy amplia y compleja, de modo que me voy a limitar a un aspecto que considero crucial: la supervisión de la autoridad competente y, en definitiva, el control sobre este sector que ejerce el Estado. En este caso, la responsabilidad de la supervisión correspondía al Banco de España. Varios de sus máximos responsables en aquellos años han reconocido recientemente, ante la comisión parlamentaria que investiga este asunto, que esta institución cometió errores y que las medidas adoptadas fueron insuficientes. En palabras de Luís María Linde, su actual gobernador, “el Banco de España fue detrás de la crisis”.

En estos años se ha endurecido la normativa que regula la actividad bancaria, se han revisado los procedimientos de actuación y se ha aumentado el número de inspectores de esta institución. Pero, ¿es suficiente?

Sospecho que el Banco de España, como la mayoría de los bancos centrales del mundo, tiene una limitación fundamental para poder garantizar la eficacia de su supervisión: tiene que vigilar a unos bancos que, aunque cada vez son menos, van siendo más grandes (en pocos años hemos pasado de tener 45 entidades financieras a 14 y, de éstas, tan sólo 5 controlan el 64% del crédito); lo cual hace que, al ser un sector determinante para la buena marcha de la economía nacional, la autoridad supervisora se vea prácticamente obligada, en el caso de los grandes bancos, a contar con su colaboración para aplicar las directrices que corregirían las posibles prácticas que entrañen riesgo.

Sin esa colaboración y ante la perspectiva de que el riesgo siguiera creciendo, uno se puede imaginar, poniéndose en la piel del supervisor, la dificultad que debe entrañar tener que elegir entre intervenir el banco incumplidor, con el coste económico que conlleva y el daño para el conjunto del sector (en términos de confianza de los clientes y de retirada de depósitos), o dejarlo pasar, confiando en que el propio banco pueda reconducir la situación, con el riesgo de que al final se les vaya de las manos y “explote”. Esto explicaría, en mi opinión, que las pocas veces que se ha intervenido un banco de los grandes haya sido casi “in extremis” y tras un deterioro que, a posteriori, todo el mundo veía como evidente.

Ante este escenario, la gran duda es si el resto de los bancos, los que aparentemente van bien, y sobre todo los más grandes, son realmente solventes y sus actividades solo asumen el riesgo normal que conlleva el negocio de prestar dinero, o si esta imagen es solo parte de su marketing, pero, más allá de lo que nos cuentan, sus actividades acumulan niveles de riesgo muy superiores a los que el Banco de España querría admitir (y menos en público).

Además, es fundamental meter en esta ecuación al gobierno de turno. Porque sería ingenuo creer que se vaya a quedar impasible observando cómo decide la autoridad supervisora resolver sus “enfrentamientos” con el banco que tenga problemas. No. Con toda seguridad intervendrá y tratará de influir sobre los responsables del supervisor para que la solución se ajuste también a sus criterios políticos, sea pensando en el interés del país o en el de su propio partido. Como, por otra parte, también lo harán los bancos, haciendo uso de su poder y de su influencia, ante el gobierno y ante el propio supervisor, para que las exigencias de éste se acomoden a lo que ellos consideren “realista”.

Pero, además, sospecho que hay un segundo problema: es muy posible que el conocimiento de los inspectores del Banco de España, acerca de los entresijos de las actividades de las entidades bancarias, sea insuficiente. Es difícil creer que se puedan mantener suficientemente familiarizados con el ritmo y el nivel de complejidad, de interconexión mundial y de sofisticación tecnológica con que estas actividades van evolucionando hoy en día. Sobre todo, cuando supongo que la gran mayoría no habrán trabajado en esos bancos ni, por tanto, habrán vivido de cerca el detalle de esas actividades. Y me cuesta creer que los propios bancos, “víctimas” de sus tareas inspectoras, les vayan a proporcionar la formación adecuada.

