Somos los que más larga la tenemos

Somos los que más larga la tenemos y los que menos la usamos. Con este recurso, algo burdo, el economista Germà Bel llama la atención sobre la situación de la alta velocidad en España: la más larga del mundo por número de habitantes, con 3000 km de línea, y la segunda en kilómetros totales después de China.

Pero, por desgracia, nuestra flamante y larga línea es también la más infrautilizada. Esto, por supuesto, se prestaría a un buen número de bromas erótico festivas sobre la inutilidad del órgano. Pero no es este ni el foro adecuado ni el propósito del artículo.

Ciertamente, tenemos una red de infraestructuras, no solo ferroviarias, que podría ser la envidia de cualquier país desarrollado.

Sin duda la finalidad de esa red tan extensa era lograr una mayor cohesión territorial e incrementar el crecimiento económico, facilitando la rápida circulación por todo el territorio nacional. Pero también el objetivo era unir a las gentes, favoreciendo la movilidad y la mezcla. Sorprendentemente nada de esto se ha conseguido.

Barcelona nunca ha estado más cerca de Madrid. Sevilla nunca ha estado tan próxima a Barcelona. Y, sin embargo, pocas veces ha sido tanta la distancia entre ellas. Será que las barreras invisibles tienen más fuerza que los desplazamientos a alta velocidad.

Y esas barreras abundan en un territorio relativamente pequeño como España.

No creáis qué voy hablar de Cataluña, porque Cataluña no es una causa, sino una consecuencia. Y a la causa han contribuido todos. Cada uno con su parte de responsabilidad. Pero todos han jugado a un mismo juego: incrementar el poder y favorecer las ambiciones de políticos locales, quebrando la unidad entre los pobladores de estas tierras.

Os pongo algunos ejemplos.

El Partido Popular valenciano será recordado no sólo por ser uno de los más corruptos de los que se tiene memoria, sino porque, mientras gobernaba con mayoría absoluta, impulsó con descaro uno de los proyectos legislativos más frontalmente inconstitucionales: la “recuperación” de los fueros valencianos de Jaime I, para establecer un Código Civil valenciano que desplazarse en esa comunidad al Código Civil nacional. Por cierto, vigente en toda España desde su aprobación en 1889. Para quienes no lo sepan, los fueros valencianos de Jaime I fueron abolidos en 1714 por Felipe V, tras la Guerra de Sucesión, y desde entonces en Valencia ha regido sin interrupción el Derecho civil común.

Pues bien, al mismo tiempo que al Partido Popular nacional se le llenaba la boca hablando de la esencial unidad de España, sus políticos autonómicos hacían lo posible por romperla. Al menos la unidad de legislación civil, soñada por los constituyentes de Cádiz cuando escribieron aquello de un solo Código civil para todo el Reino.

El Estatuto de Autonomía de Andalucía aprobado en 2007, con el PSOE de Zapatero en el poder pero con los votos favorables del PP, copia en muchos aspectos el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006. Así, el Estatuto andaluz contiene lindezas como que Andalucía es una “nacionalidad histórica”, que los poderes de la Comunidad emanan no sólo de la Constitución sino también del “pueblo andaluz” o que, entre los “objetivos básicos” de la Comunidad, están la “promoción, estudio y prestigio de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades” o el afianzamiento de la conciencia de identidad andaluza. Y, así, el Estatuto, como si fuera una verdadera Constitución, hace un listado de los derechos de los andaluces y andaluzas (porque del género no se privan), -cabría preguntarse que si son derechos distintos de los del resto de españoles- y hace un reparto de competencias entre el Estado y la Comunidad parecido al catalán, incluso previendo un Consejo de Justicia de Andalucía.

Ruego a quien quiera entender dónde nos encontramos que lea la sarta de estupideces del preámbulo del Estatuto. Un par de ejemplos: “Andalucía, a lo largo de su historia, ha forjado una robusta y sólida identidad que le confiere un carácter singular como pueblo”. El ingente esfuerzo y sacrificio de innumerables generaciones de andaluces y andaluzas se ha visto recompensado con la expresión de su identidad como pueblo a través de la lucha, designando a Blas Infante “en un acto de justicia histórica” “como padre de la Patria Andaluza”.

Los partidos canarios no han cesado de solicitar, utilizando la presión de sus votos en el Congreso, el reconocimiento de la Comunidad como verdadero Estado archipelágico con pleno control sobre su mar territorial. O, en fin, el Partido Popular balear ha participado, durante sus años en el gobierno, en la total desaparición del español en esa Comunidad en la educación y en las administraciones regionales y locales.

Estos son sólo algunos ejemplos de cómo ha ido funcionando la fuerza centrífuga impulsada por políticos locales incompetentes pero ávidos de cada vez más poder. Y la justificación formal de ese poder siempre ha sido la misma: la identidad, la diferencia, que poco a poco conduce a la ruptura.

Por este camino ¿realmente nos puede extrañar lo que está sucediendo?

Se podrá juzgar y sentenciar a los políticos catalanes del 1 de octubre por rebelión, sedición o malversación; pero mientras no enjuiciemos a fondo el modelo autonómico que nos ha llevado a este punto, no daremos con las claves para solucionar el lío en el que estamos.

No basta con tenerla más larga… si no se eliminan las barreras para que haya una verdadera unión.