RESCATE Y COMUNIDADES AUTONÓMAS

Cuando desde «los mercados» se habla de la economía española se señalan dos factores que justificarían que nuestra prima de riesgo esté desbocada: el sistema financiero y las Comunidades Autónomas. Nos tienen calados. Vivimos tiempos en los que resulta difícil esconder los problemas.

Esta crisis es una oportunidad. Así comenzó este blog a principios de año y esa afirmación cada vez parece más cierta. España tiene una ocasión histórica de mirarse en el espejo y arreglarse de una vez por todas.

Nos levantamos hoy con una noticia que, en las últimas semanas, era una crónica anunciada: España pide ayuda a Europa para sanear el sector financiero. Parece que no habrá condiciones para España. Sólo para la banca. Es una buena noticia que se mire de cara a nuestro primer problema, aunque habrá que leer la letra pequeña. Falta abordar el segundo.

Pocos dudan hoy que el gran desatino de la Constitución de 1978 fue el llamado Estado autonómico, introducido exclusivamente para integrar en el proyecto constitucional al País Vasco y a Cataluña. Desde luego no ha servido para eso: hoy hay muchos más separatistas en ambas regiones que en 1978, haciendo buena la teoría de que son los nacionalistas los que crean la nación (y no al revés).

Pero es que además el modelo, pensado para satisfacer a los separatistas de dos regiones, llevaba impresa la ruptura en su genética más profunda. No puede extrañar que su extensión a todas las Comunidades Autónomas haya conducido a la división de políticos y ciudadanos en clanes regionales, con un fuerte debilitamiento de la idea de lo común.

30 años después de la Constitución, todas las Comunidades Autónomas han clonado el modelo separatista catalán. Valencia reclama un Código Civil propio y rechaza el común que ha regido durante siglos en esa región. Andalucía pide que se le pague no sé qué deuda histórica y reclama el Guadalquivir sólo para ella. Castilla y León y Cataluña se disputan la propiedad de un archivo histórico. Aragón y Cataluña se pelean por el Ebro. Canarias reclama su porción del mar territorial. Sonaría a chiste si no fuera la cruda realidad.

Aunque han pasado tres décadas, el Estado y las Comunidades Autónomas siguen discutiendo sobre quién es titular de tal o cual competencia. ¡Y a mí como ciudadano qué me importa! Lo que quiero es que me den el servicio eficientemente, esto es, con la mayor calidad posible y al mínimo precio.

Ya va siendo hora de que nos atrevamos a sostener un debate inteligente sobre el modelo territorial que queremos. Si fuéramos, y podemos serlo, una sociedad de pensamiento complejo abordaríamos la cuestión sin prejuicios mitológicos, tratando de dar respuesta a una sencilla pregunta: ¿cómo se consigue tener un Estado más eficiente, es decir, que preste un mejor servicio al ciudadano?

Un Estado no es más democrático por el hecho de que esté más o menos descentralizado políticamente. Los que defienden un Estado unitario lo consideran más eficaz ya que permite aprovechar las economías de escala, es decir, la disminución del coste de los servicios que se prestan a un mayor número de ciudadanos. Este es el motivo por el que se está planteando, por ejemplo, la creación de una central de compras de medicamentos de ámbito nacional que rebaje la factura sanitaria. En el otro extremo, un Estado descentralizado permite visualizar mejor los problemas locales, que desde una perspectiva nacional pueden resultar ignorados.

En cualquier caso está claro que un Estado descentralizado no puede funcionar sin que exista una identidad común. Estados Unidos probablemente sea el país más descentralizado del mundo. Además tiene poco que ver un tejano con un bostoniano. Pero todos reman juntos en un proyecto común. Sin ese vector de fuerza que todos comparten no es posible que el Estado funcione. Sin ese vector la descentralización se convierte en desmembramiento.

En España existe una estrategia decidida desde los partidos nacionalistas de País Vasco y Cataluña orientada a la división y todas las Comunidades han bebido de ese modelo.

Para enderezar esto hay importantes retos que asumir. La Constitución, por el momento histórico en que se dictó, renunció a asumir el papel de distribuir claramente las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Además, en el modelo constitucional la regla general es el solapamiento de competencias entre al menos dos entidades públicas -cuando no tres o cuatro-, que actúan sobre una misma materia sin que existan mecanismos claros a través de los cuales la entidad superior pueda dirigir y coordinar a las demás. El resultado son duplicidades, contradicciones, disputas e ineficiencias.

Es imprescindible abordar ya esta cuestión, estableciendo en la Constitución un marco competencial fijo que defina cuáles son las competencias del Estado y cuáles las de las Comunidades Autónomas, de forma que, una vez que las Comunidades conocieran con claridad sus atribuciones, se dedicaran a ejercerlas en beneficio de sus ciudadanos, con lealtad al conjunto. Este simple cambio rompería la dinámica separatista en la que estamos metidos.

Pero además, hay que tener en cuenta que, en su estrategia divisora, los partidos nacionalistas han encontrado un gran aliado en nuestro sistema electoral, que favorece a las formaciones que concentran sus votos en pocas circunscripciones frente a aquéllas que los obtienen en todo el territorio nacional. Unos ejemplos: en las últimas elecciones generales de 2011 UPyD, con 1.140.242 votos, sólo obtuvo 5 escaños en el Congreso; mientras CiU, con 126.000 votos menos, consiguió 16 y AMAIUR, con 806.614 votos menos, logró 7.

Nuestro sistema electoral es mayoritario y solo funciona como proporcional puro para los pequeños partidos regionales. Esto ha otorgado un extraordinario poder en la definición del proyecto de España a partidos que estructuralmente pretendían su ruptura.

Hay solución: existen múltiples fórmulas para dar a los partidos regionales el mismo trato que a los nacionales. Al menos en el Congreso. Un Senado reformado debe permitir dar voz a los problemas locales y participación a las regiones en la elaboración de las leyes, pero leyes comunes para todo el país.

Porque estamos locos si creemos que España puede funcionar eficazmente con 17 Parlamentos y 17 legislaciones distintas. Nos hemos metido en un estado de confusión en el que nadie sabe qué ley rige, pero es que además ¿por qué debemos tener derechos distintos en función de que vivamos en Baleares o Extremadura? Si una ley es más racional y justa, ¿no debería aplicarse en todo el país?

Por si fuera poco, la existencia de 17 legislaciones está afectando gravemente a nuestra competitividad, estableciendo barreras a la libertad de circulación de empresarios. Ni la Unión Europea, ni el Estado han conseguido garantizar en España esa libertad, siendo esta una de las causas por las que estamos a la cola en la lista de países ordenados por la mayor facilidad para crear empresas.

Es muy posible que la ayuda financiera que hemos pedido a Europa nos obligue a hacer reformas que mejoren la eficiencia del Estado. Pero es que, aunque no fuera así, deberíamos tener la valentía de abordarlas. En 2005 Alemania estaba en crisis y no cumplía los objetivos europeos de estabilidad. Entonces actuaron como alemanes, diagnosticaron los problemas del enfermo y aplicaron el bisturí. Sanearon las cuentas y llevaron a cabo una reforma constitucional de su modelo de Estado. Hoy afrontan el futuro sin miedo. ¿Por qué no vamos a ser capaces nosotros de hacer algo parecido?