Estamos, pues, ante unas limitaciones en la supervisión del Estado que deja margen de sobra para que cualquier día nos despertemos con la noticia de que otro banco se viene abajo, con la correspondiente factura a cargo de sus accionistas y clientes, e incluso (pese a la reciente regulación europea) de los contribuyentes. No obstante, como ya me he referido a este asunto otras veces lo dejaré aquí.

Ahora propongo al lector que salgamos del sector bancario y pensemos en el resto de sectores que, por la criticidad de sus actividades, también tienen que ser supervisados por organismos del Estado. ¿Cuánto de lo señalado hasta ahora puede estar sucediendo, de modo similar, en ellos? Pensemos en la seguridad de las centrales nucleares, de los medicamentos que nos recetan, de los medios de transporte en que viajamos, de los productos que compramos a diario en el supermercado para comer o de tantos otros. No me sorprendería saber que en muchos de estos ámbitos sus respectivos supervisores estén topando con problemas análogos a los citados.

Un botón de muestra: se acaba de publicar en la prensa que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), responsable de supervisar la actividad de las centrales nucleares de España, ha sancionado con 1,1 millones de euros a la central de Ascó “por extraviar residuos radioactivos”. La noticia decía que dos inspectoras del CSN habían descubierto en 2011 que esa central había perdido o “traspapelado” 233 residuos radioactivos, casi la mitad de los 518 dados de baja. La empresa propietaria (participada por Endesa e Iberdrola) había recurrido la sanción ante la justicia que, finalmente, había dado la razón al CSN.

Aparentemente, todo había discurrido como Dios manda: el supervisor había detectado el problema y lo había sancionado. Pero, ¿cuánto tiempo llevaban perdidos esos 233 residuos en el momento en que fueron detectados por el CSN? ¿O acaso se perdieron todos a la vez y unos días antes de que lo detectase la inspección?

Se podrían poner más ejemplos de casos que se producen en otros sectores y que se conocen por lo que publican los medios de comunicación. Habrá que pensar que otros muchos casos se habrán producido sin que lleguen al conocimiento de estos medios.

En realidad, lo que todo esto pone de manifiesto es, una vez más, que los organismos supervisores del Estado se enfrentan, a menudo, con empresas muy potentes e influyentes, que desarrollan sus actividades en áreas muy importantes para la economía del país (y susceptibles además de generar pánico en la sociedad) y que esa supervisión tienen que hacerla con un personal que, probablemente, es escaso e insuficientemente preparado.

De aquí se derivan dos conclusiones importantes. La primera de ellas es que, políticamente, no se presta suficiente atención a las dificultades que limitan la eficacia de los diversos organismos supervisores. Lo cual significa que, en la práctica, se está renunciando a que el Estado ejerza un control adecuado en muchos de los sectores bajo su responsabilidad a fin de evitar que incurran en funcionamientos susceptibles de generar riesgos graves para la población.

La segunda conclusión es que la sociedad, en general, prefiere creer que todo lo que afecta a su confort y seguridad, en el ámbito que sea, “está bajo control” y que puede vivir tranquilamente. Es más, que puede vivir confiando en que el Estado le garantice el 100% de seguridad y el 0% de riesgos. Y cuando se produce alguna catástrofe o escándalo que demuestran que eso no es así, prefiere creer que se trata de casos aislados e irrepetibles. Se conforma con que haya algún responsable que vaya a la cárcel y ya está. Al parecer, nadie presiona para que se analicen las raíces de los problemas y se resuelvan adecuadamente.

Entre ignorar los problemas de fondo, y vivir confiadamente pensando que alguien velará porque todo funcione bien, o entrar en una situación de pánico generalizado, por descubrir que nuestro modo de vida conlleva determinados niveles de riesgo para nuestra seguridad y nuestro confort, hay opciones intermedias en las que se combinen, por una parte, la asunción madura de que ninguna sociedad puede erradicar del todo el riesgo y la inseguridad con, por otra parte, elevados niveles de exigencia hacia los responsables políticos e institucionales para que los riesgos específicos de cada tipo de actividad sean los menores posibles.